Las frecuentes declaraciones informales del presidente Santos sobre asuntos fundamentales de la política de seguridad y desarrollo de la guerra interna colombiana y la reciente exposición pública del Ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera, presentada al país, a representantes diplomáticos y de organizaciones internacionales, parecieran confirmar que ese gobierno tiene una visión distinta, aunque no antagónica, con la visión de su predecesor, Alvaro Uribe Vélez, acerca de la manera mas adecuada y favorable a los intereses de las elites gobernantes, sobre la terminación del conflicto armado.
El antecedente mas protuberante de ese cambio, se dio en el mismo inicio del gobierno santista, en agosto 201l cuando, contrariando su propio compromiso personal y político con el gobierno imperialista de los Estados Unidos, decidió no presentar ante el Congreso Colombiano, una nueva versión del acuerdo sobre la instalación de siete (7) bases militares y facilidades operativas en otras seis (6), el cual fue rechazado por la Corte Constitucional, al considerar que su suscripción adolecía de serias violaciones al procedimiento previsto en la Constitución vigente, especialmente en lo referente a la aprobación previa por parte de la Congreso de la República; decisión que relajó las tensiones políticas y militares con sus vecinos Venezuela y Ecuador y salvó el proceso político regional de construcción de un Espacio de Paz y Seguridad en America del Sur, propuesto por UNASUR.
Sin embargo, el presidente Santos fue enfático en sus declaraciones de respuestas a diversas operaciones militares exitosas realizadas por las organizaciones FARC-EP y ELN en los tres primeros meses de su gobierno, instruyendo a los mando superiores de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y el DAS a “Arreciar, Arreciar, Arreciar”, expresado en un incremento de la beligerancia de sus fuerzas en el terreno, con el fin de reducir las posibilidades de éxito de las nuevas tácticas de redespliegue de fuerzas, movilidad operativa y ataque sorpresivo que, en la actualidad, constituye la nueva línea militar de las organizaciones revolucionarias en armas, alcanzando importantes éxitos puntuales, como la muerte del comandante Briceño (Mono Jojoy) y la liberación de varios oficiales y personal de tropa prisioneros de guerra que formaban parte del grupo propuesto por las FARC para alcanzar un Canje Humanitario; aunque tales hechos, de gran impacto mediático y de cierto valor político, no modificó, esencialmente, el curso y la intensidad de la guerra en el terreno: antes por el contrario, la ha incrementado, con sus secuelas de muertos y lesionados en ambos bandos.
La propuesta de un gobierno de Unidad Nacional, con la presencia de corrientes importantes del conservatismo y el liberalismo y su partido, de la U, y el impulso de algunas iniciativas políticas de impacto sociales, dirigidas a “sacar el pez del agua (Mao Zedong), entre las cuales destaca la Ley de Victimas, aprobada para el rescate y entrega, a los campesinos desplazados por el paramilitarismo y las Fuerzas Militares, de cuatro millones de hectáreas cultivables y el ofrecimientos de líneas de créditos y apoyos técnicos para su desarrollo, parece estar en el centro de una política que pretende combinar más, eficazmente, la vieja táctica del “palo y la zanahoria”, con el fin de atraer base social influenciada por la insurgencia, e infiltrar sus espacios para golpearlas política y militarmente, en sus 68 municipios que, según, el Ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera, se encuentran en las áreas de control e influencia de las bases políticas del Partido Comunista Clandestino, el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia y las unidades guerrilleras y de milicias populares de las FARC-EP y del ELN.
Dos importantes hechos políticos y legales, de reciente manifestación, pareciera darle un dimensión política más amplia, a los tímidos y calculados pasos que en materia de la Guerra y la Paz Colombiana, viene desarrollando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El primero y de mayor valoración política, lo constituye el reconocimiento explicito, incluida en la novísima Ley de Victimas, de que en la República de Colombia existe un “Conflicto Armado”, lo cual modifica radicalmente la definición que sobre la guerra colombiana sostuvieron sus antecesores en el Palacio de Nariño, especialmente Alvaro Uribe Vélez, quienes siempre calificaron como un asunto de “Orden Público” del conflicto social y armado interno, con el fin de evitar el reconocimiento de Fuerza Beligerante a la insurgencia revolucionaria – conforme al Derecho Internacional Humanitario - y descalificar los motivos, claramente políticos, que animan el accionar militar y político de las FARC-EP y el ELN.
El segundo, proveniente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, esta representando por la histórica y emblemática decisión que declara inválida las pruebas promovidas por el Estado Colombiano con base a los datos que dicen fueron encontrados en los computadores del comandante de las FARC-EP, Raúl Reyes, muerto en el bombardeo de su campamento provisional en la provincia ecuatoriana de Sucumbío, en marzo de 2009, por considerarse que no cumplió con la cadena de custodia de la referidas pruebas y, por provenir de archivos que no tienen garantía de haber sido modificados o incorporados con posterioridad, a tales equipos electrónicos; decisión que desarma toda la trama montada por la inteligencia norteamericana y colombiana que, con el cuestionado aval del Director de Interpol, pretendió convertir tales instrumentos, en medios de persecución y acusación contra los demócratas y revolucionarios colombianos, dentro y fuera de su territorio y, con el movimiento de solidaridad.
Sin embargo; más allá de la pretensión del gobierno santista de impulsar su “Seguridad Inversionista”, que pareciera privilegiar los instrumentos sociales y políticos para la derrota de la insurgencia revolucionaria; el cuadro económico colombiano, hoy caracterizado por un estancamiento por los problemas con el mercado venezolano, los efectos devastadores de las lluvias, la renuencia del Congreso usamericano de aprobar el Tratado de Libre Comercio, la incapacidad financiera y humana de incrementar el pie de fuerza de combate y la continuidad de las operaciones militares de la insurgencia en las zonas económicas importantes del país; hacen presumir que este nuevo plan de las elites gobernantes de la República de Colombia, será un nuevo fracaso porque carece de un aspecto fundamental de la geometría política nacional y regional: el reclamo de una Paz justa y duradera, que reconcilie al pueblo colombiano y le brinde a todos sus ciudadanos y sus ciudadanas, sus partidos y movimientos sociales, las garantías suficientes para el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, la aceptación de todos sus proyectos políticos y la construcción de un país sin exclusiones ni represiones. Amanecerá y veremos.
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