El Presidente Nicolás Maduro anunció el pasado 23 de Mayo la reestructuración a fondo del IPASME. Lo hace en el marco de un proceso de discusión sobre las nuevas condiciones socioeconómicas, académicas, de recreación y esparcimiento para el buen vivir del magisterio venezolano. Sin duda alguna, la manifiesta disposición del gobierno bolivariano de discutir el contrato colectivo, de otorgar un incremento del 50% en procura de la nivelación correspondiente, y ahora, la reestructuración del IPASME define una nueva direccionalidad en las relaciones laborales con los trabajadores y trabajadoras de la educación. El clima generado por las recientes medidas propicia inmejorables condiciones para el mejoramiento sustantivo de las condiciones materiales y espirituales de nuestro magisterio, y por ende, una elevación de la calidad educativa. Todo ello, reafirmando el compromiso de la revolución con la clase trabajadora y sus familiares.

La decisión de reestructurar radicalmente al IPASME responde a la verificación de un deterioro profundo de su institucionalidad. La ineficiencia, la corrupción, el burocratismo, la gerencia autocrática, el relajamiento de los procesos, métodos y procedimientos, entre otras fallas caracterizan el funcionamiento desde hace algún tiempo del instituto. Sin embargo, es una institución muy importante en la previsión social del país. Su cobertura poblacional, que solo es superada por el IVSS, su actividad crediticia, su fortaleza financiera, la política de turismo social y temática, y su experiencia en la medicina primaria así lo ratifica.

Ahora bien, ¿Hacia cuál dirección apunta la reestructuración? Debería orientarse a la REFUNDACION del Instituto. Es imperiosa la adecuación del IPASME a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, La Ley Orgánica de Turismo y La Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones Similares de Ahorro. Debe responder a las demandas del nuevo modelo político.  Resulta muy incómoda, difícil y contradictoria la convivencia del Estatuto Orgánico con la normativa bolivariana. Se requiere impulsar un esfuerzo colectivo que conlleve a la formulación de una Ley específica que establezca la nueva institucionalidad. Por supuesto, no me refiero a un acto mágico. Se trata de un proceso con participación y articulación del gobierno y el magisterio, para consignar dicho proyecto ante la Asamblea Nacional.

El IPASME debe mantenerse como un ente autónomo y con patrimonio propio. Sin embargo, su estructura organizativa debe transformarse. Tanto la Junta Administradora como el Consejo Directivo deben ser sustituidos por formas de gobierno y cogobierno en correspondencia con nuestros principios constitucionales , para darle paso a unas instancias de decisión, dirección y administración caracterizadas por la realización de una gestión pública ágil, moderna, democrática, eficiente, eficaz y sistémica.

La reestructuración también debe diseñar una cultura para la participación protagónica y el ejercicio de la contraloría ciudadana en la gestión institucional. La materialización de estos objetivos permitiría el establecimiento de unas relaciones responsables y corresponsables, en atención a la premisa constitucional. Se trata de construir una institución que pueda brindar información oportuna, veraz, permanente, de fácil acceso, así como también, el manejo de metodologías para la auditoría pública por parte de las afiliadas y afiliados. Igualmente, unas instancias de participación para la toma de decisiones, seguimiento y control, constituido por los actores fundamentales de la gestión. Por cierto, las Federaciones Sindicales insisten en reactivar al Consejo Directivo como máxima autoridad deliberativa.  Ello constituye una grave contradicción con el imperativo constitucional. Es tirar por la borda el principio de la democracia participativa y protagónica, para abrirle paso nuevamente a la representatividad de la IV República. La dirección correcta es la creación del CONSEJO NACIONAL DE AFILIADAS Y AFILIADOS, con sus expresiones estadales. Igualmente, presionan al gobierno para restablecer el mecanismo de representación en la designación de la Junta Administradora. Totalmente inaceptable.

Otro aspecto que merece especial atención se refiere al problema de la corrupción en dicho instituto. Por conocimiento propio, sé que es posible enfrentarla y minimizarla, en procura de conquistar un clima ético en la realización de las actividades públicas.  Promover la democratización de la contratación de obras y mantenimiento, automatización de los procesos, utilización de la transferencia para los pagos a proveedores, contratistas y beneficiarios de los créditos personales, la creación de los comités de compras, el uso del internet para la promoción de los requerimientos de la institución en abierto concurso de precios, la observancia estricta a la normativa específica, los consejos de afiliados y la rendición periódica de cuentas son iniciativas que configuran un sistema de lucha contra la corrupción. Y este aspecto se articula con la imperiosa necesidad de reanimar a la clase trabajadora de la institución que será sostén, indiscutiblemente, de los cambios y transformaciones que deberán operar en el Instituto.

El IPASME como institución de protección social está en la obligación de articularse con el Sistema Nacional de Misiones que desarrolla la revolución bolivariana. Misiones tales como Mercal, Vivienda Venezuela, Hábitat, Milagro, Robinson, Ribas, Sucre y Cultura son susceptibles de aplicación y adecuación para la clase trabajadora de la educación y sus familiares. Sin temor a equivocarme, el IPASME podría volver a ser un instituto generador de SALARIO SOCIAL. El tema del financiamiento a las distintas actividades crediticias, con muy bajas tasas de interés, debe aplicarse con criterios de gerencia moderna y orientado a la simplificación de los trámites, para así materializar dichos beneficios hacia el sector educativo.

El proceso de reestructuración debería promover la creación de personas jurídicas que desconcentren la actividad institucional. Por ejemplo, la constitución de la CAJA DE AHORROS, el INSTITUTO ECOSOCIALISTA PARA LA RECREACION Y EL TURISMO, entre otras, las cuales fortalecerían la nueva institucionalidad deseada.

La decisión del gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro no puede quedar en letra muerta o simplemente en la sustitución administrativa de las actuales autoridades. Empujemos con fuerza la transformación de ese instituto, y con ello fortalezcamos la gestión educativa de la revolución bolivariana.