Pocas horas después del asesinato de los jóvenes Andrés Eloy Nieves y Víctor Torres, fui contactado por compañeros y compañeras políticamente activos e informado de la situación, que todavía era confusa. Me referían que eran jóvenes que participaban políticamente y que los testimonios de los testigos apuntaban a un ajusticiamiento. Poco después nos sumamos a una campaña de denuncia, exigiendo una investigación. Luego la familia articuló un relato con la denuncia y se dio a conocer ampliamente. Mientras que los medios de siempre, reproducían la nota de prensa oficial, en la cual se narraba un hecho policial basado en la ficción y que los fallecidos eran unos delincuentes. A la denuncia pública se sumaron varios medios de comunicación alternativos, vinculados con la Guacamaya TV, espacio donde participaban los jóvenes ejecutados.
Los resultados fueron sorpresivamente rápidos, el Fiscal General Tarek W. Saab asignó dos fiscales para investigar el caso y se determinó prontamente que la narrativa oficial, no se correspondía con la realidad de los hechos y en consecuencia se presumía de una acción ilegal por parte de los funcionarios de la Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, conocida por todos como "el Faes". Acto seguido se libraron órdenes de captura para nueve personas, de la cuales se detuvieron en primera instancias dos y luego tres; presumo, con la información pública disponible, que hay gente en búsqueda y captura.
Lo anterior generó una tanda de pronunciamientos de actores políticos del chavismo, desde el Ministro del Poder Popular para la Relaciones Interiores, pasando por nuestro gobernador Omar Prieto y el alcalde Willy Casanova. Además de toda la pléyade del Frente Francisco de Miranda y la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde estaba vinculado uno de los compañeros fallecidos.
La denuncia pública hizo efecto y no solo se dictaron órdenes de aprehensión contra los funcionarios actuantes en el hecho, sino contra sus jefes que los encubrieron, incluso una persona la fiscalía que actuó fuera del derecho. La vida de estos sujetos, cambió y ahora forman parte del embrollo judicial, que algún día los procesará y demostrará su responsabilidad. Por ahora son parte de la población penal no juzgada.
Luego de todo este cuento, pregunto ¿estamos mejor? Sí, pero no deja uno se sentir que algo falta. Digo que la manera en que desencadenó la situación no resucita los compañeros asesinados, pero ahí asoma un atisbo de justicia. Ahora bien, cuando digo que algo falta, me refiero a que esta no es la única denuncia que existe contra "el Faes" en Venezuela, son múltiples y frente a ellas persiste la inacción y silencio oficial como norma. En el caso que tratamos en esta nota, podemos decir que la diferencia está en que los jóvenes que asesinaron estaban vinculados políticamente y esto aceleró las diligencias. La mayoría de las familias que denuncian no tienen este atributo, de allí el título de esta nota: ¿Dónde hay que militar para importar? Que no es la primera que escribo sobre este asunto. Ya hace años, en 2013, escribí una titulada ¿De quién hay que ser hijo para importar? Y me refería a la celeridad de las investigaciones en torno al asesinato de un hijo del dirigente político de oposición Claudio Fermin.
Ratifico que nuestra revolución tiene una deuda pendiente con nuestro pueblo: un sistema de justicia que erradique a impunidad, venga de donde venga. Lo que necesariamente exige que los cuerpos policiales deben ser sometidos a escrutinio, en particular la Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Todas las denuncias deben ser investigadas, sin importar la filiación familiar y política de la víctima o su familia.
