Uno de los elementos fundamentales de la declaración de los DDHH, se refleja en su artículo 30, donde expresa que “nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.
Sin embargo, los Estados y regímenes liberales, han hecho de este artículo caso omiso, superponiendo al individualismo, la competencia, el libre mercado en su interpretación; tergiversando la doctrina fundamental de los artículos, logrando centrar la atención en el cumplimiento parcial de sus enunciados, dejando de lado aquellos que son doctrina fundamental para el socialismo.
Algunos ejemplos podríamos ilustrarlos a través del artículo 5 de la declaración, donde se expresa que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.” Y sin embargo, en los Estados Unidos existe aún Guantánamo y se aplica la pena de muerte, o la contravención que implica la privatización de la seguridad social ante la exhortación de la declaración de los DDHH que expresa en su artículo 22 que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”
Pareciera que para la doctrina liberal, el cumplimiento conveniente del artículo 19 que expresa que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones” es lo esencial de la declaración, ya que este artículo se puede convertir en una herramienta de ataque cuando los dueños de los medios califican a un gobierno como no alineado a los interés de este sector.
En el socialismo, el cumplimiento de todas y cada una de las acepciones de la Declaración de lo DDHH, permite lograr sus objetivos estratégicos, establecer la igualdad de condiciones, lograr lo que se expresa en el artículo 17 sobre el derecho a la propiedad colectiva y no sólo individual, y en fin la consolidación de una sociedad más justa y equitativa. Esto es lo que está en juego en la revolución bolivariana.
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