La multitudinaria manifestación celebrada este sábado 24 de Abril, en la ciudad de Madrid y las que le acompañaron en otras ciudades del Reino de España, confirman que la memoria histórica de los pueblos y su reivindicación de la Justicia, es capaz de vencer los tiempos y sobreponerse a las decisiones de Estado que afectan los derechos sus ciudadanos y ciudadanas.
El enjuiciamiento del magistrado de la Audiencia Nacional, Baltazar Garzón, por el presunto delito de “Prevaricación”, por haber iniciado una causa judicial probable en favor del derechos de los descendientes de las víctimas del sanguinario dictador Francisco Franco, ha movilizado los más diversos componentes de los pueblos integrados al Reino de España, ya no solo con el fin de solidarizarse con el magistrado español que se ha atrevido a investigar tales Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad cometidos por el franquismo, sino para reivindicar el Derecho a la Justicia, consagrados en la Convención Europea sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, suscritos ambos por el Reino de España.
Este conflicto entre entre el Derecho a la Justicia y la “Razon de Estado”, nace con el acuerdo de 1.976 de los grupos franquistas, socialistas y comunistas en el Congreso de los Diputados de España, de “garantizar la transición democrática pos-franquista”, mediante la aprobación de una “Ley de Amnistia”, que deja en la impunidad los crímenes cometidos por la larga dictadura franquista (1.939-1.975), con lo cual se negó la posibilidad legal y moral de llevar a los tribunales, especialmente, los casos relacionadas con la cruel venganza aplicada contra los vencidos, a quienes se les encerró en campos de concentración, se les impuso trabajo esclavizado y se les fusiló con base a sentencias vergonzosas, desaparieciéndo sus cadáveres, robándoles sus bienes, además de negarles el derecho al retorno a sus Patrias a los exiliados.
Sin embargo, el mismo Estado Español, negando todo paralelismo histórico, político y legal con los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1.973-1.988), a través del ahora procesado magistrado Baltazar Garzón, consideró jurídicamente nula la Ley de Amnistia chilena y, con base al principio de “Jurisdicción Universal”, abrió una investigación contra el sanguinario dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte, acusándolo de los mismos delitos por los que hoy, los sobrevivientes y familiares de los represaliados españoles, reclaman que sea desaplicada la cuestionada Ley de Amistía española.
En término de los hechos históricos de la España Franquista y el Chile Pinochetista, existe una plena identidad en el tratamiento del Derecho Internacional que sanciona los Crímenes de Lesa Humanidad y declara sus imprescriptibilidad, por lo que el Reino de España debe hoy responderle a sus ciudadanos y ciudadanas y a la Comunidad Internacional, de la misma manera como desconoció las vergonzosas leyes de impunidad con las que los asesinos pinochetistas pretendieron protegerse de la Justicia de Chile y de la historia.
Solo así sera posible que superar este trágico período de la historia de los pueblos incorporados al Reino de España y darle a los sobrevivientes y descendientes de las víctimas la reparación moral a la que tienen derecho.
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