La especulación y el acaparamiento de productos no son solo una de las características del modo de producción capitalista, sino que además representan uno de los mecanismos que se han implementado recurrentemente en América Latina, debido al impacto directo que tienen en la población, para desestabilizar gobiernos progresistas. No pretendo con lo anterior salvar de responsabilidad a todas aquellas instituciones y funcionarios del gobierno nacional que bien por ineficiencia, burocratismo o por ser contrarrevolucionarios se hacen la vista gorda ante un hecho tan dramático y peligroso.
En el estado Bolívar, y en la gran mayoría de los estados del país, se viene presentando un “fenómeno” muy llamativo: el expendio callejero de artículos alimenticios como: aceite comestible, margarina, azúcar, leche en polvo y un largo etc, que desde hace varios meses no se consiguen en los anaqueles de los abastos y supermercados, pero que casi a cualquier hora del día pueden encontrarse en “tarantines” improvisados frente a los supermercados y grandes distribuidores de alimentos; eso sí, con un sobreprecio que en muchos casos rebasa el 200% de incremento en relación al precio autorizado para su venta. Resalto que no estoy hablando de ventas clandestinas en lugares inaccesible, son ventas a plena luz del día y en las calles más céntricas de nuestras ciudades. Para ejemplo solo basta con darse una vuelta por el mercado periférico de Ciudad Bolívar o por el centro de San Félix.
Es inocultable que la oligarquía, enemiga por definición de cualquier proceso de liberación nacional, mucho más si este tiene perspectiva socialista, es especialista en utilizar las armas que apuntan precisamente al desgaste de la confianza en el común del pueblo hacia su gobierno nacional y para ello la materia alimenticia y todo lo referente a la economía se convierten en el arma de mejor “calibre”. De allí el llamado urgente a las instituciones relacionadas con esta problemática.
Una clave para enfrentar a estos grupos de especuladores que atentan contra los intereses de la gente, es sin lugar a dudas la organización popular, pero no toda la respuesta puede ni debe esperarse de las comunidades; ya que para algo existen las instituciones (desde el INDEPABIS hasta los organismos de seguridad), es un deber revolucionario exigirle a los funcionarios y funcionarias del estado, en especial a los responsables de atender este tipo de situaciones, respuestas contundentes y si no son capaces de enfrentar y combatir este flagelo deben ser removidos de sus puestos, no podemos seguir haciéndonos los ciegos y sordos ante tanta ineficiencia y ante el poco compromiso con la transformación social en algunas instituciones del estado.
El fin de semana recibimos la noticia de la intervención de FRIOSA, saludamos este procediemiento si el mismo va a redundar en beneficios inmediatos para la colectividad y para los trabajadores de esa empresa, proponemos además que esta medida se convierta en el inicio de una fuerte campaña contra el acaparamiento y la especulación que al menos en el estado Bolívar viene cobrando signos de barbarie y está haciendo lucir al gobierno nacional como inoperante; por eso la necesidad de acciones rápidas y contundentes contra este y contra cualquier acción que afecte la imagen de lo que debe ser un proceso revolucionario. La alimentación y la salud son columnas fundamentales para un pueblo.
Organización popular sí, pero aquellos que a nombre de la revolución reciben un sueldo como funcionarios (al nivel que sea) deben justificarlo y cumplir con su trabajo; de eso está dependiendo en gran medida la supervivencia de este proceso.
*Militante del PCV
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