La tos, como el dinero mal habido, resulta muy difícil de ocultar, sobre todo este último, ya que sin el menor recato, vemos a quienes lo poseen gastarlo a manos llenas, con la más obscena y vulgar echonería, llegando a veces a sobrepasar los límites de lo inimaginable.
Los dineros provenientes de la trampa y el “cuanto hay pa eso”, es decir de la llamada “corrupción administrativa” han penetrado desde tiempos de la cuarta república hasta nuestros días, casi la totalidad de las esferas de la gestión pública, permeando del mismo modo el quehacer en los ámbitos del sector privado. Tal fenómeno ha sido un mal omnipresente y continuo tan generalizado que existe al alcance de todos una verdadera colección de textos organizados por volúmenes, donde se recrea la historia de este terrible flagelo social, desde los tiempos del reinicio de la democracia en el año 1959 hasta tiempos recientes.
¿Es posible que un servidor público, con su pírrico sueldito, se vaya con toda su familia a vacacionar al exterior, o que un militar de alto rango posea fincas y camionetotas de medio millón? Yo creo que no es posible, ni juntando los bonos vacacionales de varios años el primero, ni invirtiendo la totalidad de su fideicomiso el segundo, simple y pura matemática.
Sin embargo, lo común es observar a empleados, jefes y jefecitos de la administración pública intoxicados hasta la medula con la tos del dinero mal habido, trasladarse en vehículos de lujo, derrochando en banalidades o adquiriendo inmuebles que jamás podrían justificar con sus modestos ingresos, ni hablar de las propiedades, el tren de gastos y las camionetas que ostentan algunos miembros del estamento militar, policial y judicial.
Tales evidencias deberían ser suficientes para que desde las instancias correspondientes de los poderes públicos, se activaran las investigaciones y los dispositivos establecidos en las leyes, a fin de establecer la comisión de presuntos delitos contra el patrimonio público, y en consecuencia, los tribunales de la república, administrando justicia, impusieran a estos delincuentes las penas y castigos correspondientes.
Es sencillamente inaceptable, que en estos tiempos de revolución veamos como extraordinario la captura de tres empleados del INDEPABIS acusados del delito de extorción, siendo por el contrario el deber ser de tales instituciones, la persecución y erradicación definitiva de las odiosas prácticas del enriquecimiento ilícito en la administración de los dineros públicos. Ayer escuche decir al nuevo presidente INDEPABIS Eduardo Samán, parafraseando la vieja canción de Carlos Puebla, que “se acabo la corrupción llego el presidente y mando a parar”. Que así sea.
Aunque una sola gota no hace aguacero, necesario es que se sumen decididamente, todas las gotas del resto de las instituciones y poderes del estado con las del incipiente Poder Popular, y que su fuerza contralora detone el aguacero necesario que por fin lave el rostro a la maltrecha gestión pública, para que pase de ser territorio de nadie, a cosa y asunto de todas y todos, y se extienda a lo largo y ancho de los ámbitos de la vida social de nuestra querida patria bolivariana.
