A 786 días del inicio de la contingencia en la República Bolivariana de Venezuela producto de la pandemia global de la Covid 19, en el inicio de la semana 113 de esta contingencia, y siendo el martes 10 de mayo de 2022, trataré un tema extremadamente importante, tal vez de alta política que hay que sopesar con respecto a ciertas decisiones que el Primer Mandatario Nacional ha tenido que adoptar en estos últimos tiempos.

´La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que fue producto de una Asamblea Nacional Constituyente en 1999 convocada por iniciativa del Comandante-Presidente Hugo Chávez Frías, y producto de un amplio debate que nadie puede negar, y aprobada mediante referendo el 15 de diciembre del mismo año, en pleno deslave del entonces estado Vargas (hoy La Guaira) tiene un capítulo completo dedicado al tema de los Derechos Humanos. Ya esto, de por sí, significaba un profundo avance cualitativo con respecto a la Constitución aprobada por el entonces Congreso un 23 de enero de 1961.

En ese sentido, el artículo 23 de la Carta Magna, señala textualmente lo siguiente: "Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público".

En ese sentido, la República Bolivariana de Venezuela, suscribió el 7 de junio de 2000 ratificó el Estatuto de Roma y se hizo parte de la denominada Corte Penal Internacional. Un tribunal que de acuerdo a ese instrumento normativo, tiene una función de complementariedad de los sistemas de administración de justicia de nuestros países, y es cuando se agotan esas instancias que uno "puede" acudir a instancias como esta.

La República Bolivariana de Venezuela de igual manera, desde el año 1919 es miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de esa organización, el país ha ratificado 54 convenios (de los cuales 48 están vigentes) y entre los cuales se encuentran los 8 convenios fundamentales de la referida instancia. El Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil es uno de los más recientes ratificados por la República, ratificado el 26 de octubre de 2005.

Pero no es menos cierto que el propio Hugo Chávez, cada vez que pudo, incluso en el propio foro de la ONU, habló sobre la necesidad de una refundación de ese sistema internacional, no sólo por su inoperancia, sino por su manera de operar, dentro de la hegemonía de las grandes potencias y no siendo real garantía de paz y de respeto al Derecho Internacional.

Incluso las referidas instancias, y sobre todo en estos últimos tiempos, se han dejado contaminar mucho por la politiquería y un prejuicio que ya de antemano sesgan decisiones y actualizaciones de las mismas, o que en su defecto, las mismas son utilizadas como arma de "negociación" para imponer ciertas y determinadas decisiones.

Quien puede negar, por ejemplo, que la Corte Penal Internacional tuvo un triste papel en el caso de la Yugoslavia durante la gestión de Slodoban Milosevic, quien fue detenido en pleno ejercicio de sus funciones, por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad. Pero no contaban con que éste, de profesión abogado, prepararía su defensa, y la instancia penal internacional luego de tres años tuviera que verse en la obligación de liberarlo y que regresara a su país. Pero el imperialismo actuó diligentemente para que Milosevic no saliera de la cárcel donde se encontraba, ya que resultó envenenado y falleció antes de que se pudiera librar su boleta de excarcelación.

Se utilizó la instancia de la CPI para legitimar la intervención yanqui y la primera "revolución de colores" en Europa (no fue en Ucrania y el inicio de este tipo de mecanismos de desestabilización y destrucción de aquellos países que no se pliegan a los intereses hegemónicos de EEUU). Y a funcionarios como Karim Khan, del cual ya dimos oportunamente su "hoja de vida", para justificar colocar gobiernos títeres a EEUU en el mundo.

De más está señalar como terminó la Yugoslavia del mariscal Tito, que solo queda su recuerdo.

Resulta verdaderamente inverosímil como Kahn visitó Colombia, país donde casi a diario asesinan a un líder social, donde el narcotráfico es una de las industrias más prosperas de ese país, con ocho bases militares que se constituyen cuales dagas en pleno corazón de nuestra América, pero las investigaciones que se le hacían dentro de su examen periódico, determinan que no trascenderá a la fase de investigación que corresponde y mira a otro lado.

En cambio la República Bolivariana de Venezuela, país asediado, perseguido, bloqueado por EEUU producto de la imposición de medidas coercitivas unilaterales para precarizar nuestras condiciones de vida y en el marco de una estrategia de cerco y asfixia, hacernos rendir por hambre. No sólo con la anterior Fiscal, Fatou Bensouda nunca vino a Venezuela y abrió una evaluación preliminar, la cual ahora el Fiscal Kahn ha llevado hasta la fase de investigación como tal.

Incluso deben recordar que alertaba que hasta el 16 de abril tenía la República Bolivariana de Venezuela para presentarle un informe al Fiscal Kahn donde se indicarán los funcionarios venezolanos, fundamentalmente de la fuerza pública, que hayan incurrido en crímenes de lesa humanidad. El Estado solicitó una prórroga ya que indicaba, por intermedio del Ministerio Público y de su titular, el Dr. Tareck William Saab, que varios efectivos militares y policiales estaban siendo juzgados por tribunales venezolanos, y ya otros han sido condenados por nuestro sistema de administración de justicia. La respuesta del Fiscal Kahn, el cual ya ha venido dos veces al país y que se instaló en Venezuela una oficina para la CPI en la esquina de Dos Pilitas, donde se encuentra la sede del Tribunal Supremo de Justicia, fue de no conceder la correspondiente prórroga.

Ya esto confirma sobre advertencias que en su momento hacíamos sobre este intento de tutelaje por parte de esa instancia al gobierno y pueblo venezolanos. Y lo estamos observando en cámara lenta esto.

En el caso de la OIT, en marzo de 2018 su Consejo de Administración estableció junto a "tres miembros independientes" en virtud de una queja presentada en junio de 2015 por 33 delegados empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo.

Uno de esos delegados era el flamante Presidente de Fedecámaras en ese entonces, Jorge Roig, quien en el año 2022 ahora integra el Consejo de Administración de la OIT, como lo indicamos en una entrega anterior de esta columna.

De acuerdo al artículo 28 de la Constitución de la OIT, el informe expone el resultado de las averiguaciones de la Comisión, así como conclusiones y recomendaciones orientadas a promover "el respeto de la libertad sindical como base de un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible y la justicia social".

La queja denunciaba la inobservancia de Convenios de la OIT y alegaba, en particular, actos de violencia, otras agresiones, persecución, acoso y una campaña para desprestigiar a la organización de empleadores FEDECAMARAS, incluidos sus líderes y afiliados, así como injerencia de las autoridades, falta de consulta tripartita y exclusión del diálogo social.

Esa Comisión vino finalmente al país en el año 2022, específicamente a finales del mes de abril, y ya señalé que son los responsables de que el pasado 1 de mayo el Presidente Nicolás Maduro no decretó, cuando todo estaba listo para ello, el aumento salarial de otro medio petro, que hubiese sido significativo para los obreros y para la clase trabajadora en general en el país.

Y de ahí que el pensamiento y pregón del Comandante Chávez queda reivindicado, cuando hizo esas fuertes críticas al sistema de Naciones Unidas y de múltiples foros internacionales impregnados por la visión hegemónica de los poderosos del mundo. Porque a lo que vinieron a Venezuela estas dos instancias, está suficientemente claro.

La CPI vino al país a amenazarnos de manera clara y abierta, y la OIT a imponer las condiciones que deben regir.

Al igual cuando en su momento cuando el equipo de Michelle Bachelet vino en el año 2019 en el marco del cumplimiento del convenio de asistencia técnica entre la República Bolivariana de Venezuela firmado el 20 de septiembre de ese año entre el entonces canciller, Jorge Arreaza Montserrat y la OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos) en la persona de su máxima responsable, Michelle Bachelet.

Nadie niega en su sano juicio, la recuperación no solo en lo político sino en lo económico del país, pero aun nos falta mucho, ya que todavía las políticas de asedio y del estrechamiento del cerco persisten en contra del país. Y es por ello que concesiones de esta naturaleza que nos cuesta entender, se hacen en función del "mal menor".

Eso es lo que está ocurriendo con esa venida de esas instancias y las recientes decisiones que hemos venido observando, las mismas han adoptado recientemente.

Pero en el frente interno hay que tener mucho cuidado, ya que con toda la alharaca por la reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), y ante la reducción por parte del BCV de sus intervenciones bancarias para preservar la estabilidad del dólar en el país. Ya se denuncia sobre remarcaje de precios y que estos comienzan a retomar su tendencia alcista, producto de la manipulación del tipo de cambio, y así licuar y pulverizar el aumento salarial de medio petro del pasado mes de marzo.

Pero de este tema espero poder referirme con un poco más de detalle en la próxima entrega de esta columna.

¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y patria socialista!

¡Viviremos y Venceremos