Uno ve la propaganda por la televisión, lee los avisos en la prensa y escucha a los funcionarios públicos. Todo se orienta a pedirnos que denunciemos a los acaparadores y especuladores como criminales. Nos dicen que la especulación y el acaparamiento de alimentos es un crimen. Se nos habla que esos señores, delincuentes en todo caso, atentan contra la seguridad alimentaria.
Hasta allí todo va de pinga. Nos suena a un proceso revolucionario, de cambio, vías al socialismo. Nos sabe a decirle a los empresarios pillos “o corren o se encaraman” y hasta a tararearles “Llegó el comandante y llegó a parar”.
El asunto se nos empieza a embrollar cuando nos damos cuenta que el gobierno ha descubierto acaparadores y especuladores por docenas; bien de baja escala o bien de suma importancia y burda de cuentas en los bancos. Es decir, ha dado con criminales de carne y hueso, los ha encontrado con las manos en la masa, o sea, con la mercancía escondida, acaparada, o con ella a la venta por precios prohibitivos. Criminales cometiendo un crimen.
¿Y bien? ¿Están presos? ¿Les abrieron algún expediente para encanarlos? ¿Les prohibieron la salida del país? ¿La Fiscalía anda reuniendo pruebas para llevarlos a juicio? ¿Indecu les quitó los negocios que eran usados para cometer sus crímenes?
¿O siguen vendiendo tranquilos? ¿Continúan siendo ciudadanos de provecho, de bien, de páginas sociales y todo? ¿Los seguimos viendo como honestos empleadores?
¿Por qué el ciudadano los debe acusar de criminales, pero el Estado no?
Es más, nada raro sería que un Consejo Comunal acuse a un acaparador de criminal, y algunos meses después el Alcalde lo condecore por ser un ciudadano honesto. Y esto no es una exageración, pues bien sabemos que muchos de nuestros alcaldes siguen mirando a los empresarios o meros comerciantes con cierta lisonja.
¿Qué pasaría entonces? ¿otra frustración más para el pueblo?
Parece como justo, necesario y urgente que el Estado actúe contra los criminales que han cometido el delito del acaparamiento y/o la especulación. ¿Quién dará el primer paso? ¿Indecu? Hay razones para dudarlo. Pero, bien, ya el Seniat les hizo parte del papel que ellos deben cumplir, a lo mejor ahora otro ente asume la responsabilidad.
Lo cierto es que el Estado no puede limitarse a que nosotros, ciudadanos, acusemos al especulador de criminal, mientras ese mismo Estado no actúa contra el autor del crimen.
Si a esto le agregamos que en los frigoríficos, carnicerías o como se quieran llamar los sitios donde venden carne, sus propietarios se están burlando de la regulación de precios vendiendo al valor que ellos les de la gana unos cortes que, al parecer, no aparecen regulados en el decreto.
¿Por qué esos cortes no fueron incluidos? ¿Olvido? Ojalá sea así, en este caso de inmediato pueden resolver el asunto; pero uno tiene el derecho a sospechar que alguien quiso dejar una hendija que pudiese ser usada por los especuladores para burlarse de la ley. No es la primera vez que eso pasa, y el Presidente lo sabe.
¿Tendremos que esperar que sea el comandante Chávez el que resuelve o alguna vez los funcionarios intentarán resolver algo?
Vamos a esperar tranquilos.
