(Publicado en el diario Tiempo Argentino, Buenos Aires, y en el semanario Época, de Bolivia)

Entre comienzos del año 2005 y lo que va del año 2010, o sea, en el transcurso de unos seis años, tan consecutivos como paulatinos, la economía capitalista venezolana y la extranjera instalada en ese país, han vivido 764 nacionalizaciones, estatizaciones y expropiaciones.

En los últimos cuatro el crecimiento fue del 1.026%, pasando de 23 unidades económicas expropiadas en 2005, a 374 en 2009.

Casi la mitad de estas se registran en los últimos doce meses, o sea, unos 374 casos. Esto surge de la información registrada por el diario bolivariano Aporrea, del Ministerio de Producción y Comercio y de la entidad derechista Observatorio del Derecho de Propiedad.

Para el gobierno bolivariano, las expropiaciones son necesarias para blindar varias soberanías: la del Estado-nación, la alimentaria, la industrial, la de los recursos naturales, de vivienda, la energética.

Aunque todas tuvieron carácter legal, pues se basan en alguna Ley, Reglamento, o en la Constitución Bolivariana, no todas pueden ser consideradas “expropiaciones” strictu-sensu.

En realidad, unas 340 son asociaciones sin escala aunque tienen el valor social de la ausencia del capitalista, mientras otras son meras recreaciones de empresas quebradas, vaciadas o abandonadas por sus patronos (similar a lo ocurrido en Argentina desde 2001), que en Venezuela fueron recuperadas por el Estado, los sindicatos y algunos Consejos de Poder Comunal.

Otro detalle que aligera el carácter revolucionario de las expropiaciones es el pago total a sus expropietarios, como si se tratara de un hecho comercial. Pero no lo es. El ataque a la especulación, la propiedad privada y que sea sostenido socialmente por la mayoría de los explotados, le impone esa marca social, aunque tenga bemoles.

Según el segmento económico, se reparten entre la producción rural, el comercio mayorista (sobre todo el importador), los servicios, el transporte, la banca, las entidades financieras y en la industria. La mayoría ocurrió en el campo, y en áreas definidas como estratégicas para el Proyecto Nacional de Desarrollo Simón Bolívar-Transición al Socialismo: energía, la cadena alimentaria, construcción, comercialización y las materias primas.

A pesar de su cantidad, no han tenido el carácter de otras en la historia contemporánea, quizá por la ausencia de violencia, porque están cubiertas de votos, o quizá, por el tradicional peso del Estado petrolero. Solo en 21 casos se registró algún tipo de violencia, o sea, algo así como el 3% del total. Y en ningún caso, la víctima ha sido el rico. Al contrario, los muertos se cuentan del lado opuesto: 256 campesinos pobres asesinados entre 2001, cuando comenzó la recuperación de tierras ociosas, y julio de 2009; y 7 dirigentes obreros matados en tres fábricas de capital internacional.

Desde hace poco se escuchan las voces sorprendidas de algunos organismos manejados por los Estados Unidos y algunas entidades privadas venezolanas, ambas dedicadas a preservar y reproducir la propiedad privada, como si fuera la única fuente de vida en este planeta.

La semana pasada, José María Aznar y la reunión de la derecha iberoamericana realizada en Buenos Aires las condenaron “por alterar el Estado de derecho”. The Economist dedicó una breve editorial el sábado 16, reproducida por el diario Clarín, de Buenos Aires, y los diarios asociados a la Red de Diarios América.

En Venezuela, la Asociación Civil Liderazgo y Visión activó el Observatorio del Derecho de Propiedad (www.liderazgoyvision.org), y mantiene una campaña local en defensa de la propiedad privada. Esta entidad la componen dueños de las dos más grandes empresas venezolanas importadoras de alimentos y exportadoras de lubricantes y del banco privado más fuerte, las tres fuentes más lucrativas de la economía después del petróleo y las reinas de belleza. Los nueve firmantes de esta Asociación Civil fueron firmantes del Acta del 13 de Abril, que pretendió legitimar el golpe de Estado de 2002; el Presidente y el Vice de esta Asociación son miembros del Opus Dei; recibe, a través del Banco Venezolano de Crédito y del instituto CEDICE, los fondos que gira anualmente la USAID (United Status Agency for Internacional Development) y la NED (National Endowment for Democracy). Lo declarado por ellos mismos suma 5.750.000 dólares desde octubre 2005 para “diversas actividades cívicas que contribuyan a formar una actitud democrática contra expropiaciones y nacionalizaciones que afecten el derecho de propiedad”. Así reza su página web.

A pesar del peso económico de estas expropiaciones y nacionalizaciones, y de su altísima progresividad política y social en el actual contexto internacional, aún es temprano para definirlas como bases del socialismo, tal como se les llama dentro del país.

Como sabemos por el más elemental balance de las experiencias socialistas del siglo XX, el socialismo no se reduce, ni se limita, al simple cambio en el régimen de propiedad, de privada a estatal, tampoco se mide por el tamaño de la economía, aunque ambas cosas sean importantes, incluso puntos de partida. Socialismo se define por el establecimiento de una nueva relación social, no jerárquica ni auto explotadora, o sea más democrática que la alcanzada por el capitalismo. Aquí nace la base del carácter de clase de un tipo de Estado, que desde el comienzo deberá dar muestras de su vocación prescindible y funcional a una transformación del capitalismo internacional.

Esto solo se logra si desde el comienzo, el poder social orgánico de los trabajadores y oprimidos, o “poder popular”, es el fundamento del régimen político y del funcionamiento de la economía, la vida social y la vida política.

En este contexto, un punto débil, nada menor en el maravilloso y complejo proceso de expropiaciones y nacionalizaciones, es que la mayoría (alrededor del 70%) nacen y se estructuran alrededor de un Decreto presidencial y de la acción de las FF.AA. como ejecutoras. Aunque también es cierto que cuentan con alta participación del movimiento obrero y campesino, incluso de la militancia barrial organizada en los Consejos de Poder Popular, que acompaña, sostiene, incluso en algunos casos ha sido la protagonista.

La fragilidad que se observa en varios casos clave, como Sidetur y la Owen, es la ausencia de una estrategia informativa previa a la expropiación, con asambleas de trabajadores, en primer lugar para desmontar el poder interno de las distintas burocracias sindicales de esas empresas. Eso explica por qué parte del plantel laboral no las apoya, lo que representa un absurdo social y moral, y en otra dimensión de la misma lucha, que la prensa enemiga internacional de Chávez, aproveche esa resistencia interna de grupos de obreros, para hacer campaña sucia sobre la revolución bolivariana.

Quizá sus dos peores enemigos de esta experiencia sean su soledad en el contexto latinoamericano y el retrasado punto de partida interno, con escasa memoria de autoorganización en el movimiento obrero venezolano.

Sea como sea, la dinámica de los hechos indican que estamos en presencia de un proceso de alta intensidad política por su aprendizaje y descubrimientos propios, y por las enseñanzas que arroja al movimiento obrero del resto del mundo.


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Llama la atención que la defensa de la propiedad privada se concentre en tres empresas: Venoco (exportadora de lubricantes y grasas), Agro-Isleña (distribución de insumos agrícolas) y Fertinitro (fertilizantes). Las tres afrontan juicios por corrupción y peculado a la Nación.

FertiNitro, por ejemplo, impuso, porque le dio la gana, un tope de venta al mercado interno no mayor al 10% de su producción anual, el resto lo vendía tres veces más caro a su precio regulado, pero usando sin pagar, gas e insumos del Estado, además de tener al 40% de los trabajadores mercerizados y violar 104 medidas de seguridad de leyes laborales y ambientales.

Venoco es la empresa que manejó por años Pedro Carmona, llamado “Pedro el Breve”, porque solo gobernó 47 horas tras el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Venoco es una de las madrigueras del golpismo y la corrupción privada en Venezuela. Allí trabajaron Antonini y Kauffman, dos de los personajes corruptos asociados al maletín de los 800.000 dólares capturados en Buenos Aires en 2007. Casi un tercio de los obreros eran mercerizados y más de la mitad de los 700 de la planta no disfrutaban, hasta la expropiación, de vacaciones anuales y seguridad social.

Con la misma racha, el más grave pecado de AgroIsleña es ser la socia venezolana de Monsanto, autora del mayor envenenamiento de tierras en el país. En la declaración del diputado campesino Braulio Álvarez “Agroisleña vendía veneno”. “Tenemos estadísticas de los Estados Lara y Mérida, donde tenían el control de productos y semillas de tomate, pimentón, cebolla y otros, para los que utilizan químicos agrotóxicos que están altamente comprobados como productores del cáncer y generan deformaciones en mujeres embarazadas. 70.000 trabajadores y trabajadoras de esta agroempresa se han contaminado porque no utilizaban ningún tipo de seguridad industrial para el manejo de productos tóxicos” (Aporrea, 09/10/10).


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