En este sentido queremos señalar que precisamente en una de las instituciones garantes donde se originan las leyes y sede del poder legislativo como lo es la Asamblea Nacional se cometan actos de atropello tan parecidos a los de la llamada IV Republica o de la otrora Republica que regía nuestro destino cuando la época colonial, la diferencia es que en aquellos escenarios todavía se desconocía la preeminencia de los Derechos Humanos que actualmente en la mayoría de las Constituciones de los Estados ocupa capítulos enteros de las mismas.
Hago referencia a este planteamiento por los sucesos acaecidos en día 10 de Agosto 2010, en horas del mediodía frente a una de las entradas principales de la Asamblea Nacional donde un grupo de compatriotas no opositores sino compatriotas repito, fueron vilmente agredidos por efectivos de la guardia nacional, los ciudadanos Alí Verenzuela, los familiares de William Sanguino incluyendo a su Sra. Madre de una forma sanguinaria y con una violencia que ni siquiera habíamos visto en tiempos de la Cuarta República, actuaciones que no le envidian nada a las de los efectivos de la Policía Metropolitana en los aciagos días de Abril 2002.
Estos compatriotas sólo defendían el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva como garantía de los que se sienten víctimas de violación de los derechos Humanos por parte de organismos o funcionarios del Estado el cual se presume de derecho y de justicia como está establecido en el Artículo 1. de los Principios Fundamentales de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Solicitamos un castigo ejemplar para estos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, así como del Jefe de Seguridad de la Asamblea Nacional el cual se prestó, presencio y contribuyo para que se realizara esta brutal agresión a este grupo de compatriotas.
De la misma manera denuncio la actitud del Ministerio Publico ante la reiterada violación de debido proceso al compañero Universitario William Sanguino el cual permanece secuestrado en los calabozos del Helicoide desde hace más de un mes junto con los más de seis meses sin que se le haya acusado formalmente sin que se haya concluido la investigación y al juez de control como garante de la Constitución y de las garantías en ella consagradas debe de requerir el acto conclusivo al fiscal que tenga competencia a fin de culminar la fase preparatoria con la acusación o con el sobreseimiento del imputado, el cual por cierto también ha sido víctima de violación de sus derechos.