**** El Foro Penal Venezolano tiene en su coordinadora una infiltrada que ataca los cimientos profesionales de los penalistas que lo conforman.
María Fernández, Coordinadora del Foro Penal venezolano, tiene el orgullo de ser descubridora de la formula del agua tibia. Manifestó que en nuestro país “existe una legitimación del derecho penal como una amenaza y forma de persecución contra la oposición política”. La primera pregunta que se le haría a la dama de marras sería ¿en qué país el derecho penal no es una intimidación y una legitimación de la represión? El castigo a quienes se desvían de las normas acordadas por quienes tienen el control de la vida social, es uno de los instrumentos, junto con la persuasión, para garantizar la convivencia pacífica de quienes constituyen una comunidad política. Pero ella se refirió concretamente a la contención de la oposición política. Luego la pregunta debe reformularse, tal vez desdoblándose en dos interrogantes. ¿Dónde se excusan a los actores políticos, no privilegiados por inmunidad, de la comisión de delitos contra las personas, las propiedades y el Estado? ¿En cual sitio no se coarta a los antagonistas políticos, de un régimen legítimo, que obran al margen de las leyes? La respuesta a las dos interrogantes es, en ninguna parte. Todos los gobiernos –incluyendo en este término todas las manifestaciones del poder público- reprimen los actos, aun aquellos de contenido político, que constituyen violaciones expresas a las reglas que informan la vida social. Más aun. Esa es una de las razones fundamentales para justificar su existencia. Ni siquiera el mercado, que es considerado por los neoconservadores como el instrumento ordenador por excelencia, dispone de mecanismos distintos a la sanción penal para resolver los problemas que plantean las amenazas a la seguridad de las personas y al orden público. De modo que la Coordinadora del Foro Penal pareciese que estuviese divorciada de la razón de ser de su propio campo funcional.
Un hecho absolutamente distinto es el acoso a quienes ejercen legalmente la oposición política. Y en ese particular sería interesante conocer el tribunal frente al cual se esta usando el derecho penal para coartar las actividades de las fuerzas de oposición venezolana. Lo que es ostentosamente manifiesto es la impunidad que gozan aquellos que han atentado, por razones políticas, contra la integridad de las personas y la paz pública. Tal vez una de las mayores vulnerabilidades del régimen actual. Aunque esta debilidad la subsane el desgaste, por el desprestigio, de los factores de oposición. Como me contestó algún allegado, “ellos se cuecen en su propia salsa”. No obstante, en mi criterio, no dejan de ser un riesgo para la convivencia pacífica y constructiva entre los ciudadanos y las clases que ellos configuran. Y la materialización de ese riesgo sería de la responsabilidad exclusiva del poder público, ejercido por los distintos niveles de gobierno de la sociedad. Ese exceso de tolerancia conlleva el riesgo de la ingobernabilidad de la comunidad política. Un peligro que se traduce en anomia.
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