Los Propietarios de los apartamentos del Conjunto Residencial Terrazas de La Vega presentaron una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia contra los dueños de la Promotora Parque La Vega, en la que exigían la reubicación habitacional por daños a sus viviendas producto de deslizamientos en la zona. La sentencia resultó favorable a los propietarios de las viviendas y ahora deben esperar la respuesta por parte de la inmobiliaria, que se manifestó en desacuerdo con el fallo del Tribunal, con la clara intención de llevar a cabo un largo proceso judicial de tira y encoge.
A todas estas, la Sala Constitucional ordenó el bloqueo o inmovilización preventiva de las cuentas bancarias de Promotora Parque La Vega, C.A., Promotora Casarapa, C.A., Promotora Parque La Vega, C.A., Compañía de Inversiones y Desarrollo Coindeca, C.A. Ante tal situación, las Promotoras antes citadas decidieron paralizar las obras de todos los conjuntos residenciales en construcción bajo su responsabilidad, claramente para presionar al Estado y lograr el apoyo de propietarios y obreros, tal es el caso del Conjunto Residencial Auyantepui ubicado en la Hacienda El Encantado, cuya constructora es la Promotora Casarapa, también objeto de paralización de fondos.
Este complejo habitacional Auyantepui estaba a punto de lograr la habitabilidad otorgada por la Alcaldía del Hatillo, solo faltaba concluir algunas exigencias necesarias para su ocupación, de manera que en este particular también han salido perjudicados injustamente obreros y propietarios de las viviendas. Los primeros han perdido hasta la fecha sus ingresos semanales y los segundos, gente de clase media, quienes con mucho sacrificio habian utilizado sus ahorros de toda la vida para lograr un sitio digno de vida con su familia, no pueden ocupar sus viviendas porque los detalles que faltan para su habitabilidad no son asumidos por la constructora, aduciendo falta de fondos .
Los sindicatos obreros de Auyantepui han iniciado una serie de protestas en la zona, incluyendo quema de cauchos por la falta de pago mientras que los propietarios han realizado gestiones ante la Defensoría del Pueblo para que se les garantice su derecho a la vivienda que ellos han pagado puntualmente.
A todas estas, la Defensoría del Pueblo solicitó al TSJ que designe una junta administradora en las sociedades mercantiles Promotora Parque La Vega, Promotora Casarapa y Compañía de Inversiones y Desarrollo COINDECA, incluidas en la sentencia dictada por ese Tribunal, con la idea de administrar los fondos necesarios para pagar a los obreros y continuar las obras, hecho que hasta la fecha todavía no se ha cumplido.
Se trata de hacer justicia para un grupo de personas de clase media y obreros del Conjunto Residencial Auyantepui quienes cayeron en un abismo, como consecuencia de una actuación para proteger a otro grupo de personas, también de clase media que tuvieron problemas en sus viviendas ubicadas en La Vega. Sin duda la actuación fue improvisada y poco estudiada, porque no es revolucionario ni correcto favorecer a un grupo perjudicando a otro, en un caso más de burocratismo contrarrevolucionario y paralizador.
La solución, reactivar la obras de los conjuntos residenciales que no tienen relación directa con el problema original de La Vega, mediante la activacion inmediata de la Junta Adminitradora de los Fondos exigida por la Defensoría del Pueblo. ¡Así debe ser la Revolución!
(*) Trabajador jubilado del mppctii. Militante del PSUV.
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