La Superintendencia de Costos y Precios Justos (SUNDECOP), sinceró los precios de 204 artículos, que ascienden a 612 variedades de productos de higiene personal y del hogar, jugos, agua y compotas, luego de realizadas las auditorias respectivas y contrastarlas con la declaración sobre costos y precios unitarios aportada por industriales, importadores, mayoristas o distribuidores. La sinceración arrojó una baja en los precios de hasta un 25%.
Ya es hora de que los Consejos Comunales, los sindicatos, gremios y toda persona consienta que el orden legal de toda sociedad es responsabilidad de todos. Para ello, debemos asumir todos esos instrumentos legales que nos da el actual proceso de cambio enmarcados en la Constitución.
No podemos dejar solos a la Sundecop, a Indepabis, en la tarea de que se cumpla la Ley de Costos y Precios Justos.
La providencia administrativa de la Sundecop estableció en conjunto con empresarios, importadores y distribuidores “la obligatoriedad de garantizar la existencia y expendio de todos los productos ajustados”, que a partir del 1ro de Abril entran en vigencia los nuevos precios y que los mismos deberán estar marcados en el producto. Además, se acordó que toda nueva presentación de esos rubros deberá ser autorizada por Sundecop.
Insisto, sin la participación consciente y organizada del pueblo todo, que es para quienes esta concebida esta Ley, no podrá ser derrotada la especulación en estos 204 artículos. Tenemos que reaccionar, los Sindicatos, los Consejos Comunales, deben expresar su apoyo a la Ley que pone en evidencia el origen de una especulación sostenida en los últimos años, cuando que en el mundo y en Latinoamérica, producto de la crisis del capitalismo, se ha deprimido el consumo trayendo consigo una disminución importante de la inflación.
El Sr. Jorge Botti, presidente de Fedecamaras, declaro que La inflación continuará, que no se resolverá con una Ley. La “cultura” inflacionaria del líder gremial es tal, que estima que una inflación del 1,1% mensual (febrero) no es real, “es que esta represada”. Reclama ”confianza para aumentar producción”.
El Sr. Botti esta equivocado, debe argumentar otras razones; porque el 1,1% mensual equivale al 13.2% anual promedio. En toda Latinoamérica, en el año 2011 la inflación fue de un digito. En Venezuela, fue de 25%. La confianza será siempre subjetiva. Lo que no es subjetivo, es que los agremiados de Fedecamaras compran las divisas en Cadivi a mitad de precio de lo que cuesta en el mercado, para adquirir insumos, equipos y maquinarias. De esta “confianza” no gozan los colegas del Sr. Botti en el resto de los Gobiernos del subcontinente.
Para que el presidente de Fedecamaras le haga un planteamiento real y objetivo a los consumidores venezolanos, debería informar cuantos nuevos empleos ha creado y cuantos dólares ingresan al país por concepto de exportación de sus empresas afiliadas.
El poder comunal, debe estar convencido de que el cumplimiento de esta ley es fundamental para evitar la especulación, razón por la cual el salario que devengamos nunca nos alcanza.
Ya Consecomercio introdujo ante el tribunal Supremo de Justicia, la nulidad de la ley de Costos y Precios Justos. Según Carlos Fernández, su presidente, la Ley vulnera los derechos de los comerciantes. La desfachatez “cultural” del líder de los comerciantes llega al colmo al argumentar que la nulidad solicitada también es “en defensa del derecho de lo consumidores”.
El Gobierno, la Asamblea Nacional, con la participación popular se han aprobado leyes que sustentan el poder popular, para ir construyendo un equilibrio en las relaciones sociales, donde se respete el derecho de todos en justicia. Que el interés de los colectivos este garantizado, sin menoscabo de que el industrial o comerciante obtenga una utilidad justa que tome en cuenta la necesaria productividad.
Pero no puede continuar la usura y la estafa; como lo explicó la Superintendente Nacional de Costos y Precios, Karlin Granadillo, las auditorias habían arrojado que artículos de higiene personal y del Hogar se han incrementado hasta en un 400% de 2007 a 2011. Se incluían en la estructura de costos y gastos, supuestos impactos financieros cuando tal gasto no existe porque en Venezuela existe un tipo de cambio fijo.
Debemos capacitarnos cada vez más. El PSUV se debe colocar al frente de esa tarea. Todas las leyes del poder popular y en particular la Ley Orgánica de Contraloría Social. Organizadamente los Consejos Comunales por sectores deben por radio y prensa, desde ya, expresar apoyos a la Ley de Costo y Precio Justo.
Todos los movimientos sociales que han nacido o fortalecidos con esta constitución del 1.999, consejos comunales, movimiento feminista, de defensa de recursos naturales, Nuevas visiones de participación obrera, las comunas; todos, debemos asumir actitudes y acciones propias al hecho de que la confrontación responde a dos visiones del País: Socialismo o Capitalismo. Se debe pasar de reacciones emotivas a acciones concretas y organizadas.
Por ejemplo, acordarse entre los consejos comunales, sindicatos, gremios, para boicotear el consumo de artículos acaparados o con precios escandalosos, es afectarlos directo en sus intereses.
No puede haber equivocación. No son los buhoneros, las bodegas, ni el abasto los mayores responsables de la especulación. Debemos coordinar con Indepabis y apoyarlos en todo lo que podamos con el cumplimiento de lo previsto en la Ley de Costo y Precio Justo.
Esta lucha será decisiva y larga. Próximamente la Sundecop auditara la cadena de costos de los autopartes y los productos farmacéuticos.
Debemos estar preparados. La oposición va incrementar la polarización, tratando de generar crispación. No caeremos en provocaciones. El pueblo conoce cual es el propósito de la MUD.
*Legislador PSUV - Bolívar
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