“El gobierno no es una razón, tampoco es elocuencia, es fuerza. Opera como el fuego; es un sirviente peligroso y un amo terrible; en ningún momento se debe permitir que manos irresponsables lo controlen”

                                                    George Washington… 
 

Son múltiples las consecuencias que se han generado en torno a los apagones (fallas eléctricas) que se han producido en el sur del Estado Anzoátegui, por esto sus habitantes les exigen a las autoridades competentes un mejor servicio.

La Empresa CADAFE es el ente principal del Estado venezolano encargada de suministrar energía eléctrica en todo el territorio nacional y de llevar este servicio de vital importancia a cada uno de los hogares de las diferentes regiones del país. Sin embargo durante las ultimas semanas se han sucedido cortes eléctricos prolongados, sumados ahora con la falta de agua potable y la falla adherente del Aseo Urbano, en distintos sectores de El Tigre y San José de Guanipa, cuyos habitantes se ven notablemente perjudicados por estas continuas fallas de carácter Terminal.

Las consecuencias a causa de estos apagones han ido aumentando y afectando distintas áreas y campos, dentro de ellas hemos observado las innumerables perdidas de artefactos electrodomésticos así como repercusiones económicas en la ciudadanía por el hecho de tener gastos adicionales a la hora de resarcir los daños. De la misma manera los establecimientos comerciales se ven perturbados en su gestión al no poder ofrecerles un buen servicio a los consumidores, ya que los continuos apagones impiden que desarrollen sus trabajos porque las herramientas que utilizan funcionan gracias a la energía eléctrica.

Es por eso que la indefensión de la ciudadanía, ante la ausencia de repuestas por parte de los funcionarios al frente de estas empresas: CADAFE, HIDROCARIBE, TECNI-CLEAN.etc Es que debe intervenir el Defensor del Pueblo (Ombudsman), que es el funcionario del estado encargado de representar los intereses de los ciudadanos ante los abusos que cometen los funcionarios al frente de estas empresas en contra de los ciudadanos de estos municipios. La Defensoria del Pueblo, idea novedosa de nuestra Carta Magna, tiene su origen en la figura del ombudsman, fundada en Suecia en 1809 (que quiere decir “el que actúa en nombre de otro, su representante”), y en los principios educativos del Poder Moral propuesto por Simón Bolívar.

Hay que darle una repuesta inmediata a la ciudadanía ante los abusos de difícil solución burocrática, que les violan sus derechos humanos. Hay que investigar las causas medulares de estas irregularidades si son por: sabotaje, negligencia o desinversion, ya que esto se ha convertido en una actitud criminal en contra de la población que sufre la inclemencia de 5 días de “cortes” de Agua y Luz, y la no recolección oportuna de la Basura. Ojala la Dra. Gabriela Ramírez, actual defensora del Pueblo, tome cartas en el asunto y ordene una investigación exhaustiva de estos hechos que atentan contra la calidad de vida de los habitantes de estos municipios.

Como es sabida una de las principales competencias de la defensoría del pueblo son los servicios públicos: “El correcto funcionamiento de los servicios públicos esta íntimamente relacionado con el concepto de la calida de vida, el cual supone el disfrute de condiciones básicas esenciales de vida para que cada sujeto pueda vivir de forma digna.

El tratamiento oficial de la materia de servicios públicos ha pasado por etapas diferentes de transformación (del Estado prestador al estado regulador), hacia una nueva regulación jurídica e institucional donde se establece taxativamente la función ejercida por la Administración Publica como ente rector de las políticas publicas, sujetas al servicio publico o interés general, estando en consecuencia al servicio de la ciudadanía sin ningún tipo de distinciones, privilegios o discriminaciones”. Fin de la cita. Si eso que reza en sus estatutos no se va a cumplir, entonces como hablar de socialismo, sin con estas acciones criminales de ciertos funcionarios acabamos con las esperanzas de un pueblo que ellos creen que son “morrocoyes” o “camellos”. Ser revolucionario no es andar con una cachucha roja, franela roja e interiores rojos, es la solidaridad y la atención de los problemas esenciales de un pueblo cuando se esta al frente de los organismos del Estado.

El artículo 280 de la CRBV: La Defensoría del pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas.

Ahora la situación de crisis en el sector eléctrico no es nueva, pues se heredó un sistema precario que en la IV Republica se permitió su deterioro para privatizarla, y el colapso ya se ha hecho muy evidente a pesar de los numerosos anuncios que el Gobierno Nacional ha hecho en torno a la recuperación y construcción de nuevas plantas para mejorar el embotellamiento eléctrico, potenciado por el crecimiento de la demanda en los últimos cuatro años, no ha sido posible lograr la materialización de algunas de las obras antes mencionadas. Al punto que el propio presidente de la Corporación Eléctrica de Venezuela, Hipólito Izquierdo, esta consciente del déficit de energía, que de acuerdo a las estadísticas que se manejan se ubican en los 1.000 megavatios (MW). Uno de los factores que atenta contra el desarrollo del sector eléctrico, es la “Negligencia Burocrática” según expertos calificados del sector. Pues no han sido capaces de poner en marcha los procesos que se requieren para concretar las obras, y ello a pesar, que le Gobierno Central Bolivariano ha aprobado los recursos para el desarrollo de toda su infraestructura.