Por no usar apreciaciones más crudas contra un cogollo oficial con investidura legal, en Cumaná, se puede echar abajo la Casa de Gobierno al capricho del jefe…y punto ¡

Resulta, que estamos interesado en evitar que la discusión caiga en una pueril y estéril rutina de criticismo profesionalizado. Hoy queremos que las reflexiones puramente técnicas se proyecten sobre un ejemplo de nuestra propia vivencia, como cumaneses, dentro de un espacio histórico-cultural llamado ciudad de Cumaná. Pues, estamos convencidos que esta reflexión no interesan solamente al especialista, creemos que interesan al ciudadano común, al usuario de la ciudad, a todos los que disfrutamos de ella o la sufrimos.

Los sucesos que han exacerbado a la comunidad ante la imposibilidad de un real diálogo con el gobernador del Estado Sucre, nos obligan a exponer el más resaltante error contenido en la inspección del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) a la Casa de Gobierno de Cumaná. Por Dios! …por no usar apreciaciones más crudas, pero, el IPC debió permitir nuestra participación y no realizar una "inspección" producto de un cogollo oficial con investidura legal.

En definitiva, el IPC fue insensible, a todas aquellas puntos de apoyo y continuidad de la estructura, no solo histórica, sino también ambiental, cultural y patrimonial de la de la Casa de Gobierno de la ciudad de Cumaná. Calificó ligeramente nuestra posición y truncó la estructura de un pensamiento que intenta identificar los valores permanentes de la cultura: avaló el despilfarro en todas sus posibilidades y permitió que se continuara con los destrozos por parte de la tecnocracia insensible y demagógica.

Esa actitud del IPC forma parte del fariseísmo desarrollista que hoy pondera lo autóctono para explotar y manipular, donde los afectados no cuenta en absoluto. Porque el ciudadano no tiene ni voz ni voto en la construcción o destrucción de la ciudad. Todo se hace en el entendido de que ésta es una hacienda y los gobernantes sus propietarios, sin que exista cosa ni que se parezca a una consulta a la opinión pública: en Cumaná, se puede echar abajo la Casa de Gobierno al capricho del jefe…y punto ¡

Para nosotros los cumaneses es claro que una acción en defensa de la Casa de Gobierno no puede fundamentarse exclusivamente en una responsabilidad técnica. Ni que ella estaría garantizada por una actitud bien intencionada, respetuosa y seria del IPC, pues estamos conscientes que el IPC estaría siempre condicionada por una inflexible estructura política que la absorbe y modifica a su antojo en el momento que lo crea conveniente.

No estamos seguros si la incoherencia del IPC se corresponde al irrespeto lineal a los principios constitucionales (CRBV) que protegen el patrimonio cultural arquitectónico de Venezuela, a las normas contenidas en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, al contenido de la Ordenanza de Zonificación del Casco Central de Cumaná y al contenido de las Convenciones y Recomendaciones de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural. Pero, de lo que si estamos seguros, es que hay un alto grado de incoherencia al permitir la continuación de la "obra" con el punto débil sea la inexistencia de estudios y proyectos.

En esta iniciativa de "intervención" llevada a cabo por el gobernador del Estado Sucre, no existe diagnóstico, ni mucho menos propuestas de alternativas, las tres dimensiones, en el análisis y las proposiciones no existen. El papel del diseñador desaparece y, mucho más grave, el profesional de la arquitectura perdió preeminencia y jerarquía. Con ello, la forma urbana y sus elementos estructurales no juegan papel relevantes en la "vulgar" remodelación de la Casa de Gobierno de Cumaná.

Es una forma de intervenir la Zona Histórica de Cumaná que no se debe compartir. Nuestros dirigentes, en quienes se ha delegado la responsabilidad de administrar, planificar, controlar y dirigir nuestras ciudades, no saben lo que esta es. Es comprensible. Son dirigentes políticos, para quienes la politica es un fin en sí mismos y no un instrumento de transformación.

El Ministerio Público y a la Defensoría del pueblo tiene la última palabra¡