23 de julio 2008. - El Gobierno de Bolivia anunció la noche del martes que presentará una querella contra la magistrada suplente del Tribunal Constitucional (TC), Silvia Salame, por el delito de prevaricato, que consiste en el dictamen a sabiendas de una sentencia injusta, luego que ésta decretara la suspensión preventiva del referendo revocatorio de agosto.
TeleSur, en su portal Web, reseña que el ministro de Defensa, Walker San Miguel, en conferencia de prensa en el Palacio Quemado, explicó que la acción de Salame es ilegal y constituye una usurpación de funciones, pues el TC es un organismo de acción colectiva y no individual, en consecuencia, la opinión y el decreto emitido por la magistrada no tienen ningún valor jurídico.
"Es una cantinflada que nadie comprende de donde salió aquello. Considero que no se puede manosear así al Tribunal Constitucional y mancillar incluso el honor de la abogacía con las cantinfladas de una magistrada suplente que intenta parar el voto del pueblo", manifestó.
El martes, Silvia Salame, única magistrada del TC "suspendió" en "defensa de la jurisprudencia" el referendo revocatorio del 10 de agosto próximo, hasta que este juzgado se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el diputado opositor Arturo Murillo.
San Miguel asoció a Salame con el prefecto del céntrico departamento de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien casualmente celebró la "suspensión" y demandó a la Corte Nacional Electoral (CNE) a "cumplir la ley".
El ministro de Defensa exhortó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a los vocales de las Cortes Superiores de Distrito a que no intenten frenar el acto electoral del 10 de agosto porque cometerían el delito de prevaricato y advirtió que la siguiente estrategia de la oposición de derecha es presentar un Amparo Constitucional.
Por su lado, el ministro sin cartera de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, reiteró que mientras el TC no se pronuncie, la ley que convoca al Referendo Revocatorio de Mandato Popular goza de constitucionalidad.
"La Constitución prevé que en este sistema de control concentrado toda norma es constitucional entre tanto el Tribunal no se pronuncie; por tanto, la ley que convoca al Referendo Revocatorio es plena, total y válidamente constitucional, que tiene que acatarse y cumplirse", remarcó.
El pueblo decidirá en el Referendo Revocatorio del 10 de agosto si el presidente Evo Morales, el vicepresidente, Álvaro García Linera y los nueve prefectos de Bolivia, continúan en sus funciones. En el caso de las autoridades departamentales, éstas deberán obtener la misma cantidad de votos o más de los que sacaron para ser elegidos en 2005.
