Mientras el intervencionismo es un asunto en favor de toda la ciudadanía, el liberalismo sólo beneficia a  particulares aun cuando perjudique a los consumidores.  

Desde mis primeras críticas a esta Ley, estoy señalando que la tasa de ganancia debe aplicarse a los costes, y que la suma de esos sumandos bote el precio de  venta. Me he referido a que la tasa de ganancia debe ser referida a todo el capital que esté invertido en la fabricación y venta de una mercancía. Si esta tasa está limitada a 30%, este porcentaje debe corresponderse con todo el capital y no con el individual, porque la medida es macroeconómica o intervencionista, y no microeconómica o liberalista.

Esa tasa media, debidamente prorrateada para el capital fraccionado, o sea, macroeconómicamente entendida, evitaría la duplicación de dicha tasa para cada fabricante y cada intermediario, fenómeno que desafortunadamente estamos presenciando por ahora.

De partida, no puede  seguirse acotando el límite superior de la tasa de ganancia  porque, por ejemplo, si un pequeño productor opera con elevados costos  en comparación con sus competidores,  y su cuota de oferta no la puede cubrir el resto de los productores,  a este productor no puede limitársele la tasa ya que él saldría del juego por ruina y su demanda quedaría insatisfecha, luego esta presionaría sobre el resto de la demanda y los precios subirán en otros mercados. En materia de alquiler de la tierra, a ese fenómeno se le conoce como “renta diferencial”. Generalmente, todo detallista suele y se ve obligado a vender a precios altos.

 En el libre mercado ocurre que cuando los fabricantes y comerciantes pujan entre sí  tiende  a formarse  precios medios a partir de unos costes medios de fabricación  y de una tasa de ganancia   media. A este fenómeno del mercado, Adam Smith dio en llamar “mano invisible”, como arma ideológica para frenar el tentador intervencionismo estatal, independientemente de que esa tasa media resultante sea alta o baja.

Por derecho, ninguna tasa de ganancia puede ser arbitrariamente impuesta por nadie, salvo consecuencias perjudiciales para la economía de un país. La tasa de ganancia es una variable derivada de los costes y del grado de explotación del trabajo. Sólo la competencia puede regularla, y así,  un monopolista se queda con toda la tasa, mientras que en competencia esa tasa queda repartida entre todo el capital.

Inclusive, la ganancia vista como recargo al precio de compra tiene como fuente la competencia entre los fabricantes e intermediarios, y ambos entre sí, salvo  prácticas monopólicas no sancionadas severamente.

Ciertamente, cada fabricante desea acaparar todo el mercado correspondiente, e igualmente todo comerciante desea atrapar todos consumidores de las mercancías que él ofrece. Es una tendencia económica hacia la monopolización de los mercados. Aquí entra o debe entrar la acción interventora del Estado.

Es corriente y notorio que algunos actos no comerciales cometidos por los particulares sean de tardía evaluación y sanción por parte del Estado, y se desprende de esto que con los numerosísimos y altamente frecuentes actos comerciales podríamos decir que el Estado resulta poco eficiente en su regulación y sanción, independientemente de las corruptelas que suelen cometerse entre los particulares y los funcionarios corruptos, de los burócratas tendenciosamente venales en toda sociedad burguesa.

 La mal recordada ley seca aplicada en EE UU derivó en catastróficos perjuicios para toda la sociedad porque sencillamente no se puede suprimir  la demanda, mientras esta resulte solvente. Esto nos recuerda, por cierto, que posiblemente   por esta norma económica podríamos ahora entender a aquella maleducada compradora de un supermercado que le arrojó en la cara un saquito de arroz al honorable Superintendente de marras, y le dijo, como para justificarse: “Con mi arroz caro –que yo puedo comprar-no te metas”.

 De manera que, establecida la libre competencia y salvedad hecha de la monopolización de la economía, lo más conveniente, mientras no exista un socialismo de frente y generalizado, es dejar pasar y dejar hacer, aunque nos resulte de difícil  ingesta,  ya que en materia comercial ninguna acción de los comerciantes y fabricantes particulares puede ir contra los propios comerciantes ni fabricantes sin que estos mismos la corrijan. Por  ejemplo, si un especulador decide vender por encima del valor o del precio medio ya establecido por el resto de fabricantes y comerciantes, entonces, con la mayor seguridad será él quien salga del mercado. Si un comerciante vende productos de mala calidad, perderá su clientela, salvo que todos vendan con igual o peor calidad.

Asimismo, si el Estado deja en libertad el recargo de una tasa de ganancia (30% máximo) sobre los precios de compra, entonces, en lugar de que esta medida sea considerada como una manifestación de intervencionismo estatal, por el contrario, está dejando reinar el más abierto libre mercado para que todos vendan con ese recargo ganancioso. Se convierte, pues, en un "intervencionismo"  favorable a las minorías y perjudicial a las mayorías.

Por supuesto, es de perogrullo que ningún comerciante con clientela segura  va a cargar una tasa menor pudiendo cargar la tasa máxima. O sea, señalar una determinada tasa de ganancia es una invitación a que sea aplicada 100%.

 Los precios especulativos merecen tratamiento aparte, después que el mercado libremente haya formado un precio como resultado de la puja oferta-demanda.

Los precios justos, pues, no se formarán  porque se prefije la tasa de ganancia, sino que debe regularse o evitarse la especulación, o propiciarse una sobreproducción o sobreimportación que supla las deficiencias en la oferta.

Aquel  enfriador bien caro ofrecido a final del año 2012, por ejemplo, tenía un precio falso y una sobreganancia irrealizables porque nadie iba a pagarlo.

Y hay más, si dicha tasa de 30% no es prorrateada entre todo el capital involucrado en la fabricación  y venta de tal o cual mercancía, entonces, de liberal, el Estado pasa a ser libérrimo en materia económica.