Para evitar una fiscalización del quehacer público, se torpedea la nave del conocimiento.

La estrategia no puede ser más transparente: restar a la educación y abonar al ejército. Es decir, preparar las condiciones para la perfecta dictadura. En medio queda el juicio ciudadano, el cual a los grupos en el poder les sirve como tapiz para limpiarse la suela de los zapatos. En realidad, la calidad educativa en Guatemala ha experimentado los embates del más feroz sistema político-económico del que se tenga registro. Los estudios de organismos internacionales y nacionales no pueden evitar poner en evidencia las deficiencias de este pilar fundamental para la calidad de vida y así aparecen los vergonzantes indicadores sobre baja escolaridad, abandono escolar, analfabetismo y pobres resultados en las pruebas del sector académico.

Como si la escasez de material didáctico moderno, así como los obstáculos para la preparación profesional de maestros y catedráticos no fuera suficiente, también está la infraestructura ruinosa de escuelas e institutos públicos, carentes de lo más elemental para realizar una jornada digna y productiva. Algunos carecen de pupitres, otros de servicios sanitarios y las niñas, niños y adolescentes que acuden a ellos son obligados a soportar los rigores del clima y las malas condiciones de sus establecimientos educativos.

Sumado a todo ello está la actitud adversa de muchos padres de familia a la educación de las niñas, a quienes por costumbre relegan a las labores domésticas o del campo, condenándolas de ese modo a un futuro de privaciones, maltrato, sumisión y escasez de oportunidades. Es decir, un contexto en el cual no tienen modo alguno de escapar a toda una vida de servidumbre. El sistema, si es que así puede llamarse a la carencia de principios, reduce las perspectivas de desarrollo de las nuevas generaciones, pero también las del país en su conjunto.

El sector educativo, empezando por su ministerio y pasando por sus sindicatos, ha sido un protagonista principal en todos los planes de gobierno. Sin embargo, su protagonismo se ha orientado hacia objetivos ajenos a brindar a la población estudiantil un sistema blindado contra las manipulaciones políticas y del sector económico. La educación sigue acatando instrucciones de entidades religiosas y de empresarios cuya idea de educación consiste en generar cuanta mano de obra barata sea posible, sin reparar en el daño que eso ocasiona a un sector tan importante como la niñez y la juventud, pero también al país en general.

Por el contrario, el pequeño segmento de altos ingresos goza de todos los privilegios por ser heredero de la cúpula económica gobernante y, aunque cuenta con acceso abierto a una educación de primer nivel, esta rara vez se refleja en una modernización del quehacer público y mucho menos en una humanización de sus políticas. Más bien queda plasmado en una mayor concentración de la riqueza y la consiguiente profundización del abismo que lo separa del resto de la población.

El desarrollo de un país es imposible sin un pueblo educado y consciente de la importancia de su participación en la vida pública. Para hacer esto posible, todo el esfuerzo del Estado se debe enfocar a proporcionar las condiciones ideales para dar acceso a las aulas a toda la población infantil sin excepción alguna; crear institutos técnicos y vocacionales para restar fuerza al poder del crimen organizado; romper el estereotipo sexista y trabajar a nivel de las familias para evitar la discriminación contra las niñas y, por último, elevar la calidad del profesorado ofreciendo capacitación y mejores salarios en el marco de una institucionalidad sólida y transparente.

La educación es la piedra fundacional de una sociedad desarrollada, equitativa y justa.