La elección de Donald Trump es un tsunami para los inmigrantes, declaró el abogado especializado en este tema José Pertierra al comentar sobre el impacto casi inmediato del triunfo del candidato más antimigrante en tiempos modernos.

Cuenta que el mismo miércoles que se proclamó el triunfo de Trump, clientes llamaron o llegaron a su oficina en Washington alarmados y ansiosos para preguntarle, algunos con lágrimas, qué pasaría con ellos una vez que Trump llegue a la Casa Blanca.

El abogado de inmigración, con más de 40 años de experiencia y también analista de relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe, señaló en entrevista con La Jornada que los indocumentados “saben muy bien lo que esto implica, quitarles diferentes protecciones que tienen [para evitar la deportación en espera de la legalización permanente], de hacer muy difícil litigar casos de asilo y que Trump ha prometido deportar a todo el mundo… que no tenga papeles”.

Ante ello, aquellos que sólo tienen protecciones transitorias como el Programa de Protección Temporaria (TPS) o el llamado DACA para quienes llegaron como menores de edad en un cierto periodo, o que tienen casos pendientes de legalización o asilo “están horrorizados y quieren saber qué se puede hacer. Me preguntan si se les pueden quitar esas protecciones y les tengo que decir: ‘bueno, un presidente que tendrá control de la Casa Blanca, el Congreso y la Suprema Corte, junto con muchos jueces federales en Estados Unidos, porque son jueces de él, ese presidente puede quitar el TPS o el DACA de un plumazo”. Esos programas existen por orden ejecutiva y, por tanto, pueden anularse por otra orden ejecutiva.

Ayer, al llegar a un autolavado, salieron unos 20 salvadoreños después de que uno lo reconoció –Pertierra es muy popular entre los inmigrantes de Washington, DC y además tiene un programa semanal en Univisión donde responde a preguntas sobre asuntos legales migratorios– para preguntarle qué esperaba, qué remedios había, qué sucederá con sus familias.

En la oficina, un padre indocumentado le preguntó qué podría hacer ya que tiene una hija de tres años que nació en Estados Unidos, pero ahora está asustado de que Trump lo vaya a deportar y no quiere separarse de ella. Estas son el tipo de preguntas incesantes y llenas de preocupación que recibe, y para Pertierra lo peor es no poder decir nada para tranquilizarlos, ya que todos están bajo amenaza al anularse las pocas protecciones existentes.

Ese temor es parte de la estrategia de Trump, señala. Ya hay un clima de terror entre los inmigrantes, que saben lo que les espera, subraya y repite, es un tsunami para ellos. Explica que Trump busca nutrir ese temor con un propósito: La cosa es que él promete deportaciones masivas, pero eso va a ser un poquito difícil con el sistema que tiene. Pero lo que sí puede hacer, si le quita a la gente el TPS, el DACA, el permiso de trabajo, si lanza redadas, él está pensando que la gente se irá por su propia cuenta. Esa es la jugada.

Los inmigrantes saben que eso es lo que quiere Trump. “Entonces, uno me pregunta, por ejemplo: ‘¿si me quedo sin el TPS, hay alguna esperanza en el futuro?’ Sólo puedo responderle: ‘no sé’.

El problema, no sólo para mí, sino para todos los abogados de inmigración, es que nos quiten las herramientas para poder defender a nuestros clientes. Que si no tenemos la posibilidad de pedir asilo, si no tenemos el TPS que protege al cliente mientras le resolvemos de otra manera, entonces, ¿con qué podemos detener una deportación?, explicó Pertierra.

Además, será más difícil proceder con casos de inmigración ante los tribunales. Recuerda que Trump nombró a una pila de jueces federales en todo Estados Unidos, no sólo a la Suprema Corte, y están entre los que revisan los casos de inmigración después de que hay un fallo de los juzgadores especializados en esa materia. Al afirmar que los jueces de inmigración, no los federales, son jueces, mentiría, ya que verdaderamente son empleados del Departamento de Justicia y trabajan para el jefe de esa secretaría, quien es el procurador general de la nación. Por tanto, si esos jueces de migración no aplican la política del ejecutivo, sus fallos pueden ser anulados y ellos pueden ser despedidos. Por tanto, para apelar sus decisiones en torno a casos de inmigración, uno tiene que acudir a los tribunales federales, pero muchos de sus titulares fueron nombrados por Trump.

Me siento como esos cristianos a los que los romanos mandaban a luchar contra los leones, pero desnudo, concluye.

Riesgo para príncipe Harry

Y sólo para ilustrar lo preocupante que es todo esto, hasta un integrante de una familia real podría tener problemas migratorios en Estados Unidos. Se especula que el príncipe Harry de Inglaterra podría enfrentar problemas bajo un gobierno de Trump por haber mentido en su solicitud de una visa para residir en Estados Unidos al no divulgar que había usado drogas (algo que reveló en su autobiografía), reportó el Times de Londres. El rotativo recuerda que el magnate anteriormente había mencionado que consideraría deportar a Harry, quien vive en California con su esposa y dos hijos, si es que mintió en su solicitud. No lo protegería, traicionó a la reina, dijo en febrero. Eso es imperdonable. Expertos dicen que aunque Trump tiene el poder de deportar a príncipes, podría dejarlo en paz si interviene el rey Carlos.

Pertierra señala: si hasta un príncipe inglés inmigrante corre riesgo bajo el gobierno de Trump, imaginen lo que enfrenta un trabajador latinoamericano.

Por ahora hay 863 mil 880 extranjeros provenientes de 16 países protegidos temporalmente bajo el TPS. Unos 530 mil jóvenes están respaldados por el DACA, aunque hay 3.6 millones en total de los llamados dreamers que califican para protección por ese programa, según cifras calculadas por el Immigration Forum.

Mientras tanto, organizaciones de defensa de inmigrantes alrededor del país instaron a los extranjeros a buscar asesoría legal para sus casos y prometieron hacer todo lo posible a fin de proteger a esas comunidades ante la ofensiva en su contra que se espera empiece cuando Trump llegue a la Casa Blanca, a partir del 20 de enero.

*Corresponsales de New York y Washington