27 de septiembre 2008. - El Gobierno de Bolivia denunció que el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, preso en La Paz, montó una red de poder sustentada en "la corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y saqueo" de fondos económicos regionales, que ejecutó la masacre de campesinos desarmados.
La denuncia fue realizada por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en una conferencia de prensa este viernes donde presentó la lista de nombres de parientes, funcionarios y amigos de Fernández vinculados a esa "estructura de poder" regional.
"La masacre de Porvenir y de Filadelfia tiene su raíz profunda en esta estructura de poder que se ha defendido a sangre y fuego, matando a campesinos inocentes, masacrando a la gente, persiguiendo, y ejerciendo abusivamente el poder en Pando", dijo Quintana.
El ministro se refirió a la muerte en esas localidades de varias personas, que de acuerdo con las diversas versiones del mismo Gobierno se elevarían al menos a 17, casi todos campesinos afines al presidente Evo Morales, durante los sucesos violentos producidos el pasado 11 de septiembre.
La Fiscalía General denunció por genocidio al ex prefecto de Pando, actualmente detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz, por haber violado al estado de sitio en esa región decretada por el Ejecutivo para poner fin a la ola de violencia. El Ministerio Público también denunció por el mismo delito al senador pandino Abraham Cuéllar, afín al Gobierno, y al dirigente político Miguel Becerra de una fuerza contraria al ex prefecto.
Según la denuncia de Quintana, Fernández organizó un "aparato represivo" y de poder que tuvo "el acompañamiento y la complicidad de los medios de comunicación a los que sobornó, a los que compró y a los que prácticamente dominó mediante pagos ilegales".
"El aparato represivo no solamente se financiaba con los recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos IDH, también se financiaba con las comisiones por las obras contratadas con todos aquellos que estaba vinculados de manera formal e informal con la Prefectura del departamento de Pando", afirmó Quintana. En su proyecto Fernández consiguió una "complicidad" de la Controlaría departamental de Pando, encargada de vigilar los gastos de la región, así como de "fiscales, jueces y algunos policías", aseguró Quintana.
Familiares integraban la red
El funcionario citó nombres de familiares del prefecto que están en cargos públicos o tienen contratos con la Prefectura, y amigos que, en su criterio, usaron fondos de la región. Quintana señaló además una relación entre la Prefectura y el Comité Cívico de Pando, presidido por Ana Melena, actualmente en territorio brasileño, que, según la denuncia, recibió cuatro millones de bolivianos (564 mil dólares) entre 2006 y 2008 en sesenta cheques.
Agregó que Melena "estuvo a la cabeza de la masacre de Porvenir y en Filadelfia", donde también habrían participado familiares del ex prefecto pandino, "grupos paralelos", dirigentes políticos y funcionarios que habrían actuado como una "estructura represiva" contra los campesinos. Melena no ha obtenido refugio político como inicialmente dijo a la prensa boliviana la misma dirigente.
La oficina en Brasil del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) negó que Melena ni ningún "otro ciudadano boliviano que se encuentre en Brasil debido a los recientes episodios en su país de origen" han recibido estatus de refugiados
El Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), vinculado al Comité Cívico, era el encargado de disponer de vehículos, maquinaria, combustible y recursos económicos para movilizar gente a los municipios y comunidades, señaló. Quintana dijo que el brazo represivo organizado por Fernández lo dirigía el arquitecto Julio César Villalobos (Director del Sedcam), principal sospechoso de dirigir la masacre en Porvenir el 11 de septiembre donde murieron al menos 17 campesinos.
