El tema de la baja capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores y las trabajadoras venezonalos(as) y la necesidad imperiosa de que sea abordada una solución a dicho problema cobra cada día mayor relevancia. Es un hecho indiscutible que existe una amplia brecha entre el salario y el costo de los insumos básicos para la vida digna de la familia trabajadora venezolana. Así como es un hecho también el ensanchamiento de la brecha de desigualdad entre las mayorías que tienen poco y las minorías que más tienen. Creemos, entonces, que este es un asunto económico prioritario, que debe ser abordado de forma contundente por el gobierno bolivariano en la medida de que es un determinante central de la calidad de vida de las grandes mayorías nacionales, cuyo bienestar y dignidad son la razón de todo proceso revolucionario.

Lo primero que hay que considerar al abordar el tema es que la actual coyuntura económica tiene, además de otras variables, como la caída del precio de petróleo, una principal: el criminal bloqueo financiero y comercial al cual EEUU somete a nuestro país. Esto no sólo determina contundentemente la actual crisis económica sino que condiciona las posibles respuestas, acciones o medidas que puedan tomarse para enfrentarla. Ese marco limita con fuerza la capacidad de actuación del gobierno nacional, reduce enormemente el margen y la libertad de actuación, así como las alternativas que se pueden construir.

De allí que sea necesario que el diagnóstico y las propuestas se eleaboren sin caer en posiciones ortodoxas, cerradas ni en una defensa acrítica o a ultranza de la política económica del gobierno. Se trata de comprender una realidad, buscar sus causas y darle respuesta, especialmente en este caso donde el principal afectado es el "sujeto de la revolución". La complejidad del escenario es de tal magnitud, que las propuestas no pueden surgir estrictamente de marcos y modelos teóricos, idealistas, sino que deben implicar un profundo realismo revolucionario, en donde el centro debe estar puesto en la consecución progresiva del bienestar del ser humano.

Así, se trata entonces de construir una respuesta al angustioso cuadro económico y social de la mayoría de nuestra población, en un país bloqueado, asediado por una poderosa potencia internacional, con el corazón de su economía, que es la industria petrolera, profundamente golpeado, un país con sus ingresos mermados gravemente, un país con serios problemas en su aparato productivo, en la generación de energía, un país con problemas complejos en el funcionamiento del Estado, en su eficacia, transparencia y eficiencia. Se trata de, en este contexto, reivindicando el horizonte transformador y de justicia social de la revolución bolivariana, construir una alternativa económica que logre dar respuesta.

Una primera realidad que debemos, entonces, aceptar, es la dificultad para construir una propuesta que dé cuenta de todos los desafíos que tenemos por delante. Pero es posible, sí, trazar un plan estratégico, dotar al país de una política coherente y planificada, con una visión consensuada de qué se puede hacer y qué no en las actuales condiciones, que permita ir resolviendo progresivamente los problemas. Es aquí donde debe aparecer como rectoría central el carácter clasista del gobierno bolivariano, su opción por las grandes mayorías trabajadoras, su definición humanista, que prioriza los intereses nacionales y nuestra soberanía, así como a los sectores productivos con vocación nacional.

Entonces, en primer lugar, creemos que debe haber acciones concretas orientadas a mitigar el impacto de la crisis y el bloqueo en las grandes mayorías. En ese aspecto es necesario reconocer el esfuerzo del gobierno nacional en las políticas de asignaciones monetarias, en la distribución subsidiada y masiva de alimentos, en sostener la gratuidad de la salud y la educación públicas, entre otras. Sin embargo, es necesario reconocer que dada la magnitud del impacto social de la crisis y el bloqueo, estos esfuerzos no son suficientes. Mención aparte merece el enorme y eficaz esfuerzo y despliegue, en recursos, insumos y personal humano, dirigido a combatir la pandemia de Covid-19.

Reconocida entonces la necesidad de un esfuerzo mayor, es que planteamos la necesidad de un conjunto de medidas que refuercen, que acompañen y amplíen la capacidad de protección del Estado hacia las grandes mayorías trabjadoras, hacia la economía familiar, de la pequeña y mediana empresa, hacia el empleo y los ingresos familiares, es decir, hacia los eslabones sociales y económicos más afectados. Allí es clave una política económica que defina objetivos y metas claras y realistas en aspectos concretos como, por ejemplo, la reactivación productiva del sector agrario e industrial nacional, con énfasis y prioridad en los sectores medianos y pequeños, sociales y comunales. Esta política debe tener como prioridad una política fiscal y tributaria que cumpla con el objetivo central de que quienes más ganen y tengan sean quienes más aporten al desarrollo del aparato económico general. En este aspecto es necesario señalar que no es cierto que en contextos de recesión económica no sea posible aumentar y aplicar medidas tributarias a los sectores que más capital han acumulado: a partir de una identificación transparente de cuales son los sectores que, aún en medio de la crisis, han mantendido y aumentado sus márgenes de ganancia y acumulación de capital, definir una aplicación de medidas tributarias especiales: sectores como la banca o el sector comercial importador, por ejemplo. Se trata, insistimos, en una capatación de recursos por parte del Estado para ser distribuidos tanto a lo social como al estímulo y empuje del aparato productivo.

Otra prioridad de esta política económica debe ser el tema financiero y crediticio, que implica una mayor flexibilización del encaje bancario, bajo un plan de control estatal que permita construir un fondo dirigido a la reactivación productiva sobre todo de la pequeña y mediana empresa del sector agrícola y agroindustrial.

En el marco de una política integral que aborde lo que aquí venimos planteando, es necesario, además, un plan progresivo, concreto y planificado que apunte a la recuperación de la economía familiar y del salario real de los y las trabajadores(as) del país. Es aquí donde planteamos la necesidad de establecer una asignación económica universal por el orden de los 50$. Esto es posible si el Estado hace uso de su atribución para hacer una política de aumento del financiamiento productivo y una política, temporal, de renta univeral. Esta medida puede considerarse por un tiempo definido, de al menos dos años, de modo que se mejoren las condiciones sociales de la familia venezolana a la vez que se reactive la demanda y la producción.

Todo esto es posible adelantarlo aún en el grave contexto de limitaciones y restricciones en que se encuentra el país. Es no solo posible sino necesario. Y es necesario además que esto ocurra en una profunda ampliación democrática del debate económico y de la construcción de consenso entre los sectores económicos y políticos comprometidos con la soberanía y el desarrollo nacional.

Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora