La única finalidad que tiene la ilegítima e inconstitucional "constituyente" que ha sido convocada por Nicolás Maduro es la preservación poder. Ya no queda ninguna duda.
De hecho, las últimas declaraciones del presidente de la República al hablar, por no decir "ordenar", que una de las responsabilidades que tendrán los individuos que sean "electos" para tal ignominia histórica, va a ser la creación de leyes "constitucionales" (¿será que las vigentes no son constitucionales?) no sólo para pasarle por encima de ipso facto al quebrantado ordenamiento jurídico, entre ellas las leyes orgánicas, sino para generar mecanismos seudojurídicos que según ellos, puedan "blindar" aquellos aspectos que quedarían refrendados en la nueva "constitución", es decir, quien tiene el poder de Miraflores ha anunciado la muerte de la Constitución de 1999. En otras palabras, Maduro con semejante acción, enterraría el legado de Chávez en lo político, jurídico, económico y social.
Es tal el cinismo y la perplejidad con la cual pretende instalarse esta "constituyente" que ni siquiera tiene definida en sus bases comiciales el término de su duración, porque es claro que su rol pretende una coexistencia de poder compartido, disimulado en la ejecución de sus acciones políticas, jurídicas y administrativas sobre el "Estado". O sea, hacer ver al pueblo que Maduro tendría que "someterse" a tal poder sobre sus diversas "decisiones".
Una de esas decisiones "constituyentes" estaría referida, dependiendo del cómo sea la respuesta de los sectores opositores sobre sus posibles inscripciones para las elecciones regionales (ilegal e inconstitucionalmente suspendidas desde 2016), cuyo escenario de realización de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaría pautado para finales de 2017.
Sobre las elecciones de gobernadores los sectores antimaduristas y opositores al gobierno tienen una trampa que se mueve entre los espacios políticos y jurídicos. Políticos, porque si deciden no inscribirse, el madurismo iría sólo a tales comicios, lo cual les dejaría el camino libre para apoderarse de todas las gobernaciones. Jurídicos, porque sí la respuesta de inscripción por parte de los sectores contrarios al madurismo resultara positiva en términos de candidaturas, muchos de esos candidatos serían inhabilitados, a la vez que serían "creadas" formas de elección, similares al cómo fueron electos en sus funciones los "constituyentes", verbigracia, con la finalidad de dispersar y controlar el voto, también surgirían componentes de elección primaria de candidatos por sectores de trabajadores, discapacitados, estudiantes, empresarios, Indígenas, para finalmente conformar una especie de segunda vuelta entre los más votados. ¡Otra aberración electoral!
La "constituyente" dejaría los períodos de gobernadores en cuatro (4) años, entendiendo que las alcaldías van a sustituirse por "comunas", en la concepción del llamado "Estado Comunal", y cuyos integrantes serán seleccionados en elecciones de segundo grado, a partir de una "nueva geometría del poder", totalmente sectorizada y dividida por consejos comunales.
Ahora bien, la decisión más trascendental de la "constituyente" madurista, (una vez realizadas las elecciones de gobernadores), con sus poderes plenipotenciarios, sería la promulgación del período presidencial por ocho (8) años, y cuyo primer período debería ser concluido por el actual mandatario nacional, con el propósito de presentar unas eventuales elecciones generales al pueblo en 2021; fecha que por cierto, tiene para los "revolucionarios" desde tiempos de Hugo Chávez, una importante significación histórica, porque se cumplen 200 años de la Batalla de Carabobo.
Es obvio, que para el "cumplimiento" de esa decisión "constituyente", el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también sería consultado para que avalara el inicio del período presidencial en 2013 con finalización en 2021, y de esta manera, Nicolás Maduro, pasarle por encima a la Constitución de 1999 con su nueva "constitución", la cual sería llevada a referendo en términos de aprobación por lo que decidan las comunas, y cuyo patrón electoral están diseñando para terminar de legitimar el fraude constitucional, imponer la neodictadura y el sistema totalitario.
Es responsabilidad de los venezolanos impedir que el madurismo consuma sus pretensiones hegemónicas y la destrucción de la democracia, y por supuesto, evitar la derogatoria de la Constitución de 1999. El pueblo tiene la palabra. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea.
