El 24 de mayo de este año, Edmme Betancourt, declaraba “es necesario tener mesura para evitar caer en la entrega de una cantidad exorbitante, como los 59 mil millones de dólares autorizados el año pasado”. La nota hace la referencia que se estima que 20 mil millones correspondieron a una especie de demanda artificial no asociada a actividades de producción.
En la misma entrevista la presidenta del BCV aclara que nuestra economía funciona perfectamente con una demanda mensual de 3000 mil a 3.500 millones de dólares.
El 30 de diciembre del 2012 Nelson Merentes, afirmó que: “Las divisas destinadas al cupo de viajeros, estudiantes y casos especiales alcanzó un monto de 6.748 millones de dólares”.
Algunas cifras que se manejan indican que específicamente para el uso de viajes al exterior el monto corresponde al 3% de los cuales el 1% se calcula que hace uso fraudulento de las divisas.
El delito es delito en la magnitud que se cometa, sin embargo llama la atención que todavía nuestro gobierno, no haya emprendido una campaña formal para enfrentar a quienes el año pasado se apoderaron a través de empresas fantasmas de más de 20 mil millones de dólares.
A un promedio de 42 mil millones al año se han entregado a la burguesía venezolana 504 mil millones de dólares en la última década, de los cuales se han fugado del país aproximadamente 220 mil millones.
Cifra importante en cualquier país del mundo y que obliga a la dirección política de la revolución a buscar una solución concreta, al desangramiento financiero de la nación.
Mientras la clase media que es la que mayoritariamente utiliza el financiamiento de dólares para viajar, tenga la percepción de que los empresarios inescrupulosos son intocables, cualquier intento que haga el gobierno por enfrentar el problema de la utilización incorrecta del cupo viajero está condenado al fracaso ético y moral.
Una acción contra las empresas de maletín que desfalcaron al país, es la medida punitiva correcta en las actuales circunstancias, no podemos cometer el error de invisibilizar al verdadero enemigo, como sucedió con el desabastecimiento cuando se pretendió culpar a los comerciantes informales. Contra los llamados raspacupos hay que tomar medidas legales de acuerdo a las normativas establecidas en nuestras leyes de eso no pude haber dudas.
Pero la medida urgente que necesitamos es aclararle al país cuales fueron los empresarios que se llevaron los 20 mil millones dólares, esa iniciativa es mucho más fácil de aplicar en términos logísticos que la de movilizar fiscales a los aeropuertos.
