Resulta inaudito, y por .lo demás indignante, que el Ministerio del Poder Popular para la Salud, hasta ahora no se haya pronunciado con respecto a la difícil situación que sufren más de sesenta trabajadores de la Clínica Loyola de Carora, municipio Torres del estado Lara, a quienes no solo se les están violando todos sus derechos contractuales, sino que están en riesgo de perder sus respectivos puestos de trabajo debido a la negligencia de los propietarios de esa institución privada.
Hace algunos días, a propósito de una visita que hiciéramos al centro de salud, tuvimos la oportunidad de conversar con varios de los trabajadores, quienes al enterarse de nuestra condición de periodista nos pidieron ayuda para denunciar públicamente este grave problema que afecta la estabilidad económica y social de padres de familia.
Varios de los denunciantes, agrupados en una Comisión de Trabajadores, manifestaron que desde el año 2013 cuando asumió la nueva directiva de la Clínica Loyola, conformada por Rafael Díaz (Presidente), Cassiano Carrasco, Alí Escalona, Juan Hernández y Alí Escalona, la misma entró en una grave crisis de funcionamiento debido a que se dejó de cumplir con todos los derechos de los trabajadores, con el personal médico y el pago a los proveedores.
Es tan grave la situación que la actual directiva a pesar de que realiza las deducciones por concepto de seguro social, ley de política, fideicomiso, y otros, no abona el dinero a los organismos del estado y mucho menos a las cuentas bancarias de los trabajadores.
La Clínica Loyola mantiene una deuda que supera los diez millones de bolívares, lo que ha causado la paralización de casi todos los servicios, y la negativa de los médicos a atender a los enfermos por falta de pago de honorarios. Los únicos espacios que están funcionando es el quirófano del área materno infantil que funciona a través de una fundación y la emergencia que se mantiene, de manera insólita, porque los mismos trabajadores colaboran llevando algunos medicamentos para no suspender el servicio..
Indican los denunciantes que el presidente de la directiva, Rafael Díaz, propietario de varias farmacias en Carora, cesó la relación con los proveedores, con el propósito de suministrar medicamentos y equipos a precios más altos obteniendo pingues ganancias, por intermedio de una firma personal. Es decir, en lenguaje coloquial el caballero “se cobra y se da el vuelto”.
Los trabajadores, quienes consideran que está en riesgo su estabilidad económica y laboral, solicitaron ante la Inspectoría del Trabajo, con sede en Barquisimeto, la aplicación del artículo 148 de la Loop. Allí fueron atendidos por la inspectora regional Zamira Haten, quien llamó a comparecer al presidente de la directiva de la Clínica Loyola, Rafael Díaz quien se negó a asistir en un par de oportunidades. Por tal motivo Díaz fue declarado contumaz, lo que lo obligó a introducir un recurso de amparo.
Más tarde, por la presión de los trabajadores, se ordenó una inspección al centro de salud, pero los ellos consideran que la misma fue incompleta, manipulada, y además violó el rigor que debió tener dicho procedimiento para ser eficaz. Incluso algunos trabajadores manifestaron que han notado un cambio de actitud por parte de la inspectora Zamira Haten, lo que les ha generado algunas sospechas entorno a la transparencia de la investigación.
Finalmente el 19 de abril pasado, la Inspectoría decidió darle a la directiva 75 días para que cancelen la deuda con los trabajadores, pero con el extraño agravante de que antes de cumplirse ese plazo vencerá el período de la directiva actual y será muy difícil que la entrante asuma tal compromiso.
Dada todas estas circunstancias los representantes de los trabajadores están solicitando tanto a las autoridades de la región, como al ministro para la salud, Henry Ventura que intervenga urgentemente el Hospital Clínico Loyola C. A. de Carora, en el que se está violando flagrantemente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Loppp) .
