Durante los 40 años de la IV República, el acaparamiento y la especulación fueron estrategias infalibles para los inescrupulosos que querían incrementar el precio de los alimentos.

Por supuesto, los gobiernos inmorales de ese entonces cedían a las presiones y los hambreadores del pueblo se terminaban saliendo con la suya.

No hay mucho para analizar que la gente desconozca al respecto: gobiernos y especuladores estaban estrechamente relacionados en función de sus intereses y en contra del pueblo.

Acaparaban los productos, creaban un desabastecimiento ficticio para estrangular a los compradores y el gobierno ordenaba el incremento soportado en esos discursos retóricos, que justifican el aumento para no arruinar a los comerciantes, sin siquiera detenerse a analizar los estragos que causan en el deteriorado poder adquisitivo de los más necesitados.

La escasez era llevada a tales extremos, que la población clamaba por los aumentos, para que los comerciantes sacaran el producto a la venta.

Como no había gobierno que los defendiera, preferían el sacrificio de pagar, que la impotencia, por ejemplo, de un niño llorando de hambre, porque no se conseguía un pote de leche.

Aunque los mismos especuladores, después que originan la escasez, sacan el producto escondido, para venderlo a precios elevados y lograr ganancias exorbitantes.

Así que fueron cuatro décadas, como dije al principio, aplicando esas maniobras miserables, años suficientes para que los comerciantes irresponsables las internalizaran, las asumieran como trabajo, negocio, y se acostumbraran a enriquecerse estafando al pueblo. Ahora llevan ese delito en el alma, como sangre en las venas, como modo de vida.

Afortunadamente, la población cuenta con un Gobierno nacional que la defienda. Muchos seguro que ríen con esta afirmación, pero sabrá Dios a cómo estuviera la carne, el pollo y otros alimentos, sino hubiesen regulado los precios.

Anteriormente, esos comerciantes insensatos pasaban como víctimas, incluso, si en última instancia había que responsabilizar a alguien de los incrementos, se acusaba al gobierno. Ellos siempre resultaban airosos y bien parados ante la opinión pública.

Ahora quieren hacer lo mismo, pero les falla la estrategia. En el caso de la carne, intentan argumentar que la escasez de este alimento lesiona a los vendedores de pastelitos y empanadas.

Pretenden sensibilizar a la población haciendo creer que les importan mucho estos vendedores, pero eso no es más que un perfecto caradurismo y la gente lo sabe. Si les preocuparan, les doliera despojarlos de 20 mil bolívares y más por un kilo de carne.

La gente se convenció de que esos incrementos no son más que una desmedida ambición de intermediarios que no trabajan, sino que quieren enriquecerse de un día para otro.

En el negocio de la carne y de muchos otros productos de primera necesidad, existen personas que no tienen ni hacienda, ni frigoríficos, ni carnicerías, ni ningún tipo de negocios. Sólo son oportunistas que compran una mercancía a un precio y la revenden a otro. Y ese incremento lo paga el pueblo.

En tal sentido, insisto en que los especuladores se equivocan. Ya la gente no les cree y cuentan con un Gobierno que los protege, sin embargo, muchos carniceros de la zona sur de la ciudad, principalmente los ubicados en el kilómetro cuatro, siguen reacios a acatar las medidas y continúan vendiendo por encima del precio oficial.

Y esto es bueno que lo sepa el Indecu. Muchos establecimientos tienen la lista visible de precios regulados, pero cuando la gente va a cancelar, le cobran más caro tras un “lavado de cerebro” según la cual la medida del gobierno los arruina. En otros casos ni siquiera la exhiben.

Generalmente los comerciantes conocen al cliente y eso les permite identificar a alguien camuflado de ese instituto. De modo, que la gente del Indecu debe ser muy cautelosa, de lo contrario los inescrupulosos se seguirán saliendo con la suya y no faltará quien diga que el gobierno de Chávez es puro bla bla.

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