Un primer paso de esa reflexión nos llevaría a admitir los hechos y a evitar esa actitud negadora de la actual situación de indefensión en la cual se encuentra el ciudadano promedio venezolano, y en mayor medida, aquellas personas que se atreven a abanderar causas que lesionan los intereses de grupos de poder.
Muchos estudiosos del sicariato convergen en afirmar que no es un fenómeno que viene de fuera, aunque su incremento puede verse directa o indirectamente influido por las actividades de narcotráfico y paramilitarismo.
Al respecto afirma Carrión Mena: “El sicariato no es sólo un fenómeno de unos sujetos aislados que usan la violencia para cometer homicidios por encargo, es algo mucho más complejo que ello, debido a que su realidad está asentada sobre la base de un conjunto de redes sociales que permean la sociedad y sus instituciones, y de una construcción valórica en términos económicos (toda vida tiene un precio) y culturales (el vértigo, el ascenso social)”
El fenómeno se incrementa en la medida en que su acción se minimiza y se hace casi invisible a la sociedad, ya sea porque no se investiga, no es reseñado, es reseñado pero en forma muy parca o con fines de espectáculo por los medios de comunicación.
En estos últimos años, Venezuela pareciera estar transitando por una dolorosa deslegitimación de sus instituciones de justicia, y por auge descontrolado del fenómeno del sicariato.
Sabino Romero, un líder yukpa que continúa la resistencia de sus ancestros para preservar la cultura y la vida de su pueblo, llegó una vez más, a mediados de mayo con su familia a la capital administrativa de un territorio que una vez fue un espacio habitado por caribes, valientes y aguerridos, a decirnos que los ganaderos y los militares de la zona los están matando, y que muy probablemente el próximo muerto sea él.
Sabino Romero ha visto morir a su padre, hijos, nietos, y a un número significativo de familiares y amigos por el simple delito de la dignidad. Sabino y su gente nunca han sido canjeables por dinero o por limosnas del mestizo, y por eso, por constituirse en traba para que saqueen su territorio -que es el pulmón de resistencia con que también nosotros seguimos respirando- lo peor del hombre mestizo clama por su exterminio.
La lucha de Sabino no es distinta a nuestras luchas. Sólo varía el escenario. En lo que va de año, han sido asesinados cinco compañeros. Las muertes más recientes, las de Leonel Romero, José Luis y Alexander Fernández, se suman al asesinato del dirigente campesino del movimiento Jirajara, Ramón Díaz, y al de Ragid Samán, hermano de Eduardo Samán, ocurrido en circunstancias que parecieran alejarse de las prácticas de la delincuencia común.
Ninguno de estos hechos ocupó el centimetraje mediático de los medios de comunicación: privados, públicos, y los ahora llamados alternativos. Ninguno aglutinó la opinión pública nacional e internacional ni sostuvo durante mucho tiempo el interés de la comunidad organizada (pueblo, organismos de investigación y juristas) para lograr develar los tentáculos que permean el sistema penal venezolano.
En Machiques de Perijá, en tierras de Sabino no se sabe, por ejemplo, de la realización de pesquisas policiales frente al caso del asesinato de los dos hermanos yukpas ocurrido en abril, cuyos cadáveres quedaron expuestos en la zona durante mucho tiempo ante la ausencia total de pesquisas policiales.
A menos de tres meses de este monstruoso evento, y después de las infructuosas peticiones de ayuda de Sabino Romero y su familia para que se les brinde protección, ahora nos matan a otros tres compañeros yukpas. Ahora exterminan a Alexander, a José Luis y a Leonel…
Permitir que esta peligrosa situación ocurra en un país -y en un país en donde nos vanagloriamos de levantar la bandera del socialismo- resulta ser desde todo punto de vista un contrasentido. No sólo los hechos revelan la disfuncionalidad del sistema, sino que también nuestras actitudes frente a él reflejan el avanzado estado de descomposición institucional en el cual nos encontramos.
Existen razones suficientes para considerar que estos hechos parecieran estar dirigidos a debilitar a los que luchan individual o colectivamente por restituir la dignidad y la justicia social tan atropellada aún a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Existen razones para pensar que está en marcha un plan de exterminio de las luchas populares en Venezuela.
Ninguno de los que creemos en la posibilidad de construir sociedades más justas podemos permanecer impasibles mientras nos matan a un compañero. No es lógico que fragmentemos las luchas y andemos clamando por reivindicaciones sectorizadas con nuestros oficios, profesiones, predominancia étnica, o pertenencia a grupos vulnerables. Necesitamos unirnos en una sola voz, una voz que le exija al Gobierno Nacional la investigación eficiente y efectiva de estos hechos, la identificación de los vínculos que pudieran existir entre el sicariato contra líderes populares, la criminalización de las protestas y la impunidad en la cual, en forma cada vez más recurrente, incurren los organismos jurisdiccionales del Estado venezolano con la anuencia tácita del mismo Gabinete Ministerial.
No podemos ser indiferentes ante lo que pareciera ser una silenciosa conspiración en contra del espíritu libertario de la revolución bolivariana.
“¿Hasta cuándo tanta impunidad, tanto silencio, tanta indiferencia?
Abandonar el silencio es detener la conspiración.”
