En la actualidad, en Venezuela acontece un conflicto a lo interno de la institucionalidad del aparato del Estado, producto de la crisis política del chavismo y las acciones de la derecha tradicional que se encuentran dirigidas a la conquista del gobierno nacional del país. Desde el año 2014, el bloque político gubernamental chavista aplica un ajuste económico reaccionario caracterizado por la contracción unilateral de las divisas estatales asignadas para la importación de insumos intermedios y bienes de consumo final, con la finalidad de orientar esos millones de dólares al pago de los vencimientos de la deuda externa y la cancelación de los pasivos de Pdvsa. El ajuste económico reaccionario provocó el aumento vertical de la escasez y del índice de inflación, que llegó incluso a las tres cifras en los años 2015 y 2016, respectivamente 180% y estimada en más de 400%. Por ende, ocurrió y ocurre un deterioro abrupto y profundo de las condiciones de vida de las clases populares venezolanas. De ese modo, surgió la circunstancia material que posibilitó la agudización del proceso de erosión del respaldo político y electoral del Presidente Nicolás Maduro y el chavismo en general, que se evidenció en la victoria por más de dos millones de votos de la derecha tradicional en las elecciones parlamentarias de 2015, que terminó alcanzando 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional(AN).

La obtención de esa amplia cantidad de parlamentarios, le permitía a la alianza conservadora cristalizada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), convocar a partir del artículo 348 de la Constitución Nacional una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que sería empleada para terminar con el mandato presidencial de Nicolás Maduro. Entonces, el bloque político gubernamental chavista que conversa el control del aparato judicial del Estado, denunció irregularidades en las elecciones de tres diputados del estado Amazonas, ilegalizando su juramentación en el Parlamento Nacional y reduciendo la cantidad de parlamentarios de la derecha tradicional de 112 a 109, eliminando la posibilidad de la convocatoria de la ANC. En respuesta, la MUD decidió juramentar a los tres diputados del estado Amazonas, facilitando que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con amplia mayoría chavista emitiera una sentencia donde declaraba el desacato de la AN, ilegalizando cualquiera de sus actuaciones. En ese momento, en el transcurso del segundo semestre del año 2016, con el respaldo del Vaticano, la Unión de Naciones del Sur (Unasur) e incluso del gobierno de Estados Unidos, iniciaron un proceso de diálogo el gobierno nacional y la MUD, que distendió la tensión a lo interno del aparato estatal mientras negociaban la postergación de las elecciones regionales y la suspensión del referéndum revocatorio. Un proceso de dialogo que no discutió y en cambio permitió que el bloque gubernamental chavista continuara con el pago a los acreedores externos de las deudas del aparato del Estado y la entrega en concesión a empresas transnacionales mineras del 12% del territorio nacional para desarrollar en el denominado Arco Minero del Orinoco proyectos de megaminería a cielo abierto.

En el inicio del 2017, después del supuesto fracaso del dialogo nacional, la mayoría de la oposición conservadora en la AN declaró el abandono del cargo por parte del Presidente de la República solicitando la convocatoria de elecciones presidenciales, cerrando cualquier posibilidad de solución del conflicto institucional; porque su continuidad le es provechoso al gobierno nacional que sigue aplicando el ajuste económico reaccionario y a la MUD que se muestra solo formalmente como la única oposición al chavismo. En ese sentido, a finales de marzo del 2017, ante la necesidad de acordar nuevos financiamientos externos con el capital financiero mundial y aprobar los acuerdos mineros con las empresas transnacionales que participan en el llamado Arco Minero del Orinoco, el TSJ decidió a través de sus sentencias 155 y 156 asumir de manera unilateral las funciones de la AN, procediendo a su disolución de facto y desconocimiento frontal de su elección popular.

Por ello, en los últimos días los representantes de la polarización partidista han surgido por un lado y por el otro en defensa de la Constitución Nacional del año 1999, dirigentes políticos y juristas tanto del chavismo como de la derecha tradicional en diversas oportunidades presentan en público supuestos argumentos jurídicos que convierten al bloque político contrario en el violador de la carta magna del país, pero en realidad el oficialismo y la oposición conservadora directamente o por omisión violan el contenido programático y normativo constitucional. Por eso, las organizaciones e individualidades de la izquierda revolucionaria debemos aprovechar la retórica constitucional de las dos fracciones burguesas de la política local, como una oportunidad para exigir el cumplimiento de importantes artículos dela Constitución Nacional. Por ejemplo, deberían de garantizar el artículo 316 que establece una estructura tributaria progresiva, sostenida en impuesto a las clases de la sociedad con más ingresos, que es violado en la actualidad cuando un tributo regresivo como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el más importante en la carga impositiva del país; los artículos 119 y 120 que exponen los derechos indígenas a la consulta previa y a las tierras ancestrales, actualmente violentados con la imposición gubernamental con el silencio de la AN del Arco Minero del Orinoco; los artículos 95 y 96 que establecen la libertad sindical y el derecho a la discusión de las convenciones colectivas, que son ultrajados entre otros lugares en Pdvsa y Sidor con la suspensión de las elecciones sindicales ante las seguras derrota del sindicalismo gubernamental y la firma de contratos colectivos sin ningún tipo de incorporación de los trabajadores; el artículo 91 donde se plantea un salario suficiente para vivir con dignidad y por encima de la canasta básica, actualmente violentado por el criminal ajuste económico reaccionario que depaupero las condiciones de vida y salariales de la clase trabajadora venezolana; el artículo 301 donde se expone que la inversión extranjera tendrá las mismas condiciones que la inversión nacional, violado por la ley de inversión extranjera de 2014 y las llamadas zonas económicas especiales, que se constituyen en enclaves con beneficios especiales al capital internacional; el artículo 304 en el que se establece que el agua es un bien de dominio público indispensable para la vida, ultrajado con los proyectos de minería en el llamado Arco Minero del Orinoco que coloca en peligro la cuenca del rio Caroní y la Sierra de Perijá que pone en riesgo el río Socuy; los 160 y 174 que precisan el período de los gobernadores y alcaldes por cuatro años, ya vencidos desde el 2016, y el artículo 72 que permite la convocatoria de referéndums revocatorios, pero que al mismo tiempo son violados ante la postergación de las elecciones regionales y la suspensión del referéndum revocatorio por decisión del gobierno nacional y la MUD en la mesa de dialogo; los artículos 83, 84 y 85 que sostienen a la salud como un derecho humano y al Estado como garante del sistema público sanitario, pero violados cruelmente para disponer de recursos para cancelar la deuda externa, al tiempo que provocan la muerte de venezolanos y venezolanas por la falta de atención médica y medicinas; entre otros artículos constitucionales.

Sin convertirnos en unos defensores a ultranza de la Constitución de 1999, es claro que ni el gobierno nacional ni la MUD son verdaderos defensores ni siquiera de los derechos más básicos incorporados en el texto constitucional, solo se debaten en la presente coyuntura en quién se queda con la jefatura del aparato estatal, entonces dejemos de creer y repetir los relatos de la polarización partidista, y aunque sea en un proceso difícil y lento, construyamos una referencia política de las clases y grupos subalternos de Venezuela.

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