Con la puesta en práctica de la Operación Libertad y Protección al Pueblo (nombre bien contradictorio), la “democracia” venezolana se parece cada vez más a sus pares europeas, latinoamericanas y estadounidense, al menos en lo que a represión brutal a las masas respecta. Detenciones arbitrarias, desalojos violentos, amedrentamiento, ejecuciones extrajudiciales y pare de contar, son acciones realizadas, en teoría, para combatir al paramilitarismo y otras forma de delincuencia en Venezuela. Y cómo siempre ha ocurrido en la historia republicana del país sudamericano, la supuesta lucha contra la delincuencia ha tenido en la mira casi exclusivamente a los pobres, culpables de los males habidos y por haber según la élite y la institucionalidad que le ha favorecido (institucionalidad burguesa).
Realmente la OLP (como se conoce por sus siglas a la operación arriba mencionada), más allá del supuesto combate a la delincuencia, es una estrategia gubernamental de cara a evitar una posible insurrección de los pobres debido a la difícil situación socioeconómica; se trata, ante la imposibilidad de llevar a cabo soluciones estructurales para resolver la actual crisis del rentismo venezolano, de someter a como dé lugar a millones de venezolanos enfurecidos por fenómenos negativos como el alto costo de la vida y la escasez. Saben bien las autoridades “socialistas” que la actual conflictividad, caracterizada entre otros hechos por la realización de algunos saqueos al comercio y al transporte, puede tornarse mucho más peligrosa y salirse de control, hasta el punto de desembocar en un estallido social al estilo de “El Caracazo”, situación que de una u otra forma haría temblar al Statu Quo capitalista.
Tanto que critica el actual Gobierno venezolano al periodo puntofijista en materia de Derechos Humanos, y resulta que abierta y descaradamente está aplicando prácticas represivas similares a las del pasado. A manera de ejemplo señálese la reciente ejecución extrajudicial a plena luz del día en el estado Aragua, el desalojo violento de cientos de personas (incluidos niños) de sus hogares en el eje panamericano de Caracas, y la detención y encarcelamiento de ciudadanos humildes sin respetarse el debido proceso, procedimiento que si se hace en el caso de los ricos. Por cierto, los cuerpos armados al servicio de la “Revolución” siguen ejecutando una acción típica de Europa y Estados Unidos, y que se creía superada en la Venezuela de hoy: la despreciable y discriminatoria revisión en la calle de documentos personales a quien tenga “pinta o cara de malandro o sospechoso”. Quien esto escribe ha sido víctima de esta nefasta acción en dos oportunidades en los últimos meses, sin estar haciendo absolutamente nada fuera de lo común; simplemente la “pinta o cara de malandro o sospechoso” (no ser agraciado) fue la excusa para la revisión documental arbitraria, por parte de la Guardia Nacional en una oportunidad, y del CICPC en la otra.
Y para quienes insisten en señalar que la OLP si es una estrategia para combatir a la delincuencia, ignorando así su finalidad represiva, se les reitera que el malandraje común y el de élite sólo desaparecerán cuando se ataque el problema desde su raíz: “Si en verdad se quisiera luchar contra la delincuencia común y de élite, se tendría que desmontar el Estado burgués, dada la naturaleza delincuencial del capitalismo. El socialismo primero, y el comunismo luego, son los únicos caminos para forjar al hombre nuevo, solidario, respetuoso, pacífico, humano en toda la extensión de la palabra” http://www.aporrea.org/ddhh/a211554.html
