LA PAZ, 9 (ANSA)- El gobierno dejó hoy sin vigencia el
actual sistema de pensiones y eliminó de su gestión a las
administradoras privadas, para firmar un acuerdo en el que se
compromete a concertar la nueva ley con la Central Obrera
Boliviana (COB), que venía protestando por el tema.
El acuerdo con la central sindical pone fin a movilizaciones
y bloqueo de caminos a raíz de las cuales murieron dos mineros y
58 resultaron heridos en Oruro, el martes, al ser reprimidos por
la policía.
Un principio de acuerdo había sido alcanzado en la madrugada
del viernes, lo que había aliviado una parte de las tensiones en
el país.
Pedro Montes, secretario ejecutivo de la COB, lamentó que
para llegar al acuerdo "haya tenido que producirse la muerte de
dos compañeros", referencia a los hechos de Oruro.
A raíz del enfrentamiento, los trabajadores mineros de Oruro
y Potosí realizaron hasta el jueves marchas de protesta y
amenazaron al presidente con "voto castigo", en el referendo de
mañana.
El acuerdo establece que "los problemas humanos emergentes
del conflicto serán resueltos directamente" entre el sindicato
de mineros de Huanuni, al que pertenecían las víctimas, y el
gobierno.
Respecto de la nueva ley de pensiones, gobierno y COB
formaron una comisión de alto nivel, con capacidad decisoria
para concertar "la forma de financiamiento de la renta de vejez
y el carácter del ente gestor", en un plazo de 45 días.
Esa comisión debe "recuperar los planteamientos" de la COB y
del gobierno para un nuevo régimen de pensiones que garantice a
los trabajadores "su derecho a tener una jubilación digna".
"Hemos estado siempre abiertos al diálogo y estamos seguros
de que los trabajadores van a contar con una nueva ley de
pensiones acorde a la realidad nacional", declaró Montes hoy.
Según el ministro de Hacienda, Luís Arce, el objetivo de las
partes es diseñar un sistema que genere beneficios para todos
los trabajadores, "sólido y sostenible en el tiempo".
La COB exigía, hasta el viernes, que se apruebe su proyecto
de ley, en lugar del que el gobierno presentó al Congreso y que
la central sindical consideró "neoliberal".
El proyecto de la COB plantea el retorno al sistema solidario
de reparto vigente hasta hace once años, eliminar el sistema de
"capitalización" individual, encargar la administración del
nuevo sistema a un organismo fiscal y bajar en diez años la edad
de jubilación para hombres y mujeres.
El gobierno rechazó hasta ahora esa demanda por considerar
que el proyecto laboral es confiscatorio de los fondos
individuales aunque dijo estar de acuerdo con eliminar a las dos
administradoras de fondos de pensiones que lo gestionaban desde
1997.
Desde entonces, los aportes de más de un millón de personas
acumularon 3.300 millones de dólares, 60 por ciento de los
cuales las administradoras privadas prestaron al estado.
El gobierno dispuso "la definitiva eliminación" de las dos
administradoras. Según el acuerdo con la COB, el lunes se
iniciarán las tareas de la comisión de alto nivel que
consensuará el nuevo sistema.
