El presidente de Colombia ha anunciado una “ofensiva final” de 139 días, en contra de las organizaciones insurgentes colombianas, para alcanzar la prometida victoria militar, antes de finalizar su segundo período de gobierno y, después de ocho años de guerra fraticida.
Su anuncio no produjo mayor impacto mediático y, aparentemente, no ha tenido un efecto inmediato en la intensidad de la confrontación bélica de las Fuerzas Armadas y policiales contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP y, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, por lo que podría tomarse como una simple declaración efectista de quien, a todas luces, siente el peso de una derrota militar y política, expresada en su incapacidad para derrotar a las organizaciones guerrilleras – pese a amplio apoyo logístico, armamentista y de inteligencia de los Estados Unidos - y, su fracaso en conseguir la reforma constitucional que le permitiera participar en las elecciones de mayo 2010
Sin embargo; tratándose del presidente Uribe y del contexto político en el cual da este anuncio de “guerra total y definitiva” contra la insurgencia armada, no se debería tomar como simple bravata de un derrotado en retirada, por cuanto podría tratarse de una orden para alcanzar el máximo resultado en el campo de batalla antes de salir del Palacio de Nariño, con el fin de crear un escenario nacional y fronterizo, lo suficientemente crispado, como para generar al interior de Colombia, una sensación de inseguridad que fortalezca la propuesta guerrerista de Seguridad Democrática que él, y sus continuadores políticos, Juan Manuel Santos y Noemí Sanin, defienden como el único medio de alcanzar la paz en Colombia.
Pero especialmente, la “ofensiva final” del presidente Uribe podría tener como propósito, crear un ambiente generalizado de guerra que saque del escenario electoral los temas centrales de la Paz con Justicia y Canje Humanitario y, evite que las propuestas de solución política negociada del conflicto social y armado planteados por las FARC-EP y el ELN se hagan parte importante del debate electoral, favoreciendo las candidaturas que representan la continuación de la alianza estratégica entre la oliburguesía santandieriana y el imperialismo norteamericano.
Una escalada en la intensidad del enfrentamiento armado colombiano, en medio del actual proceso electoral presidencial, sin duda, favorece a las fuerzas reaccionarias y pro-imperialistas que, en Colombia, promueven la continuación del conflicto armado y social interno, con el fin de mantener la desestabilización política en el continente suramericano, lo cual sirve a los propósitos del imperialismo norteamericano de reunificar su bloque de gobiernos subalternos, enfrentando a las corrientes soberanistas y progresistas del ALBA, mientras neutraliza a los sectores intermedios que tienen contradicciones con el imperialismo pero mantienen cauta distancia de esta confrontación geopolítica.
Por eso, esa “ofensiva final” uribista, empujará la confrontación armada más allá de sus fronteras oriental (Venezuela) y occidental (Ecuador), favoreciendo la estrategia de la godarria santanderiana y el gobierno de los Estados Unidos de mantener su ofensiva mediática global acusando a estos dos países, de estar inmiscuyendo en sus asuntos internos y de favorecer las actividades de las fuerzas insurgentes, con el propósito de construir un cerco político internacional en contra de los gobiernos del comandante presidente Chávez y el presidente Correa y utilizar tal acusación como un medio xenófobo de favorecer a los candidatos de la oliburguesía santanderiana.
Los próximos 139 días uribistas pueden afectar el curso de la integración y la paz en Nuestra América, por lo que hay que mantener la contraofensiva antimperialista para neutralizarla ésta u otra maniobra que ponga en peligro la Paz y los cambios soberanistas con Justicia Social en Nuestra América.
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