La regla de oro de la finalización negociada de todo conflicto armado es la voluntad de cada una de las partes de llegar en las mejores condiciones a la mesa de negociaciones con el fin de poder imponerle al contrario condiciones que hagan posible un resultado favorable en el acuerdo final.
De allí que sea lógico que en la fase final del conflicto se produzca un incremento importante de la confrontación armada, con significativa cantidad de bajas para las fuerzas contendientes y daños materiales en sus espacios de dominio; situación que las partes calculan con el fin de alcanzar el objetivo de posicionarse ventajosamente, pero sin producir algún hecho – magnicidio, masacre de población civil, incursión en territorio de un Estado no beligerante - que pudiera afectar sus relaciones con los aliados internos y externos y darle argumentos válidos a los enemigos de las negociaciones para impedir estas o retardar deliberadamente su culminación exitosa..
En la cruenta y larga guerra colombiana nunca ha habido una clara coincidencia de Paz de los actores armados del conflicto, en primer lugar, porque el balance estratégico de fuerzas ha sido lo suficientemente equilibrado en el tiempo como para que el Estado se sienta inderrotable y la insurgencia revolucionaria añore, racionalmente, la posibilidad de cambiar a su favor la dirección de la guerra, por un brusco viraje en las condiciones políticas, económicas y sociales de Colombia, que haga insoportable el a la oligarquía el sostenimiento de la guerra..
Las declaraciones iniciales del presidente Juan Manuel Santos sobre el conflicto social y armado colombiano son contradictorias, dado que, mientras instruye a su Ministro de la Defensa y al comandante de las Fuerzas Militares a “arreciar, arreciar, arreciar”, las operaciones militares en contra de las fuerzas guerrilleras, especialmente con el propósito de dar muerte a comandantes del Secretariado de las FARC-EP y del Comando Central del ELN, mantiene una postura de mayordomo arrogante con el “llavero” de la puerta de la paz en la mano, pretendiendo negarle a todos los colombianos y los extranjeros que promuevan la paz y, condicionando, toda negociación con la insurgencia al cumplimiento previo de condiciones – libertad de todos los prisioneros de guerra y cese de las operaciones militares - que deben formar parte, precisamente, del proceso de negociación.
Tal postura evidencia que el nuevo impulso a la estrategia de victoria militar defendida por Uribe Velez y que fue diseñada desde los tiempos en que el actual presidente Juan Manuel Santos era su Ministro de la Defensa, dependía de la aprobación del convenio de cesión de las siete (7 y más) bases militares, que permitiría la incorporación de la precisa y altamente destructiva capacidad de fuego de los medios aéreos norteamericanos, los cuales inclinarían el curso de la guerra a favor del Estado Colombiano; pretensión hoy frustrada por la sentencia que declara “inexequible” tal convenio, dictada por la Corte Constitucional; lo que pareciera hacer menos posible todo proceso de diálogo sobre la Paz con la insurgencia, hasta alcanzar mejores condiciones en el terreno de la guerra, mediante la multiplicación de las operaciones militares en las áreas de control e influencia de la insurgencia.
De allí que, la propuesta del Secretariado de las FARC-EP a los países integrantes de UNASUR, de una reunión para exponerles su visión de la Paz en Colombia, es un ‘Gesto de Paz” inequívoco de la insurgencia, frente al cual esa organización regional no podrá mantener silencio después de sus reiteradas declaraciones en favor de la paz en Colombia y los repetidos llamados de algunos de sus líderes más destacados para que la guerrilla colombiana se comprometiera con un proceso de Paz.
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