Las recientes detenciones de funcionarios de relieve de diferentes organismos públicos nacionales, acusados de incurrir en hechos de corrupción administrativa, deben estimular entre los sectores revolucionarios la necesidad de acompañar activamente al Presidente Nicolás Maduro en la lucha frontal contra tal flagelo, independientemente de la jerarquía y de la militancia partidista que tengan quienes deban ser investigados por este delito contra el patrimonio público. Se trata entonces de articular esfuerzos que hagan realidad la unidad del pueblo organizado y el gobierno, a fin de detectar los posibles focos de corrupción que existan en las diferentes Misiones sociales y en cualquier instancia gubernamental, sobre todo, considerando el estilo de vida adoptado por aquellos que se dicen revolucionarios, pero actúan como un burgués común y corriente.
Hace falta, por tanto, retomar las tres R (revisión, rectificación y reimpulso) que propusiera en su momento el Comandante Hugo Chávez, de manera que se produzca una mayor efectividad en el combate a la corrupción, tal como se desprende de lo realizado hasta ahora por el Presidente Maduro Moros, sin limitarse a la difusión de chismes o rumores infundados, sino entablando una verdadera batalla por el adecentamiento del proceso revolucionario bolivariano socialista, de modo que no existan más obstáculos en su profundización y consolidación. Al respecto, se debe recordar que, precisamente, el desborde de la corrupción administrativa de los gobiernos conservadores de AD y COPEI fue una de las causas que originaron y justificaron las dos insurrecciones cívico-militares de 1992, por lo que en la actualidad ésta representaría una grave amenaza que, si no se contiene a tiempo, afectaría seriamente la estabilidad democrática de Venezuela.
Es así que se requiere promover -en todo nivel y en todo momento- una contraloría social que someta a revisión exhaustiva a todas las instituciones públicas (sean municipales, regionales y/o locales), de manera que se genere una amplia confianza respecto al estricto cumplimiento de las leyes, como también en lo relacionado con la viabilidad, el avance y la consolidación del proyecto revolucionario bolivariano socialista. De ahí que resulte imprescindible para ello que los diversos sectores populares revolucionarios asuman sin temor ni condicionamientos de ningún tipo el protagonismo en la lucha contra este comportamiento asocial y contrarrevolucionario, aplicándole todo el rigor de las leyes venezolanas a quienes caigan en él, incluyendo el decomiso inmediato de los bienes y dinero mal habidos, tanto los que se hallan a su nombre como de sus familiares inmediatos.
