El problema de las cárceles venezolanas es definitivamente un drama que ha sido alimentado tanto por la ausencia de un Estado responsable en 40 años de seudodemocracia puntofijista, como por importantes niveles de ineficiencia en 14 años de gobierno revolucionario, y esto es una verdad del tamaño del sol. Sin embargo, hemos visto un extraordinario esfuerzo por parte del nuevo ministerio y la ministra Iris Varela, cuyo cargo estoy seguro que nadie puede envidiar, la valentía de esta mujer es inmensa, pero lamentablemente no es suficiente.
Las cárceles venezolanas, así como muchas de América Latina, se han convertido en una especie de tierra de nadie, donde quienes no han podido ser incorporados en el sistema social regular terminan viviendo un mundo paralelo, no sólo con el castigo moral y físico de la privación de la libertad, sino, en un espacio de tortuta moral y física, donde la teoría darwinista de la sobrevivencia se aplica como en el territorio más neoliberal de la tierra.
Quienes ahí pagan sus culpas, además pagan las culpas de la ineficiencia y la ineficacia de un sistema que no ha podido dar respuesta a la adecuada reincorporción de quienes han vulnerado la norma, o quienes por ser pobres no han podido acceder a un aparato de justicia de las más injustas e inequitativas de nuestro continente.
El problema de las cárceles no es exclusivamente su naturaleza, sino la injusticia del sistema judicial, y la criminalización de la pobreza como elemento fundamental. El asunto es que no hemos podido resolver el problema desde lo humano, y el proyecto socialista tiene esa deuda histórica, el reto no debe ser mejorar las carceles sino que éstas no sean necesarias. Pero creo por ahora, que lo primero que debemos lograr es que éstas sean lo más dignas posibles.
En el caso de Uribana, además el asunto se partidiza, y se pretende desde las carceles generar condiciones de desestabilización a través de ONGs que terminan siendo útiles para perturbar en lugar de ayudar a facilitar procesos, pero además el Gobernador de Lara junto a 18 voceros financiados por él en Uribana parece tener algún nivel de responsabilidad en lo que ha pasado.
El asunto es que este tipo de problemas pasa porque el Estado no ha sido fuerte, ni antes ni ahora, cuando hablo de fuerza no es brutalidad y masacre o violación de los derechos humanos, cosa que sí lo fue en la IV república, hablo de un Estado que tenga control y se haga respetar, que se imponga y que demuestre que quien conduce estos centros lo hace con eficiencia y eficacia.
Comprendamos el origen y los factores externos que buscan perturbar el problema, pero de manera crítica y autocrítica, reconozcamos que se ha fallado y que se debe corregir, sumando voluntades de quienes realmente desean aportar para la trasformación de un problema que es producto de un sistema incompetente para generar opciones reales de vida a quienes desean pagar por sus culpas y reincoporarse a la sociedad, pero que tambien ofrece el más contundente castigo a quienes se resisten, dándoles siempre la posibilidad de que rectifique algún día.
La fuerza del Estado debe imponerse, y el respeto a los derechos humanos no puede significar impunidad o un límite para que el Estado haga ejercicio de su autoridad. Ese sistema de clases carcelaria y la confrontación de bandas y muerte debe parar, Uribana y La Planta deben ser los últimos casos antes de empezar un proceso revolucionario real en el sistema judicial y penitenciario.
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