Estando en conocimiento de los peligros que amenazan la continuidad del proceso bolivariano, creemos sin embargo que se deben puntualizar las limitaciones actuales que dificultan la conquista de la unidad entre todas las fuerzas revolucionarias, unidad que sería necesaria para impedir la pérdida del poder político en futuros procesos electorales y salirle al paso a cualquier intento conspirativo que intente reeditar un nuevo 11 de abril en Venezuela.
1. Desde hace bastante tiempo no existen reglas de juego claras y transparentes dentro del PSUV. En la dirección nacional del principal partido de la revolución se produjo una especie de golpe de estado en tiempos de la enfermedad de Chavez en Cuba, ya lo hemos dicho en documentos anteriores. A lo largo de este año, ese golpe de fuerza interno se hizo evidente cuando fue publicada la carta de Giordani y fueron expulsados Hector Navarro y Ana Elisa Osorio. Digo fueron expulsados, aunque no exista una medida oficial al respecto, pero en los hechos están fuera de la dirección nacional y están borrados de cualquier figuración en la cadena de medios públicos. Algunos se autodesignaron como “alto mando político”, sin que se sepa quiénes son, cuáles son sus atribuciones, cuánto duran en esos cargos, si son una estructura del PSUV o del estado, y muchas otras interrogantes que nadie permite debatir en los fulanos medios públicos. Con unas normas internas desconocidas, y las que son conocidas totalmente violentadas, es difícil hablar de unidad en términos serios.
2. Dentro del Gran Polo Patriótico tampoco existen reglas claras de funcionamiento. El GPP acaba de ser convocado, por primera vez en este año, pero es una convocatoria que se realiza desde la burocracia del Estado. El GPP no tiene ningún tipo de estructura interna, ni dirección nacional ni direcciones regionales y locales. No tiene autonomía de ningún tipo, y todos sus actos son dirigidos por una “sala situacional” adjunta a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional. El GPP es un parapeto desconcertante, bochornoso, que parece servir exclusivamente para movilizar electoralmente a sectores que no se sienten convocados por el PSUV. Aunque sea el PSUV, o instancias del estado, los que terminan decidiendo todos y cada uno de los pasos que da el GPP regional y nacionalmente. Contradicciones inexplicables que generan descontento en las bases populares que han sido convocadas a participar.
3. La participación democrática en organizaciones sociales como la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores tampoco es una cuestión clarificada y transparente. Yo, por ejemplo, integro desde hace más de un año el Consejo Consultivo de dicha central en el estado Zulia. Nunca he sido convocado a la primera reunión de dicho consejo consultivo. No conozco ni tengo información que exista una normativa para la integración y el funcionamiento de dicho consejo consultivo. Igual ocurre con el resto de instancias regionales y nacionales de la CBST, como me han hecho saber camaradas sindicalistas de otros estados del país.
4. Otros escenarios de lucha social que me atañen directamente, como el universitario, también carecen de estructuras de participación democrática tanto en el PSUV como en el GPP. Las decisiones de política universitaria se toman unilateralmente por los ministros de turno, en consulta probable con gobernadores de turno, pero sin que se hayan constituido instancias de participación democrática y protagónica para que los miles de revolucionarios que hacemos vida política en las universidades del país podamos aportar a una transformación educativa que reclama urgentemente este proceso revolucionario.
5. Igual ocurre con el escenario de la lucha indígena. Hemos presenciado en los últimos años el vil asesinato en Perijá de más de diez indígenas de la etnia Yukpa, todos ellos luchadores sociales por la conquista de sus tierras ancestrales, que intentaron hacer valer los derechos que les otorga la Constitución Bolivariana y las leyes en materia de pueblos indígenas. Asesinatos ordenados por los terratenientes que históricamente despojaron de sus tierras a los Yukpa y los Barí desde comienzos del siglo XX, y que hasta el presente no han sido castigados ni siquiera sus autores materiales, no hablemos de los que ordenaron estos crímenes. La lucha del pueblo Yukpa por la tierra no ha sido acompañada por ninguna instancia gubernamental bolivariana. Incluso, se ha denunciado la complicidad de funcionarios ministeriales y militares en estos mismos asesinatos, o por lo menos su actuación permisiva y complaciente ante los asesinos de indígenas. En este punto, como los anteriores, es muy difícil hablar de unidad de acción con una burocracia gubernamental a la cual poco le importa estos crímenes contra el pueblo Yukpa. Los gobernantes bolivarianos han visto reeditar el mismo crimen genocida que vivió nuestro continente desde la invasión europea en 1492, y no ha reaccionado ante esta grave situación.
Todo lo anterior lo relacionamos con la lucha de clases que se desarrolla al interior del mismo proceso bolivariano, acentuada a partir del fallecimiento del presidente Chávez. Para nosotros es obvio que las ausencias democráticas en todas las instancias de participación política tienen que ver con las intenciones de un sector de la dirigencia bolivariana de facilitar el desarrollo de una deriva derechista del proceso mismo. Mientras más se obstaculicen los escenarios donde la militancia de base pueda objetar e incluso impedir la ejecución de medidas no acordes al plan de la patria y al proyecto socialista y comunal formulado por Chávez, mejor se podrán aplicar las medidas que esa burocracia intenta imponer en su acercamiento al capitalismo imperialista y sus representantes burgueses criollos.
El acercamiento con Obama-Kerry, las mesas de diálogo con Fedecámaras y los partidos de la MUD, los supuestos pactos ocultos que se han realizado con AD, UNT y otras fuerzas de oposición, los coqueteos con el Bank of América y otros bancos como Goldman Sachs (al cual ya le vendimos la deuda que República Dominicana tenía con Venezuela en Petrocaribe), el también supuesto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (que se ha revelado en documentos recientes), son entre otros ejemplos, los escenarios recientes que explican el deseo de un sector gubernamental de echar por la borda el legado socialista de Chávez y comenzar a imponer una política de corte socialdemócrata.
Toda la reacción semifascista y estalinista contra Marea Socialista se enmarca en esta deriva derechista que se viene intentando desde el alto gobierno. Nada más con observar una cuña navideña que trasmite el canal neochavista Globovisión, cuña en la cual aparecen dirigentes políticos del PSUV y de la MUD “hermanados” en un mensaje de unidad por las fiestas decembrinas, es muy revelador de que al sector dirigente del PSUV le gustaría más tener a 40 diputados derechistas de Primero Justicia y Acción Democrática, antes que tener a 40 diputados revolucionarios de Marea Socialista.
Esa cuña sólo se explica por la existencia de esa deriva derechista que hemos mencionado, y que constituye uno de los problemas centrales al momento de buscar la unidad de las fuerzas revolucionarias para defender el proceso e impedir su derrocamiento por el imperialismo.
La existencia de un empresariado chavista, la muy nombrada boliburguesía, ya es algo muy palpable que se puede apreciar con toda nitidez en las recientes adquisiciones por miles de millones de dólares de casi todos los medios de comunicación emblemáticos de la más rancia burguesía criolla, y que ahora son flamantes medios chavistas boliburgueses. Vaya como ejemplo la compra de Globovisión, El Universal, la Cadena Capriles, el Bloque de Armas, y están en proceso la compra de Televén y Venevisión.
Atrás quedaron las promesas de Chávez de crear redes de emisoras comunitarias que fueran voz organizada del poder popular de base. Lo que se ha construido es una red monstruosa de diarios y televisoras en manos de empresarios boliburgueses. Burgués es burgués, aunque se denomine chavista. Su racionalidad de clase es la misma que puede tener el empresario opositor. Al final, la burra tira pal monte, y podemos estar seguros que estos boliburgueses que se están apoderando del país no tienen como proyecto nada parecido al plan de la patria y al legado socialista del presidente Chávez.
Su objetivo (nos referimos a esta burguesía chavista), como bien lo dice Oscar Schemel, uno de sus voceros políticos autorizados, es construir un chavismo neutral, ni radical ni opositor, un término medio que convierta la revolución bolivariana en un proyecto neoadeco del siglo XXI. En esa onda está toda la programación de Globovisión, de Canal I, de Aventura TV aquí en el Zulia, y de todos los diarios que han pasado a manos boliburguesas. Buscan seguir gobernando a nombre de Chávez, pero aplicando un programa socialdemócrata que progresivamente le abra las puertas al capital norteamericano y sus aliados de la Unión Europea.
Una vez dicho todo esto, podemos seguir hablando entonces de unidad de las fuerzas revolucionarias, tal como reclama Javier Biardeau en un artículo reciente (que trató de justificar y que sólo lo enredó más).
La clase trabajadora que respalda la revolución, que tiene hoy que lidiar con la exorbitante inflación que ha pulverizado nuestros salarios, además de lidiar también con la grave escasez de muchos rubros de primera necesidad, se enfrenta a una relación de trabajo al interior del PSUV y del GPP con sectores boliburgueses que manejan miles de millones de dólares, que están podridos en dinero desfalcado a la nación por medio de Cadivi, Sitme, Sicad y Cencoez, o en manejos fraudulentos en su relación con otros organismos del estado. Cómo se deben manejar ese tipo de contradicciones de clase, habría que preguntarle a los que reclaman unidad por encima de todo.
La clase trabajadora no puede negarse a sí misma, salvo que desee convertirse en esclava de esta nueva burguesía chavista. En términos históricos, se produciría un fenómeno parecido al ocurrido en los años 60 y 70 del siglo XX, cuando gruesos sectores obreros respaldaron a Acción Democrática y Copei a pesar de que dichos partidos eran fieles representantes del capitalismo criollo.
Podemos ser amplios y tolerar a la burguesía dentro de la revolución bolivariana, pero no podemos aceptar que la clase trabajadora no luche por sus propias reivindicaciones. Cómo se reparte la renta petrolera es algo que hay que seguir luchándolo en las calles y en las fábricas. El mismo Chávez estuvo siempre consciente de esta contradicción, y en los momentos cruciales optó siempre por el lado de la barricada donde estaba el pueblo: cuando respaldó a los trabajadores de Sidor y aprobó su renacionalización; cuando afirmó que entre la explotación de carbón y los intereses de los indígenas, el respaldaba a los indígenas Yukpa; cuando lanzó la consigna “fábrica parada, fábrica expropiada”; y cuando firmó el Plan Guayana Socialista y dio inicio al control obrero en las empresas básicas del estado Bolívar.
Nosotros optamos también por la barricada del pueblo. Jamás vamos a acompañar a estos boliburgueses que sólo desean acabar con todo vestigio de socialismo y quieren disfrutar tranquilamente de los miles de millones de dólares que han amasado en estos 15 años. A partir de aquí es que se puede hablar de unidad.
Creo particularmente que ni en el PSUV, ni en el GPP, existen hoy espacios de participación y unidad política para defender y garantizar la continuidad de la revolución. Habrá que construirlos por fuera de estas estructuras, pues la unidad del pueblo sigue siendo la primera necesidad para salir adelante en un proceso que está siendo observado con mucha esperanza por todos los pueblos que en el mundo enfrentan al capitalismo imperialista.
