Después de escuchar a Farruco decir que piensa exhibir en internet todo el proceso de las compras de cada uno de los 32 organismos adscritos al Ministerio de la Cultura, lo llamaría para pedirle una cita y me explique cómo es eso de que cualquier persona puede meterse en el portal del Ministerio y saber en pocos segundos qué compras hace el ministro y sus funcionarios directivos subalternos, a qué proveedor se las hace y el precio negociado. ¿No es una manera eficaz y eficiente de enterar a los ciudadanos en qué se gastan sus reales? Le preguntaría a Farruco si es verdad la oferta planteada, en el sentido de que puede regalar ese programa a todos los Ministerios. Si me confirma la noticia, yo me mortificaría pensando la manera en cómo hacer obligatorio esta práctica en todos los Ministerios y sus dependencias. En un instante podríamos saber si los organismos públicos están comprando los botellones de agua potable al precio justo. Es una estupenda fórmula para corregir los vergonzantes desaguisados que cometen las comisiones de licitaciones ministeriales con los sobreprecios. No es fortuito que desde el Milco Eliécer Otayza denunciara que el 80 % de las obras se conceden si someterse a licitación.
Bien entendido, es mágica la idea lanzada al aire por Farruco y seguramente ideada por su equipo. Si el presidente Chávez la hiciera ley (si ordenara su implementación en todos lados), la corrupción recibiría un estacazo descomunal. Se le cortaría el pescuezo al mounstro. La contraloría social cobraría practicidad. Si yo fuera ministro de Comunicación e Información me preguntaría, ¿es la corrupción un problema de Estado, un cáncer que puede aniquilar la vida de la Revolución Bolivariana? Si llego a contestarme afirmativamente, me repreguntaría qué pito toca el MCI en tan agudo problema.
Asumir que el MCI está para divulgar la obra de Gobierno es no saber dónde se está parado. El MCI debería ser mucho más que eso: es la plataforma a través de la cual la Revolución controla la eficacia y eficiencia de su obra de Gobierno. Así las cosas, ¿quién controla la corrupción? La combate la Fiscalía General y los tribunales, pero ¿quién debe detenerla por encima de la inoperancia de las instituciones llamadas a enfrentarlas? El Ministerio para la Economía Popular no es. Tampoco el Ministerio de la Defensa. Frenarla en seco no es una acción institucional (porque es una quimera en el contexto) es una acción política. Y si lo quieren, Farruco está proponiendo arrancarla de cuajo sin comenzar por poner preso a nadie, que no es que no haya como arroz a quién encarcelar por ladrón.
*Publicado en el periódico Noticias Inéditas
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