20 de septiembre 2008. - El gobierno del presidente Evo Morales denunció este viernes que el "viejo sistema político" aún está presente en algunas instituciones del Estado boliviano, y activó su poder para dejar impune al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, acusado de la masacre de campesinos y estudiantes en un sector selvático de ese departamento.
Los viceministros de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, y de Justicia, Wilfredo Chávez, denunciaron que la decisión de la Corte Suprema, de trasladar el caso del gobernante regional, acusado de genocidio, a la Fiscalía General, en Chuquisaca, "más se parece a un argumento de la defensa que el fallo de un organismo constituido para administrar justicia".
"Es una cuestión que cae por sí sola, no sólo la derecha, es el sistema político pasado, caduco, cuya expresión más conservadora está radicada en los tribunales de justicia", dijo Chávez, citado por la Agencia Boliviana de Información.
La Sala Penal Segunda de la Corte Suprema, con sede en Sucre, pidió al juez quinto de instrucción de La Paz, Williams Dávila, que ordene el traslado del prefecto esa capital, bastión de la ultraderecha más radical, porque goza de un fuero especial.
La Corte Suprema dictaminó la supuesta "falta de competencia" del juez para decidir el traslado.
A su vez Llorenti denunció que "ese auto supremo de la vergüenza demuestra, una vez más que, lamentablemente, en nuestro país la impunidad está institucionalizada".
