¿A donde va a parar la pelota de real que mensualmente es descontada de la nóminas de pago de los cientos de miles de trabajadores y empleados por concepto del llamado “Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV)”, mas el consecuente aporte que por el mismo concepto, realizan los patronos y empleadores, y que luego enteran al estado, para que éste promueva la construcción de viviendas para el pueblo?

¿Porque la solicitud de un crédito a la banca pública o privada para la adquisición de vivienda con recursos del FAOV o Banavih, se convierte en un estresante ejercicio de malabarismo para el solicitante, debido a las múltiples trabas y desplantes que desde estas oficinas le infieren?

En contraste, vale la pena preguntarse: ¿De dónde provienen los recursos de los desarrollos urbanísticos que con asombrosa velocidad, se construyen en las “mejores zonas de la ciudad de Maracaibo”, y cuyos precios oscilan entre uno y cinco millones de bolívares fuertes?

Ante la avalancha de denuncias que por estafa inmobiliaria se han producido en todo el país, ¿porque el Ministerio Público y el INDEPABIS-Zulia han sido tan negligentes, ya que hasta la presente fecha, en Maracaibo, donde abundan los casos, no se ha dictado ninguna medida administrativa ni judicial, en contra de quienes han jugando con la esperanza de cientos de familias, especulando y robándose descaradamente el patrimonio y el ahorro de trabajadores y empleados que cayeron en manos de estos delincuentes y estafadores de oficio?

¿Qué pasó con Petrocasa? ¿Cuántas de estas viviendas se producen mensualmente, y donde se encuentran? Y el convenio con la República Oriental del Uruguay para la dotación de vivienda, ¿Alguien sabe si finalmente llegaron estos KITs y donde se encuentran?

La pasada navidad, estuvo marcada por el drama y la tragedia que miles de familias sufrieron al perderlo todo a consecuencia de las lluvias, la mayoría de ellas; por habitar en zonas de alto riesgo, o en lugares no aptos para la construcción de viviendas, y por otro lado, vimos como el gobierno, con el Comandante Chávez al frente, desplegó todo  el esfuerzo para la atención y dignificación de estos compatriotas, sin embargo, a comienzo del año nuevo, se desata una escalada de invasiones en distintas zonas, incluso algunas a orillas de autopistas, o debajo de cabrias eléctricas, las cuales se suman a las que durante cada año ocurren, sin mencionar las invasiones de los proyectos habitaciones que el propio gobierno promueve y financia, sin que hasta la fecha pase nada.

  Vivimos en medio de la más descomunal hipocresía cuando se aborda el tema de la vivienda en nuestro país, y a merced de quienes, desde el ejercicio de la politiquería lo utilizan para la demagogia, la trampa y la corrupción, y desde los sectores privados, solo para satisfacer su desfachatada visión mercantilista y su corrupto y desmedido afán por el lucro,  que la reinante impunidad judicial les facilita, al no castigar la comisión de sus delitos.

La problemática de la vivienda es una tarea irrenunciable del estado, cuya solución de mediano y largo plazo en virtud de su complejidad, debe involucrar a “todos los sectores de la sociedad”, estimulando su participación en la planificación, la organización, la ejecutoria y la necesaria contraloría social, pasando por el impostergable e imprescindible despojo al tema, de la “condición de mercancía” con que los contratistas, con la anuencia del propio estado, han enajenado este derecho social y de familia fundamental previsto en el Art. 82 de la CRBV, en perjuicio de toda la población, y sin lo cual, jamás habrá solución posible para las grandes mayorías de venezolanos que esperan contar con un techo digno y propio.