En recientes declaraciones públicas, el Presidente Nicolás Maduro haciendo referencia al combate que el gobierno bolivariano viene desarrollando contra las distorsiones presentes en el desenvolvimiento económico de la nación, enmarcadas en lo que ha caracterizado como guerra económica, apeló a la denominación de economía criminal para referirse a la práctica del contrabando de extracción que se ha venido acentuando, en los últimos tiempos, especialmente, en la región fronteriza con la República de Colombia, y frente a la cual el gobierno ha desplegado, en las últimas semanas, ya era hora, una efectiva campaña de control.
Extracción lucrativa
En efecto, el calificativo empleado por el Presidente es preciso y elocuente, es criminal una práctica económica que se plantea desabastecer al pueblo venezolano de los productos, no sólo los de la dieta básica, sino de todos aquellos que, al ser trasvasados al vecino país, le significan pingues ganancias a las mafias que se ocupan de su tráfico ilegal, sin parar en mientes de las consecuencias que tal desabastecimiento le ocasione a la población venezolana; fuentes conservadoras, sostienen, que, por esa vía, se evaden alrededor del 30% de los productos que o bien producidos en el país o bien importados por el Estado venezolano, a precios preferenciales, para el consumo interno de nuestra población, terminan siendo consumidos por quienes habitan al otro lado de la frontera.
Contrabando de extracción, que, les reporta lucrativos beneficios a quienes lo ejecutan, tan es así, que, conocedores del tema sostienen que esta cuestionable actividad económica supera con creces las ganancias que genera el narcotráfico, que ya es mucho decir, pues, el negocio de la droga está considerado como uno de los más rentables del mundo.
A través de trochas y del bachaqueo se esfuman hacia Colombia, toneladas de alimentos, productos de limpieza, medicinas, productos de higiene personal, cemento, madera, plásticos, cabillas, etc., y decenas de miles de litros de gasolina, diariamente, en base a un contubernio de paramilitares, mafias binacionales y de funcionarios venezolanos desaprensivos encargados del control de las fronteras.
Pero, esta actividad económica es criminal no sólo por sus efectos económico-sociales sino también por los propósitos políticos que la animan; sería, por demás, iluso dejar de considerar la variable política que la motiva y estimula.
La derecha no condena el contrabando
En ese sentido resalta la nefasta figura de Álvaro Uribe Vélez que ha sido mencionado, de manera reiterada, como uno de los abanderados de la orquestación de la derecha internacional en contra de la revolución bolivariana, y, que, en virtud de sus nexos, cada vez menos encubiertos, con el narco paramilitarismo, aviva el dispositivo del contrabando fronterizo, junto con ingredientes de otra naturaleza, con la intención de distorsionar la economía y desestabilizar la sociedad venezolana; orquestación en la que, evidentemente, la derecha venezolana tiene un papel destacado.
Como es suficientemente conocido existe una estrecha relación de Henrique Capriles Radonski y de Leopoldo López con el ex presidente colombiano. Por cierto, ninguno de estos voceros de la derecha local, ni por asomo, ha expresado su condena al contrabando de extracción y, mucho menos, su respaldo a la lucha frontal que viene desarrollando el gobierno nacional para combatirlo; esa ausencia de posición no es gratuita, responde a la concupiscencia que mantienen con la estrategia de derrocar el proyecto bolivariano, aún cuando, en estos momentos, se observen diferencias de carácter táctico que aparentemente los distancian.
Argucias de la economía criminal
Ahora bien, hablar de economía criminal, no puede circunscribirse al ámbito del contrabando de extracción, se hace necesario hacerlo extensivo al conjunto de argucias y subterfugios que despliegan los agentes económicos de la burguesía para afectar negativamente la esfera económica del país, en aras, por supuesto, de la obtención de ganancias desproporcionadas, esa es la naturaleza del capitalismo rentista, pero, además de eso, en función, de crear, por mampuesto, un clima de desasosiego e intranquilidad colectiva que justifique y haga posible el tan ansiado derrumbamiento del proceso de cambio que se instauró en el país con la asunción del Comandante Chávez en la conducción de la nación venezolana.
Porque, por ejemplo, no debe quedar ningún género de dudas que lo que acontece con la espiral especulativa de los precios, que es un componente determinante en la escalada inflacionaria que se ha desatado, particularmente, en los últimos 17 meses, a raíz de la desaparición física de Chávez, responde, junto a las apetencias de orden económico, al tan acariciado propósito desestabilizador que anima a la burguesía parasitaria en su ambición de retomar el control del poder absoluto del país; no importándole, en lo más mínimo, los efectos que el afán especulativo le pueda ocasionar al pueblo venezolano, todo lo contrario, la idea es acentuar esa negatividad propendiendo a hacer crítica las condiciones de vida de las mayorías populares y de las capas medias; en eso se solaza la burguesía comercial e industrial parasitaria venezolana, es una práctica económica que raya en lo criminal.
Al igual que propiciar las colas innecesarias en los supermercados, esconder los productos para generar una escasez inducida, aminorar artificialmente la producción y luego argüir que el problema es que el gobierno no facilita o no estimula la producción al no proveer las divisas que garanticen la importación oportuna, etc.; todas, diversas argumentaciones, de los sesudos analistas, que apuntan a esconder la finalidad real: crear un malestar generalizado en la población.
Por ello, el gobierno debe ser cada vez más contundente en el control de las relaciones económicas: castigar al especulador conspirador y premiar a quien quiera producir en función de los intereses de la Patria venezolana.
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