1. El origen de la crisis que abre paso al proceso revolucionario.

No obstante que los antecedentes históricos de la revolución bolivariana se anclan e inician su camino en las luchas del Libertador en contra del poder colonial, no cometeríamos ningún pecado de interpretación, si colocamos otros antecedentes históricos recientes, que crearon las condiciones objetivas para el impulso revolucionario que se dio en la década de los años 90.

El Pacto de Punto Fijo, la derrota de las tesis insurreccionales de los años 60 y siguientes, el reflujo de la izquierda orgánica, y el deterioro de las condiciones de gobernabilidad de Venezuela con la derrota estratégica de la propuesta de adecos y copeyanos, que tuvo su pico de crisis en la respuesta espontánea de los sectores populares en los sucesos conocidos como el “caracazo”, como rechazo a los políticas de ajuste estructural impuestas por el FMI e implementadas por el gobierno adeco de Carlos Andrés Pérez, todos estos factores conjugados, se puede decir que fueron creando condiciones objetivas, a la espera de un rompimiento, con las maneras tradicionales de “hacer política” en Venezuela.

La renta petrolera generó apariencias y privilegios excesivos en la sociedad venezolana. Así como sirvió para darle una mísera porción a los sectores populares, servía también para esconder el enriquecimiento ilícito de pequeños sectores, para garantizar la evasión de capitales, para profundizar la corrupción y con ello la desintegración ética y moral de la sociedad venezolana. Bajo la sombra de la democracia representativa más estable de América Latina, creció la exclusión social. La deuda social se acumulaba en forma paulatina y permanente generando una nación productora de pobreza pero a la vez dueña de riquezas colosales.

Ese régimen político de democracia para la exportación y de distribución de la riqueza para unos pocos, acabó con la poca producción agrícola y pecuaria y se impusieron condiciones de tensión social, económica y cultural, donde las grandes ciudades se convirtieron en la meca dejando a la provincia venezolana en total abandono, como un reflejo más del subdesarrollo. La privatización y quiebra de empresas del estado venezolano y al mismo tiempo la exportación de la renta petrolera para enriquecer los centros financieros internacionales dejó a Venezuela una herencia de miseria y pobreza.

La desintegración del modelo de gobernabilidad democrática no comienza con los acontecimientos del 27 de febrero de 1989, ya venía expresándose en la profundización de la desigualdad social, en el distanciamiento entre la clase política y el resto del país, en las zonas rurales en estado de abandono y las grandes ciudades, en especial Caracas, rodeándose de cinturones de miseria, en la existencia de una gran riqueza de aquellos sectores ligados a la renta petrolera y una pobreza absoluta reinante en el seno de las clases populares. Todos estos factores conjugados se constituyeron en la mejor evidencia, de una gobernabilidad desarticulada sin capacidad de generar respuestas de rectificación al estado de cosas vigente en Venezuela, solamente capacitada para reprimir y para justificar de forma brutal que, un pueblo pobre estaba asentado en un territorio inmensamente rico. El 27 de febrero de 1989 es el parte aguas, es la manifestación suprema de rebeldía social, pues el pueblo sin herramientas orgánicas que lo orienten, asume conciencia de que el régimen político imperante en el país, no le garantiza de ninguna manera, soluciones y respuestas a los problemas derivados de su situación de pobreza y marginación. Quedó claro que se había fracturado la capacidad de gobernar de los sectores dominantes en el paisaje político venezolano y que quedaba abierta la puerta, a manifestaciones de otra índole y calidad. Estábamos en la antesala para la aparición de la insurgencia militar, que se estaba incubando en las guarniciones y academias militares. La ausencia de partidos políticos y movimientos sociales que lograran catalizar el descontento social existente y orientar el país por rutas de transformación y el deterioro paulatino de las condiciones sociales imperantes, encontraron eco en sectores patrióticos de las fuerzas armadas.

El período transcurrido del “Caracazo” hasta el levantamiento militar de febrero del 92, encabezado por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías conformó un espacio de componendas entre las cúpulas políticas de los partidos dominantes, un incremento en los reclamos populares y un reacomodo en los sectores militares y en los movimientos sociales alternativos. No obstante los esfuerzos realizados por los sectores dominantes para bajar la temperatura a la situación política del país, que les permitiera maniobrar en la búsqueda de una salida política conveniente a sus intereses, las manifestaciones de identificación y solidaridad de amplios sectores del país, con los militares que encabezaron y participaron en las acciones insurreccionales de febrero y noviembre de 1992 continuaron su marcha ascendente. El triunfo de Chávez Frías en las elecciones de noviembre de 1998 marcó el fin de las precarias condiciones de gobernabilidad que estaban sosteniendo los últimos representantes de la política tradicional del país. No obstante la derrota militar de las acciones armadas del 92, por los alcances y consecuencias de la crisis en que entró todo el sistema político venezolano, se puede decir que al final de cuentas se logró una victoria de carácter estratégico, que abrió las puertas al proceso de transformación que vive el país en la actualidad.

Triunfa en las elecciones de diciembre de 1998 un movimiento político de amplia base social, en el cual se integraron amplios sectores del país, convocados y comprometidos por un liderazgo político de excepcionales condiciones, representado en la carismática personalidad de Chávez Frías. Sectores provenientes de toda la gama de manifestaciones políticas y ideológicas del país, inconformes con la situación vigente, se integran en ese aluvional y espontáneo movimiento social que triunfa en las elecciones de diciembre del 98, acarreando algunas fuerzas y sectores políticos, todos los vicios y manifestaciones de la política tradicional venezolana. El proceso político que remata con el triunfo electoral, no es la consecuencia clásica de un proceso de acumulación de esfuerzos políticos, que esté dotado de las manifestaciones orgánicas de tipo partidario, sino que se constituye por su carácter espontáneo, en una manifestación de rebeldía nacional, que se expresa por medio de las acciones electorales del candidato Chávez Frías y el conjunto de tendencias políticas y fuerzas sociales que lo respaldaron.

2. Otras experiencias políticas.

Para analizar la evolución de la realidad venezolana a partir de los pronunciamientos militares del 92 hasta el triunfo electoral del 98 es preciso revisar los antecedentes históricos de procesos políticos de América Latina que fueron derrotados, para lograr algunas conclusiones. En qué se diferencia la revolución bolivariana, esa manifestación aluvional, casi espontánea de factores de movilización social, que el Presidente Chávez logra interpretar y catalizar en la sublevación militar de febrero de 1992, de otros procesos revolucionarios que pueden servir de referencia. En una coyuntura de descrédito de los partidos políticos tradicionales, escuderos del proyecto de nación que nació con el Pacto de Punto Fijo y en una situación de reflujo de las manifestaciones orgánicas del movimiento popular y revolucionario venezolano, golpeadas unas por el fracaso del movimiento armado de los años 60 y otras por la desarticulación que se dio con motivos de divergencias ideológicas, que derivaron en posiciones oportunistas y de acomodo a las “reglas del juego democrático”, Chávez Frías logra un contundente triunfo electoral. Un discurso de contenido revolucionario y humanista con el objetivo de desarrollar una democracia participativa y protagónica que persigue incorporar al pueblo como constructor del nuevo proyecto de país, profundamente anclado en el mensaje del Libertador y Padre de la Patria Simón Bolívar, resultó ser de la aprobación de amplios sectores de la sociedad venezolana.

Los procesos revolucionarios de Chile y Nicaragua, el primero, logra el ascenso al gobierno por la vía de la utilización de los amplios márgenes vigentes de lucha política, como culminación de un largo proceso histórico de acumulación combinada de esfuerzos sociales y de lucha de clases encabezados por la alianza de partidos comunista y socialista, con un fuerte ligamen con la clase obrera mediante la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y el segundo logra acceder al poder político por la vía de un largo proceso de lucha armada en contra del gobierno dictatorial de la familia Somoza, mediante la creación de las condiciones insurreccionales definitivas, que incluyó la incorporación de amplios sectores de la sociedad nicaragüense, entre ellos a los sectores empresariales para los cuales, los intereses de los sectores dominantes aliados del gobierno dictatorial, se habían convertido en un tapón a sus procesos normales de expansión empresarial.

Ambos procesos políticos, el chileno y el nicaragüense, que logran el ascenso al poder bajo distintas modalidades de lucha popular, con los objetivos estratégicos de transformación política, económica y social de sus países, desataron respuestas que fueron muy superiores a la capacidad de defensa y movilización de los sectores revolucionarios, a su capacidad de maniobra política en el plano interno, y también porque se desarrollaron en condiciones no propicias, en términos de la correlación de fuerzas vigentes en el plano internacional. En el caso de Chile, a comienzos de los años 70, el campo socialista y en especial la Unión Soviética estaba soportando la carga política y financiera que significaba el apoyo solidario y material en la guerra que se libraba en la península indochina en contra del imperialismo norteamericano y la lucha en contra del poder colonial en África. Y en el caso de Nicaragua porque pone en marcha su proceso de transformación interna coincidiendo con el ascenso al poder en los Estados Unidos, de los grupos militaristas y hegemónicos encabezados por el Presidente Reagan.

En qué se diferencia la revolución bolivariana, esa manifestación aluvional, casi que espontánea, ausente de partidos políticos de vanguardia que logren actuar como factores de movilización social, que el Presidente Chávez logra interpretar y catalizar en la sublevación militar de febrero de 1992, y que lleva a la conquista del poder político, con un amplio respaldo popular en las elecciones de diciembre del 98, de otros procesos revolucionarios que pueden servir de referencia.

La revolución bolivariana bajo la conducción de Chávez, al plantearse sus objetivos estratégicos, toma en cuenta la realidad contemporánea y la experiencia histórica acumulada. La estrategia de implementación de las acciones políticas nace de una reflexión y una posición sobre los caminos que se han transitado pero sobre todo de una correcta medición de las posibilidades y capacidades de transformación que se expresan en el seno de la sociedad venezolana. En Chile, el triunfo de Unidad Popular se produce como consecuencia de un proceso prolongado de acumulación de fuerzas políticas e integración de diversos factores sociales y movimientos alternativos. El ascenso de los niveles de consciencia de amplios sectores de la sociedad chilena, creó las condiciones de organización política y de movilización de masas, para el triunfo de la Unidad Popular, armada de un ambicioso programa de transformación de la realidad política, económica y social del país. El programa de la UP, que planteó la oportunidad de avanzar hacia el socialismo utilizando los recursos constitucionales y legales vigentes, estuvo muy por encima de las posibilidades y realidades políticas vigentes. El grado de aceptación de la propuesta programática de la UP en el seno de la sociedad chilena, fue realmente limitado en términos electorales, y las capacidades de maniobra que se derivaron del resultado electoral, virtualmente “estrujaron” las posibilidades de emprender iniciativas de transformación en consonancia con los objetivos programáticos, excepción hecha de la nacionalización del cobre. La dirigencia política de la Unidad Popular y el Presidente Allende, no obstante que la realidad política del país y la correlación de fuerzas parlamentarias indicaban que era necesario abrir puertas a procesos de negociación, aún a costa de objetivos estratégicos vitales que permitieran abrir espacios políticos, mantuvieron hasta el final, aún en las puertas del levantamiento militar, los objetivos programáticos originales, por lo que las capacidades de maniobra se vieron reducidos en forma paulatina, conforme aumentaban las presiones y manifestaciones contrarrevolucionarias, internas y externas que, finalmente dieron como consecuencia el triunfo del levantamiento militar encabezado por los altos mandos de las fuerzas armadas y la implantación de la dictadura fascista de Pinochet.

El triunfo revolucionario en Nicaragua mediante el derrocamiento de la dictadura somocista abrió posibilidades extraordinarias de transformación. El FSLN fue capaz de articular esfuerzos de convocatoria nacional y de integración de amplios sectores en la lucha insurreccional, pero no tuvo la suficiente capacidad política para manejar la gestión de gobierno, dentro de las posibilidades reales de su país.

El FSLN fue algo más que un movimiento armado durante la lucha insurreccional, y algo menos que un partido político en el poder. A partir del triunfo revolucionario, en julio de 1959, fue perdiendo aliados coyunturales en el plano internacional y le dio más importancia a los aliados estratégicos de siempre en el plano externo, por lo que su capacidad de maniobra política, se vio seriamente disminuida. La implementación de medidas de control de prensa, el establecimiento del “servicio militar patriótico” que desembocó en el reclutamiento obligatorio de la juventud nicaragüense, la aplicación de programas de reforma agraria y de formas de organización productiva en las zonas rurales del país, en forma subjetiva sin tomar en cuenta realidades sociológicas, fue paulatinamente minando la confianza de amplios sectores en el gobierno sandinista y si a esto sumamos, una situación internacional hostil por las iniciativas de bloqueo comercial y acciones políticas por parte de la Administración Reagan y la pérdida de aliados internacionales importantes, la sumatoria de todos estos factores, internos y externos abrieron camino a una situación de derrota.

3. Venezuela; respaldos políticos y deficiencias orgánicas

A partir del 15 de agosto del 2004, con el triunfo en el referéndum de revocación del mandato del Presidente Chávez, se puede decir que el proceso revolucionario venezolano entró en una nueva etapa anti-imperialista. El 27 de febrero del 2005 el Presidente Chávez sacude el mundo de las ideas políticas en Venezuela y en el exterior al reclamar un debate a fondo sobre el futuro de la humanidad, para buscar alternativas de desarrollo de las naciones, más allá del capitalismo actual y de las posiciones socialdemócratas que levantaban la consigna de la “tercera vía”. Proclamó la necesidad de “seguir alejándonos del capitalismo e inventar el socialismo del siglo XXI”, que por las definiciones que maneja el Presidente Chávez, tendrá un carácter democrático y participativo, incluso hasta con la presencia del sector privado, como motor esencial de activación y reactivación de áreas importantes de la actividad económica y productiva del país.

Parece a todas luces contradictorio, de conformidad con la visión doctrinaria, que los medios de producción deben ser propiedad social, mientras se lanza la consigna para ir creando en forma paulatina las condiciones para “construir el socialismo del siglo XXI”, se despliegan esfuerzos importantes para que el sector empresarial venezolano tome la ruta del proceso de cambio que ha asumido el país, sin renunciar a la propiedad de los medios de producción o que la tasa de beneficio en las inversiones que emprenda, no entre en contradicción con las políticas económicas del gobierno bolivariano, que permitan por la vía de las cargas impositivas disponer de los recursos fiscales necesarios para financiar las iniciativas sociales que persiguen el abatimiento de los niveles de pobreza.

El tema de la construcción del socialismo y sobre todo la ausencia de contenidos claros en la consigna de “Socialismo del siglo XXI” asoman en la realidad venezolana una serie de factores que de alguna manera, según mi percepción, provocan preocupación e inquietudes sin respuesta en amplios sectores que se identifican con el proceso de cambio. Unos piensan en repetir la historia en términos del modelo económico que fracasó en la Europa oriental de la post-guerra, otros se lanzan por la ruta de buscar respuestas en los clásicos del pasado para los problemas y retos del presente, que tienen otra escala en los marcos de una economía internacional que actúa en términos globales y amplios sectores optan por buscar en la imaginación de los pueblos la respuesta que nos pueda conducir a un nuevo orden social más justo, que tome en cuenta las realidades de nuestro tiempo y la experiencia histórica acumulada, con una visión solidaria y humanista en los contenidos y realidades del cambio social que se debe impulsar.

Los orígenes diversos y dispersos de las principales fuerzas políticas y movimientos sociales, y en consecuencia de las cúpulas y personalidades políticas que se constituyen en el principal soporte político del proyecto bolivariano, han impedido hasta el presente que la revolución bolivariana pueda contar con un instrumento político único que esté a la altura de las circunstancias por las que transita Venezuela. Los partidos y movimientos políticos, que tienen representación parlamentario, no cuentan con un centro de articulación y formulación de iniciativas y proyectos, que sirva de plataforma programática a la acción del gobierno bolivariano y que a la vez se constituya en un mecanismo de consulta inmediata de la acción de gobierno. Desde el exterior da la impresión que las acciones de gobierno no logran adquirir ritmos normales de ejecución. La ausencia de mecanismos de control partidario de las iniciativas de gobierno, que esté por encima de la fiscalización administrativa de los órganos del estado, para que estas se enmarquen dentro de una estrategia política previamente discutida y analizada, genera continuos cambios de rumbo e intensidades en la gestión gubernamental, por lo que diversas iniciativas caminan “como a empujones”.

En la Venezuela de hoy, en la construcción de los mecanismos de participación popular, se siguen ignorando, en términos reales, las capacidades creadores de los sectores populares y movimientos sociales que se constituyen en el soporte del proceso revolucionario. Como consecuencia de sus orígenes políticos, sigue predominando en muchos dirigentes y figuras visibles del proceso, una visión clientelar en el manejo de los asuntos públicos, en las gobernaciones estatales y alcaldías. El canibalismo político entre las dirigencias locales y comunales, el manejo de recursos propagandístico con una visión del pasado por parte de gobernadores y alcaldes, con fines de promoción personal, nos indica que, los organismos políticos del MVR no están a la altura y requerimientos del presente y no logran constituirse con toda profundidad y presencia, en una herramienta política del proceso, en fin en un fiel intérprete y punto de encuentro de las iniciativas populares. Al contrario siguen imperando en la práctica política los acuerdos y negociaciones entre cúpulas partidarias, mediante la imposición de candidaturas a puestos de elección popular y el reparto, con criterios alejado del sentir del ciudadano identificado con el proceso, de los puestos principales de la administración.

El MVR y las fuerzas políticas aliadas, que se integran en el Bloque de Cambio, no logran presentar al país una propuesta orgánica que, en términos reales logre articular una visión unitaria que sea representativa de los intereses populares, que logre interpretar las aspiraciones de los sectores sociales y movimientos populares, y más bien, según la opinión de amplios sectores, se han convertido en un tapón que impide una comunicación fluida, en doble vía, entre estos y los niveles superiores de gobierno.

Da la impresión de que los gobernadores y alcaldes tienen su propio libreto y sus iniciativas políticas y desarrollo de sus áreas de influencia de ninguna manera coinciden con una estrategia general del gobierno nacional. Las iniciativas de gobierno en esos dos niveles institucionales como que responden a los intereses y visiones de grupos de poder que poco o nada tienen que ver con una estrategia política, que sea el elemento integrador .

Aunque realidades políticas distintas, con dinámicas de transformación revolucionaria que difieren en los ritmos de implementación de medidas económicas y sociales de transformación de sus respectivos países, el proceso de consolidación institucional de la revolución cubana durante los primeros cinco años debe ser tomado en cuenta por la dirigencia política venezolana, especialmente en aquellos aspectos que se refieren a la construcción del instrumento político del proceso revolucionario. En Cuba, en los marcos de una nueva realidad revolucionaria, el proceso de integración de fuerzas revolucionarias de mayor peso en la lucha antidictatorial, con visiones tácticas distintas pero con objetivos estratégicos coincidentes y un espíritu de renuncia a propósitos hegemónicos, creo las condiciones para la construcción del instrumento político único. En las condiciones de Venezuela, un movimiento electoral integrado por partidos y movimientos políticos y sociales de diversas vertientes, girando alrededor de una personalidad política dotada de un gran carisma y de un nuevo mensaje de esperanza y de transformación del país, produce el triunfo electoral de diciembre de 1998.

En las actuales condiciones, luego de haber superado las pruebas a que fue sometido el proceso de cambio encabezado por el Presidente Chávez como consecuencia de las políticas de transformación que se han logrado implementar dentro de los marcos del nuevo ordenamiento constitucional implantado, le proceso revolucionario está llegando a una encrucijada, que requiere de medidas adicionales de orden institucional, de profundo contenido político y alcances económicos, que abra camino a metas superiores de transformación de la sociedad venezolana.

4. El problema institucional y el estado paralelo

Dentro de los marcos de una sociedad plural, el proceso revolucionario venezolano no dispone de un centro de coordinación y articulación de la acción política, que se constituya a la vez en el músculo y herramienta política del gobierno revolucionario y del pueblo organizado. Esa amalgama de fuerzas políticas y movimientos sociales, representados en forma casi proporcional a su importancia e influencia política particular, en los niveles ejecutivos del gobierno nacional, estatal y municipal, y en los cargos de representación popular, no ha logrado constituirse en el brazo político del proceso de cambio y asumir las tareas fundamentales de transformación del país, con una perspectiva de mediano y largo plazos.

Ante la ausencia de esa fuerza política de vanguardia, como medio de convocatoria de todo el país, sigue privando la reacción voluntaria y espontánea del pueblo organizado, bajo distintas formas de expresión, ante los llamados y convocatorias del Presidente Chávez, lo que genera una dispersión de esfuerzos y pérdida de acentos y rumbos. La acción del gobierno revolucionario tiene que ser el resultado de acciones y decisiones políticas de una dirección colectiva, entiéndase bien, colectiva de vanguardia que marque los pasos y establezca los ritmos de la transformación, pero que a la vez logre interpretar las manifestaciones y expectativas de la sociedad, que logre medir en forma adecuada los riesgos y defina la ruta.

El esfuerzo revolucionario no dispone de herramientas políticas que abran camino a la construcción del nuevo orden social, y además tiene dificultades serias, en la gestión de los asuntos e iniciativas gubernamentales, pues las herramientas institucionales y administrativas para la implementación de las iniciativas de desarrollo económico y social, son un producto del pasado que aún se mantiene vigente. En este sentido se deben tomar acciones políticas y legislativas urgentes, que permitan desmontar en forma definitiva el andamiaje de las instituciones del estado para ponerlas a tono con las necesidades y realidades del futuro estado revolucionario. Las leyes de carrera administrativa y los privilegios sindicales que se arrastran como una herencia del pasado, se constituyen en un cuello de botella que impide la transformación de las instituciones públicas y ministerios de gobierno. Una labor combinada en donde las iniciativas de creación de las estructuras políticas se conjuguen con esfuerzos de cuadros sindicales del sector público deben crear las condiciones para que la burocracia gubernamental asuma las funciones que le correspondan dentro del proceso de cambio en que se encuentra el país. Un proceso de reingeniería administrativa y funcional de los organismos y agencias gubernamentales debe ponerse en la agenda del país para que los procedimientos y mecanismos de contratación de bienes y servicios y de administración financiera y contable de los recursos fiscales, dejen de constituirse en cuellos de botella que impidan la marcha de los asuntos e iniciativas del gobierno bolivariano.

El gobierno bolivariano no puede seguir optando por la creación de estructuras paralelas para el manejo de múltiples iniciativas en el campo social y desarrollo económico por el peso y tensión que esta situación genera en las finanzas públicas. En un período inicial de implementación de las misiones sociales, se puede decir que por razones políticas estuvo plenamente justificada tal situación, en vista de que las estructuras de las instituciones públicas no iban a responder de manera adecuada a las urgencias de implementación de las iniciativas de gobierno. El manejo de recursos públicos al margen del presupuesto ordinario de la nación y la improvisación de métodos de contratación por razones de urgencia, no obstante los controles que se puedan aplicar, por sus mismas condiciones de manejo se pueden constituir en un foco de distorsiones que pueden derivar en prácticas de corrupción, equivalentes a las vigentes en el aparato del estado.

La transformación de las estructuras administrativas y operativas de las instituciones y agencias gubernamentales debe constituir una exigencia de todos los sectores del país identificados con el proceso de cambio, para ponerlas a tono con las exigencias del nuevo estado revolucionario.

5. Hacia adonde debemos caminar

Los espacios políticos que se abrieron y las posibilidades de maniobra que se generaron a partir del triunfo del NO en el referéndum de agosto del 2004, y la elección de gobernadores, alcaldes, miembros de juntas municipales y parroquiales en meses recientes, no han sido utilizados en forma adecuada, en la construcción de los instrumentos políticos del proceso. En términos reales los procesos electorales cercanos pusieron en evidencia manifestaciones de abuso de poder, verticalismos nefastos que hacen daño en el entusiasmo popular, en fin prácticas de desprecio de los instrumentos democráticos de participación de las bases sociales. Lo dije en mayo pasado por medio de aporrea y lo repito nuevamente. La ausencia de lo que podríamos llamar “una gerencia política adecuada”, y ahora agrego, “adecuada y colectiva”, que responda en forma integrada a las necesidades actuales, que sirva de correa y medio de transmisión de las iniciativas del más alto nivel de gobierno y que se convierta en elemento de soporte de primer orden de las iniciativas presidenciales, está creando vacíos importantes que de alguna manera pueden abrirle paso a un deterioro de la credibilidad del gobierno bolivariano.

La oposición no supo capitalizar y manejar en forma inteligente el volumen electoral logrado en el referéndum de agosto del 2004 con una propuesta nacional alternativa al gobierno bolivariano, porque cedió a las prisas y presiones externas y a los sectores más derechistas del espectro político del país y la credibilidad lograda fue simplemente dilapidada, como capital político. Sin embargo, ante un clima de deterioro de la capacidad de movilización de la oposición, el conjunto de fuerzas políticas y movimientos sociales que apoyan el proceso de cambio, fueron absorbidos por la dinámica electoral, perdiendo la posibilidad de crear las condiciones para la construcción de las instancias unitarias de manejo político del proceso.

No obstante que se han desplegado esfuerzos unitarios dispersos que lamentablemente no se han consolidado en términos orgánicos, es necesario poner la suficiente atención al problema de la dispersión orgánica e ideológica que se evidencia entre los movimientos y factores que se constituyen en el soporte político del gobierno bolivariano. No existe un discurso coherente en cuanto a los objetivos estratégicos fundamentales, pues mientras algunos sectores expresan su disposición de asumir el reto de construir una sociedad fundamentada en los ideales del socialismo, que se tomen en cuenta tanto la tradición histórica y los contenidos políticos del mensaje del Libertador, así como las realidades de un entorno internacional complejo, existen también corrientes dentro de las mismas fuerzas del proceso, aquellas que expresan un discurso limitado, con una visión más desarrollista que transformadora, que expone al país a las consecuencias de un proyecto neo-liberal con algunos contenidos sociales.

En la búsqueda de esa ruta que garantice la suerte del proceso y que fije los nortes definitivos de la revolución bolivariana, hay un reto planteado que tiene un carácter extraordinario en la agenda política del país y que resulta de naturaleza urgente atender . Hay que dotar a la revolución bolivariana de un instrumento político que sea algo más que la suma de los partidos políticos y movimientos sociales de extracción y presencia popular, identificados con la propuesta de desarrollo socialista en las condiciones particulares de Venezuela. Se requiere de la creación de un espacio de encuentro, que articule la respuesta política del gobierno bolivariano en una coyuntura determinada, y la trasmita en forma organizada, hacia todos los sectores de la sociedad, como un paso previo a la creación y convocatoria de los revolucionarios venezolanos para integrarse al partido único que se constituya en el vector del esfuerzo transformador, en donde deben coincidir todas las fuerzas de izquierda del país, y todos los sectores patrióticos interesados en la construcción de régimen social de bienestar para el pueblo venezolano.

Si partimos del criterio de que la iniciativa de construcción del socialismo no puede arrancar por decreto, creo que la propuesta del socialismo del siglo XXI, debe tener por ahora, algunos contenidos mínimos que aseguren un nuevo modelo de país, sobre todo un nueva propuesta de economía y en consecuencia un nuevo orden social, que asegure el establecimiento paulatino de los objetivos estratégicos, de la transformación socialista del país, en el mediano plazo. El peso fundamental de la iniciativa de inversión en proyectos fundamentales que marquen el rumbo de la economía, tendrá que caer en el estado, como gestor y administrador de las riquezas esenciales del país, pero también se requiere contar con un sector empresarial anclado en la realidad del desarrollo económico, participando en forma activa en aquellas áreas de inversión que necesita el país. Para responder a las crecientes demandas de consumo de la población y como respuesta a la política internacional promovida por el gobierno bolivariano con el objetivo de expandir las capacidades de intercambio comercial con el exterior. Por ingreso de Venezuela a nuevos mercados y áreas integradas de comercio, es imprescindible contar con un sector de economía de libre iniciativa, una nueva clase empresarial de carácter patriótico, que asume el peso fundamental en la creación de empleo y de promoción de inversiones.

La coyuntura internacional no está dispuesta, ni estará dispuesta durante mucho tiempo, para buscar un cambio de rumbo hacia la construcción de una sociedad socialista con todos los contenidos, en que los medios de producción puedan ser propiedad de la nación. Venezuela tiene una economía abierta de libre competencia en actividades fundamentales, las comunicaciones, el comercio, las finanzas, el transporte, la producción, distribución y comercialización de alimentos y las actividades de servicios como educación, salud, y otras más, se desenvuelven en el país en las condiciones de una economía de libre mercado, así que en estas condiciones hay que jugar.

El estado debe jugar un papel fundamental de orden estratégico, como gestor e impulsor de las acciones de primer orden en el crecimiento de las capacidades del país y como regulador de la actividad económica. Como gestor en la creación de nuevos modelos en el desarrollo de los servicios de salud y educación, de nuevos esquemas de producción agropecuaria y de propiedad de la tierra en el campo venezolano, de los procesos de transformación urbana y de mejoramiento del hábitat y en el estímulo de los procesos productivos esenciales para el desarrollo de Venezuela, creando nuevas condiciones en la estructura financiera y crediticia y en la reestructuración de los mecanismos de comercialización, que active y reactive todas las cadenas y encadenamientos de la producción nacional.