Esto que sigue lo hemos dicho y escrito infinidad de veces, pero consideramos pertinente ser reiterativos y más en estos momentos en que el Presidente Chávez ha puesto a funcionar, a través de su ministerio de la Secretaría de la Presidencia, mecanismos dirigidos a hacerle seguimiento a la ejecución de la obra de su gobierno, en términos integrales, con instrucciones muy precisas para garantizar no sólo que la misma se adelante con la mayor eficiencia y eficacia, sino de modo transparente, así como hacer visible aquello que anda torcido y bajo una pésima gerencia y señalar, sin compasión alguna, a todos quienes sean sus directos responsables:
No creemos que haya necesidad de demostración alguna para convencer a tirios y troyanos, que luego de que el máximo órgano de control del país, la Contraloría General, eliminara de sus atribuciones el control previo en 1996 (Gobierno de Caldera II) y trasladó esa responsabilidad a los mismos organismos de la administración, con el argumento ciertamente atractivo, pero bien engañoso, de que todos los funcionarios públicos son responsables, se fue perdiendo, a la velocidad del rayo, la capacidad para impedir que se siguieran cometiendo de una manera mucho más fácil y vergonzosa los delitos contra la cosa pública, lo cual se hace evidente por mil historias y realidades que hacen parte de la vida diaria de cada venezolano, en un país que aún sigue siendo bien pequeño, donde -además- todos nos conocemos y ya casi sin asombro alguno y cada vez con más asiduidad, vemos que fulano y zutano, quienes vivían hasta ayer nomás de manera modesta de un sueldo como funcionarios del Estado, de pronto se les ve mostrando una prosperidad económica sorprendente, con nuevas residencias del altísimo costo, flota de vehículos de lujo y paremos de contar... y, ¡ojo…!, esos funcionarios no pertenecen, en su mayor parte, a las altas esferas de la burocracia, sino que son funcionarios de mediano y bajo rango, como: fiscales impositivos, jefes e inspectores de policías civiles y uniformados, inspectores de obras públicas, analistas de costos, ordenadores de pagos, otros supervisores y revisores, etcétera, etcétera, los que, por cierto, a muchos ni siquiera se les verifica que hayan cumplido con la obligación de hacer la respectiva declaración patrimonial por ante la Contraloría General de la República, instrumento ese que, en nuestro criterio, es sumamente importante para indagar si algún funcionario incurrió en irregularidades.
Por supuesto, sobre este tema de esa declaracion patrimonial, estamos persuadidos de que existen los llamados “interpuestos” y que muy posiblemente se hagan declaraciones falsas, pero en tanto las revisiones de tales declaraciones se hagan con la mayor rigurosidad y dentro del marco de investigaciones que incluyan a parientes cercanos, amigos y relacionados, así como que se recurra a tareas de inteligencia por parte de especialistas, no tenemos duda alguna de que ese instrumento de la declaración jurada es muy valioso en la lucha contra los corruptos.
Por cierto que la decisión del primer mandatario en este tema del seguimiento y control de la getión del gobierno demanda una clara y expedida articulación legal con las competencias que en el área tiene asignadas la Contraloría General de la República, pues se vería muy incompleta una gestión como la que asume el ministerio de la Secretaría si como resultados de ineficiencias que logre comprobar con daño al patrimonio público, la única sanción para los responsables, resultara ser solamente la destitución…
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