La guerra contra la corrupción, ha logrado desarticular un par de mafias, sin embargo las voces más críticas de la revolución, han comenzado a esgrimir el discurso de “atacar a los llamados peces gordos” o de aguas profundas como dirían los pescadores.
Cualquier campaña contra la corrupción tiene que acabar con la impunidad de los poderosos, pero toda acción contra un ciudadano venezolano, debe estar ajustada a la ley vigente, y respetar los derechos individuales de los supuestos implicados.
Para atrapar a los llamados peces gordos, se necesita más que la vigilancia y la burda confesión de alguno de los implicados, es imprescindible un sofisticado sistema de inteligencia y contrainteligencia, que pueda detectar sistematizadamente los movimientos bancarios en el exterior, los registros de propiedades inmuebles en el país etc.
Es decir nos urge desarticular los grupos dedicados a la corrupción, organizaciones que funcionan como cualquier clan mafioso, cuentan con protección de políticos en cargos importantes, por lo que se hace necesario dirigir la inteligencia contra aquellos dirigentes políticos que ostentan cargos de importancia en los gobiernos regionales, municipales, e instituciones autónomas.
Mientras no exista una labor de vigilancia exhaustiva hacia la clase política, el fenómeno de la corrupción seguirá inalterable, porque los funcionarios técnicos roban amparados en la protección, y la complicidad de los dirigentes políticos para quienes trabajan.
Es imposible deslastrar de responsabilidad política o moral a un gobernador o Alcalde por los desfalcos cometidos por funcionarios públicos bajo su control, es decir los primeros peces gordos que deben ser pescados en mares profundos son los ex gobernadores y ex Alcaldes, que después de haber permitido que robaran el tesoro regional o municipal, salen con su cara bien lavada a pretender dar lecciones de ética y honestidad.
Es imposible no castigar a un gobernador que permitió a sus amigotes, incumplir contratos de asfaltado, entregó obras mal ejecutadas, desvió recursos para fines no presupuestados, fracasó en el control político de sus subordinados.
Es urgente castigar la incapacidad y la indolencia de los gobernantes que permitieron que sectores de la burguesía se apropiaran del patrimonio de un pueblo generoso. Muchos de estos “Señores Feudales”, mantienen juicios abiertos y aunque sean culpables los procedimientos están detenidos ¿?. ¿Quién los Protege?
Me parece que el presidente Maduro se anota un buen punto si declara en emergencia todos los tribunales anti corrupción del país, y le da celeridad a los juicios contra ex funcionarios públicos, eso obliga a los nuevos gobernadores y Alcaldes a estar conscientes que sus robos en el ejercicio de sus funciones no van a quedar impunes.
