Existen dos corrientes que se excluyen mutuamente en materia de políticas agrícolas. La primera que se enmarca en las llamadas políticas integrales, que no es más que considerar todas las variables de los procesos que ocurren en las cadenas agroalimentarios en la adopción de decisiones. De esos análisis puede resultar, a manera de ejemplo, que para impulsar las fallas de semilla en la cadena del maíz, el Estado deba propiciar entre otros aspectos, el uso de riego, tanto para el período seco como apoyo complementario ante lo errático del clima actual, en el período de lluvias. Analizados muchos temas, en un diálogo abierto y sincero, se llega como consecuencia de unas expectativas a estimar los costo de producción y un precio conveniente para la sociedad, que incluye al Estado, los productores, los intermediadores necesarios, si los hubiere, y la agroindustria, para finalmente llegar al consumidor. Este enfoque para muchos políticos y pragmáticos es muy tedioso. Se oponen a las políticas integrales porque consideran que el precio al productor es, de por sí, el mejor estimulo para que la producción primaria genere buenos resultados.
Este segundo enfoque trata de impulsar arreglos de costos y precios con varios actores de la cadena, lo cual se transforma en una ruptura de la armonía de las partes por la simple expectativa de quedarse con la mejor tajada que deben pagar los consumidores. Son estos los que en definitiva dinamizan el sector agrícola. En la situación general del país, los ingresos del consumidor son destinados entre 60 a 100% a la satisfacción de necesidades alimentarias. De allí que la buena fortuna del sector comercial e industrial de los alimentos se debe a esta descapitalización de la mayoría de los consumidores.
FEDEAGRO, en el pasado tuvo en su página una gráfica sobre la evolución histórica de los precios del maíz que se debía pagar a los productores primarios; también la gráfica presentaba la evolución del precio al consumidor de la harina precocida (no consideraba otras posibilidades como aceite, gluten, afrechos). Esa gráfica que recuerdo era una especie de barquilla inclinada. Al principio los precios eran muy próximos y luego el sector agroindustrial amplió su precio y fue dejando una brecha cada vez más grande entre ambos, productores e industriales. ¿Qué se hizo esa gráfica? Aún con las distorsiones que genera la importación de maíz subsidiada, la expectativa de quitar una mayor tajada en el esfuerzo del trabajo del consumidor, es la pretensión del sector agroindustrial. Polar aspira que el precio de la harina precocida "normal", sin mezcla, sea unas seis veces el precio al cual ha estado recibiendo el maíz actualmente.
Entonces, como en efecto quiere hacer el ministro Castro Soteldo, aunque tardíamente, los costos y los precios deben ser parte de un enfoque integral en las cadenas. Se requiere mejor sustento estadístico, mejor uso del enfoque sistémico, mejor reconocimiento a las posibilidades ecorregionales y mayor valor de uso de la planificación en la agricultura. Incluso permite detectar cual es el verdadero subsidio que se le da a la agricultura. Pero lo impactante es que puede también incentivar la producción y disminuir las brechas que el otro sistema de precios negociados con los parciales ha generado; y todavía mejor para todos, frena la expoliación a la que estamos sometidos los consumidores. Hay otros problemas a solucionar. Los costos que presionan al precio de los alimentos se establecen por el menos eficiente. Y también, los costos se inflan en una intermediación despiadada que ha sido un calvario en los últimos cincuenta años.
Todo esto debe tener una lógica de rectificación para una revolución en la agricultura que no termina de arrancar. La inercia importadora nos tiene devastados. Es realmente preocupante no disponer a estas alturas del precio para el maíz en la cadena del ciclo pasado ni para el arroz del ciclo actual. Sin embargo, hay una especie de negación hacia lo interno, pero somos unas piernas abiertas a lo importado. El maíz que ha entrado al país, pagado en dólares, es considerablemente alto en relación con lo que reciben nuestros agricultores. El procesado es 18 veces más costoso que el subsidiado nacional. En el caso del arroz brasileño, el precio al consumidor, es de 4500 Bs/Kg tres veces el que le han asignado al arroz procesado industrialmente en nuestra Patria.
¿Algún agricultor puede llegar a pensar que ese sacrificio en divisas es justo? ¿Algún agricultor puede pensar que su esfuerzo tiene sentido, si el también es un consumidor? ¿Qué consumidor puede imaginarse algo diferente a componendas sucias cuando ve estos diferenciales de precios?
¿La Gaceta Oficial resumirá prontamente la integralidad de la política agrícola?
¡Qué así sea!
