Debió ser la conclusión del trabajo de investigación que adelantó una comisión de la Asamblea Nacional en 2006, pero tales fueron las dificultades para acceder a documentación y testimonios oficiales, militares y civiles, que sus miembros tiraron la toalla, convencidos de que era imposible superar esos obstáculos. Inexplicable que esto ocurriera, pero fue así. Y pareciera que fue necesario que llegara a la Presidencia de la AN alguien que, como Fernando Soto Rojas, viniera de esa generación de la lucha armada, conocedor como pocos de ese período de represión.

De manera que comienza a saldarse esa vieja deuda.

Aparentemente, nadie se opone. Desde hace años se denuncia el caso de los desaparecidos, figura que nace en la Escuela de las Américas, en Panamá y que traen a Venezuela, a comienzos del gobierno de Leoni, algunos de los militares que recibieron esos cursos; casos de denuncias de muertes y torturas, muchos de los cuales están recogidos en una bibliografía, de donde seleccioné estos títulos:

Expediente Negro, "…mas que un libro, es un registro inacabable de la violación sistemática de los derechos humanos, consumada por los gobiernos de la Cuarta República en Venezuela", escribe su autor José Vicente Rangel, quien se destacó por sus permanentes y valientes denuncias de tales crímenes y otras violaciones a los derechos humanos; Desaparición Forzada, con la "lista parcial de secuestrados, torturados y asesinados por el régimen puntofijista", de Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini, y el apoyo de MarÍa Teresa Tejero, Raquel Castro y Blanca de Vera, y Víctimas de la democracia representativa en Venezuela, de Raúl Zurita Díaz, editado en 2006, 288 páginas "sobre la criminal represión que padecimos en Venezuela durante los años de la democracia representativa 1958-1998…"

Su lectura, así como de otros testimonios, y las investigaciones de Pedro Pablo Linarez, demuestran de manera inequívoca que no estamos frente a "excesos policiales", sino de una política de estado, cumplida sistemáticamente durante años por los cuerpos policiales y militares responsables de la represión.


En el debate, la oposición objetó el período escogido, desde la caída de Pérez Jiménez hasta la elección de Chávez, pretenden que se alargue al presente. Es un contrasentido. Leyes similares en Argentina y Chile se limitan a los años de las dictaduras, cuando no fueron posibles las investigaciones policiales de esos crímenes ni los juicios a los presuntos responsables. Aquí en Venezuela hoy no es posible ocultar acusaciones de torturas y menos aún de eventuales crímenes políticos. No sólo el Ministerio Público y los jueces se ocupan de los mismos, sino que los medios y los partidos opositores están prestos a cualquier acusación y los ciudadanos afectados lo hacen públicamente.


En época de la dictadura de Gómez (1908-35), a pesar de las denuncias oportunamente hechas, no hubo tales enjuiciamientos y la situación se repitió luego de la dictadura de Pérez Jiménez, sólo unos casos fueron investigados y llevados a juicio, pese a que José Agustin Catalá abundó en publicaciones sobre sus crímenes. Los gobiernos y congresos respectivos nunca se ocuparon de investigar ni de enjuiciarlos, quizás por la presencia de personeros de esas dictaduras en las Fuerzas Armadas y en la administración pública. Tal como estaba ocurriendo ahora, hasta que finalmente se presentó el proyecto de ley.

Clodosbaldo Russián estuvo hasta su muerte preocupado por la impunidad frente a tales crímenes. Termino con recientes palabras suyas (Correo del Orinoco, 7 de febrero 2011):


"Nosotros nos hemos equivocado todo este tiempo al no tener una política de estado para investigar y esclarecer todos esos casos de asesinatos y persecución que hubo aquí por razones políticas…Yo me resisto a creer que aquí se hayan quemado todos esos expedientes y libros. ¡Eso tiene que estar disponible!, pero es que nunca se ha interrogado a nadie de los cuerpos represivos…No se ha investigado para castigar a quienes cometieron esos delitos, ni se ha divulgado lo que pasó".

En homenaje a su memoria, los órganos del Estado, comenzando por la Asamblea Nacional y por quienes han mantenido herméticamente cerrados esos archivos, deben saldar esa vieja deuda.

Aquí no es posible tapar acusaciones de torturas
o de eventuales crímenes políticos

Prudencia olímpica

La respuesta de Min-Deportes al COI y al COV no pudo ser mas prudente. Les aclaró que ni siquiera puede hablarse de un proyecto de ley, pues son varias las propuestas en estudio y que, en todo caso, la materia está en estudio en la Asamblea Nacional y en permanente consulta.

Todo hace suponer que una vez hecha ley, no estará en contradicción con el espíritu de la Carta Olímpica y que el COI, tan tolerante como ha sido con gobiernos que imponen los directivos olímpicos y federativos y los que tienen injerencia en los asuntos del CO, o que permitió la discriminación racial, sabrá entender que principios como el de la democratización de las elecciones en entidades deportivas no están reñidos con ese espíritu, y en el foro que al respecto organizamos en Últimas Noticias, no hubo discrepancias mayores. Por supuesto, deben existir ciertas limitaciones; por ejemplo, el derecho al voto no debería extenderse a los padres de los atletas seleccionados menores de edad.

En todo caso, lo importante es que este proceso de consulta, reflexión y debate continúa y seguramente permitirá acuerdos y consenso antes de que sea aprobada y refrendada.