El Día del Maestro tiene su origen el 15 de enero de 1932, cuando en el entonces Colegio Vargas de Caracas, en la esquina de Cují fue fundada la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria, cuya finalidad de acuerdo con el documento de constitución de la época, tenía como precepto la lucha por la dignificación y derechos de los educadores.
Posteriormente, en 1936, dicho organismo organizó y convocó a la Primera Convención Nacional del Magisterio, lo cual dio como origen a la Federación Venezolana de Maestros, siendo su primer presidente Miguel Suniaga, y de cuya directiva, Luis Beltrán Prieto Figueroa sería su secretario hasta convertirse en su tercer presidente al suceder a Roberto Martínez Centeno. Los miembros de estas directivas acordaron con el concurso de la base magisterial de la época de que fuera instituido oficialmente el 15 de enero como el Día del Maestro. De semejante reunión debido a la fortaleza ideológica y de ética profesional de sus actores fue propuesto un documento dirigido a todos los docentes como formadores y constructores de la patria, cuyos preceptos entre otros señalaban: "Todo niño tiene derecho a ser educado por maestros capacitados, de sólida preparación general y profesional, de espíritu recto y bondadoso, que tomen el ejercicio de su profesionalismo la más alta de las funciones sociales, y no como un simple medio para ganarse la vida".
Ahora bien, cuando analizamos el origen de tan importante fecha y la comparamos con la actual “Federación” Venezolana de Maestros, es lamentable observar el patético desempeño de quienes hoy detentan tales funciones, y quienes a lo largo de todos estos años sólo han logrado construir “parcelas” a través de otras “asociaciones magisteriales” a saber: “Colegio” de Licenciados de Educación, “Federación” de trabajadores del magisterio, “Federación” de trabajadores de la enseñanza, “Colegio” de profesores de Venezuela, “Federación” de Trabajadores Sindicalizados de la Educación, y por supuesto la “federación” inicialmente nombrada, cuyos intereses hoy sólo se centran en mantener los privilegios de quienes conforman sus “juntas directivas”, y quienes además de practicar sus “presidencias vitalicias” (irónicamente salieron a protestar ante la reelección continua presidencial), ya que la mayoría de ellos tienen sus períodos vencidos, cobran descaradamente sin trabajar amparados en acuerdos taciturnos en tiempos de la cuarta república, lo cual les permite “cabalgar” horarios y desempeñar otras actividades, incluso con la anuencia de otras instituciones públicas, como por ejemplo universidades o institutos educativos privados.
Mientras esto ocurre, hoy tenemos docentes estadales en diversos entidades federales, abandonados prácticamente a su buena suerte, en virtud de que tales “representantes” niegan posibles acuerdos de contratación colectiva con las diferentes Direcciones de Educación, para en definitiva utilizar la “lucha gremial” como herramienta política, y engañar descaradamente a sus agremiados, alegando que el gobierno nacional niega recursos a las distintas gobernaciones, y en consecuencia, el Presidente Hugo Chávez es el responsable de la situación de desequilibrio salarial que hoy existe entre docentes estadales y nacionales, cuando en realidad son ellos mismos los principales responsables de lo que hoy ocurre con los maestros y maestras adscritos a presupuestos regionales.
Lamentablemente, y debido a la negligencia de la otrora diputada Gabriela Ramírez Pérez y hoy “flamante” Defensora del Pueblo, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente sufrió una contradictoria y polémica reforma que deja a los niños y niñas en minusvalía al eliminar los Consejos Estadales de Derechos, quienes fueron en esencia los organismos que lucharon y ejercieron las herramientas legales para detener cualquier intento de paralización de actividades educativas, como por ejemplo los hechos que marcaron pauta en el 2002 y 2003, y que de una u otra forma impidieron, que un paro desestabilizador afectara la educación venezolana; situación que no me cabe la menor duda, ante semejante debilidad, estos seudodirigentes “magisteriales”, intentarán por cualquier vía, aún a costa del Derecho a la Educación de nuestros niños y niñas, enrarecer el ambiente político, con la excusa de reivindicaciones laborales.
Sea el 15 de Enero una fecha para la reflexión y el encuentro docente por una mejor calidad de la educación venezolana y para rechazar cualquier acción que vaya en contra de ella como acto humano y como derecho inalienable de todos los niños y niñas venezolanos.
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