"Para la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación", responden el artículo 109 de la Constitución, y también la lógica. Según la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), hacia 1992 las universidades nacionales dedicaban más de la mitad de sus fondos a gastos burocráticos, sólo 26,8% a la docencia, apenas 4,6% a la investigación.
El número de burócratas y obreros superaba varias veces al de docentes. Para 2008, en las universidades públicas había 27.000 obreros, 47.000 empleados administrativos, 45.000 profesores. Docentes e investigadores siguen siendo minoría. La UCV era la mayor productora de trabajos de investigación científica. Hace décadas perdió ese rango.
Luis Fuenmayor informa que para 2007, menos del 15% de los docentes de planta están calificados como investigadores por el PPI, sólo 14% es doctor y sólo 8% realiza investigación, que apenas 20% de los postgrados son acreditados, las licenciaturas duran 8 años en cursarse y la tasa bruta de graduación es de sólo 12% (Luis Fuenmayor Toro: "El deterioro universitario y la reforma constitucional", La Razón, 18-11-2007). Pero una verdadera universidad debe dedicar más de la mitad de sus recursos a la creación de conocimiento, generosa porción a la docencia y a la administración, porción insignificante. Nuestras casas de estudio deben reordenar drásticamente prioridades y gastos.
¿Universidades para quién? En su tesis La exclusión de los pobres en la educación superior, Eduardo Martínez Gil demuestra que en la UCV en 1981 65,19% de sus estudiantes eran egresados de liceos oficiales y 34,75% de colegios privados, mientras que en el 2000, venía de los liceos públicos el 22,45% y de los privados 71,24%. De los niveles de mayores ingresos (A y B) en 1981 entró 25,58% y de los niveles pobres (D y E) 21,77%, pero en 2000 de los niveles A y B ingresaban 53,29%, y de los pobres D y E apenas entró 6,59%. Mientras, en la USB en 1981, 42,32% venían de liceos públicos y 57,68% de los privados; de ellos, 51,61% del sector rico o pudiente (AB) y 13% de los pobres (DE). Pero en 1999, en la USB venían desde los liceos públicos 8,89%, y desde los privados 84,07%. De los ingresados, 74,45% eran de condición social alta, sólo 0,93% era del sector D y ninguno del sector E (Eleazar Díaz Rangel, Últimas Noticias, 30-3-2008).
En dos décadas, las universidades devinieron embudos para proporcionar educación superior gratuita a los privilegiados y excluir a los necesitados. Las pruebas de admisión atribuían peso decisivo a los generosos promedios de notas que otorgan los colegios privados. La universidad gratuita pasó de instrumento igualador a filtro discriminador. Pero la única condición para el acceso a la educación superior debe ser la capacidad de aprovecharla. Instituciones que todos pagan deben estar abiertas a todos.
¿Universidades para cuántos? El Informe del Banco Mundial Venezuela en el Año 2000: Educación para el Crecimiento Económico y Equidad Social (For official use only) proponía reforzar esa inequidad mediante matrículas que no costearían ni 15% del gasto universitario, pero que excluirían a los no privilegiados. La UCV las cobra actualmente a quienes siguen una segunda carrera. El proceso bolivariano elevó el gasto educativo al 6,3% del PIB en 2006 y creó nuevos institutos de educación superior gratuita que casi cuadruplicaron la inscripción de 668.109 educandos en 1998 hasta 2.135.146 en 2007 (Opsu). La educación superior debe ser para todo aquel con capacidad para crear conocimiento.
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