¿Hasta cuando se va a permitir que la ciudadanía siga siendo víctima de la irresponsabilidad de unos dirigentes gremiales que estén al frente de sindicatos de empresas que prestan servicios públicos?.
Un servicio público, por su naturaleza, no debe ser interrumpido por el capricho de unos pocos individuos que, bajo el pretexto de defender los intereses de un colectivo, actúan en contra de los derechos de toda una colectividad. La paralización del Metro de Caracas la tarde y noche del viernes 24 de septiembre, así como el cierre de las puertas de las estaciones dejando encerrados en dichos recintos a miles de usuarios tiene que ser catalogado como un acto de terrorismo del cual los culpables no pueden quedar impunes. No es sólo que hayan actuado al margen de la ley al provocar un paro sin haber cumplido con los extremos que ésta señala, sino que también incurrieron en el delito de secuestro o privación ilegítima de libertad de todos los ciudadanos que allí se encontraban, muchos de los cuales presa de la desesperación al no poder salir por la misma estación que habían entrado se lanzaron a caminar por los rieles del tren, a riesgo de perder sus vidas, pensando que podrían hacerlo por otra estación vecina, en tanto que otros rompieron los torniquetes de acceso que les impedían alcanzar la ansiada salida.
Una acción de esta naturaleza jamás debe ser considerada como reivindicativa de derechos laborales, sino como un criminal atentado contra la población sólo comparable al paro petrolero y cuyos promotores, al igual que los de éste, son merecedores de las mismas sanciones administrativas, independientemente de las sanciones penales que les sean aplicables.
La prestación de un servicio vital como el del Metro de Caracas no puede estar sujeta al capricho de dirigentes irresponsables, pero además el Estado debería estar preparado para afrontar situaciones de este tipo tal como, por ejemplo, lo hizo el Presidente Caldera en su oportunidad, cuando la huelga de los controladores aéreos. No creo que el caso del Metro pueda ser más complicado que aquel de los controladores, sobre todo si tenemos en cuenta que en aquella época no se disponía de un batallón de reserva como sí se dispone ahora.
Basta ya de pisotear lo derechos de la colectividad. Llegó la hora de respetarnos. Si un grupo tiene "sus" derechos, por muy respetables que éstos sean, jamás podrán estar por encima de los de la colectividad. Hay que aprender a negociar en forma civilizada sin tener que recurrir al chantaje.
