La educación estará a cargo de de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, serán establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica.
Artículo 104. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Es elocuente el epígrafe legal de este artículo. En tales palabras están sintetizadas los extractos esenciales de los responsables en llevar a cabo la educación como arterias de los pensamientos y sentimientos de una sociedad: Los(as) docentes.
No obstante, pese a ser éste un mandato constitucional, el gobierno de Maduro es quien más ha despreciado a las maestras y maestros venezolanas(os). El gobierno de Maduro es quien más ha ignorado la docencia en la educación media y universitaria. Ahora bien, ¿Por qué decimos lo anterior? Hoy, un docente en el caso de los adscritos, al Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) y gobernaciones, incluyendo aquellos con estudios de doctorado* (máximo nivel de estudios de postgrado) ganan menos o igual al salario mínimo. Y como docente me pregunto: ¿Para qué concluir estudios universitarios de pre y postgrado? ¿Para devengar salario mínimo? ¿Es esa la política de “protección del salario” de la cual hablan el presidente Maduro y sus panegíricos?
Pero el gobierno de Maduro, además es quien más ha traicionado y violado la Constitución de 1999, no sólo en su artículo 104, sino en los artículos 102 y 103, los cuales señalan a la educación como eje prioritario de las políticas públicas, cuando en la actualidad tenemos miles de instituciones prácticamente entre escombros, y aquellas que parcialmente funcionan, ni siquiera pueden contar con la distribución alimenticia regular (de lunes a viernes) para los millones de estudiantes que conforman las escuelas, liceos y universidades del Estado. ¿Por qué lo digo? ¿Cómo en momentos de crisis económica, Maduro prefiere donar casas a islas del Caribe y comprar aviones de guerra? ¿Cómo puede un gobierno llamarse “socialista”, si prefiere informar en cadena nacional de radio y televisión que va a pagarle a sus acreedores de Wall Street (los capitalistas más ricos del mundo) en vez de dedicar ese presupuesto para mejorar la educación del país?
Y cuando Maduro se ha convertido en la praxis de ese ejercicio de violación en los artículos 102, 103 y 104 de nuestra Constitución, al punto que según hacen referencia (¿podrá alguién desmentirlo?) recurre al nepotismo, al colocar a su “compadre” al frente del Ministerio del Poder Popular de la Educación, éste como si fuera una noticia de máxime acción social, nos informa a los docentes venezolanos que a partir del 10-11-2015, el magisterio del país comenzará a devengar salario mínimo. ¿Qué clase de ministro es este quien supone que tal noticia puede hacer feliz a quienes ejercen la docencia en el MPPE?
En tal sentido, según se desprende en declaraciones de los seudo-sindicatos del magisterio y el propio ministro de educación, estaría casi listo el contrato colectivo para los próximos dos años. Le respondo al ministro y quienes planifican el destino salarial de los miles de docentes venezolanos: No hay aumento posible que compense la merma en el nivel de vida del magisterio. La razón es tácita. En ambiente de muy alta inflación como la que vive el país, aunque aumentaran en 150% el salario de los docentes (de lo cual descontarían los ajustes previos); para el 2016 con ajustes similares de carácter general, al final del siguiente año, nuevamente los docentes estarían por debajo de la línea de ingresos mínimos.
Por consiguiente, los contratos colectivos se han convertido en una entelequia y en una basura salarial porque no garantizan un nivel acorde con la elevada misión que tienen los docentes ante el país y que es mandato constitucional. Por ello, proponemos a la actual Asamblea Nacional, que así como tienen un interés de mucha celeridad en seleccionar nuevos miembros para el Tribunal Supremo de Justicia, aprueben una Ley del Salario para el Ejercicio Docente (Lesed), en la cual se establezca que un profesional universitario de pregrado (carrera de cinco años) tenga ingresos de 4 salario mínimos. Igualmente en concordancia con su actualización permanente, sean 5 salarios mínimos con título de especialización. 6 salarios mínimos con estudios de maestría y 7 salarios mínimos con estudios de doctorado, esto sin incluir las primas por publicaciones, investigaciones, jerarquía, experiencia y miembros de familia.
Por último, tal ley para evitar que pueda ser derogada de manera cómplice, la misma tendrá en su articulado, una normativa que atienda a los principios de progresividad y que sólo podrá ser revisada en su contexto socio-económico cada 10 años, lo cual daría a tal instrumento jurídico cumplimento de ningún tipo de injerencia partidista sobre el ejercicio de la docencia.
Esta es la única viabilidad posible para medianamente elevar la calidad y espacio de vida de los docentes, quienes han sido despreciados , engañados y vilipendiados por el gobierno de Maduro. ¿Les interesará de verdad la educación a los actuales diputados por la Asamblea Nacional? Porque como promesa electoral, no cuenten con el magisterio en su integridad para acompañarlos en sus mezquinas intenciones. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea.
*Docente adscrito al MPPE, con estudios de doctorado quien devenga menos del salario mínimo.
