La acumulación de capital por parte de la burguesía venezolana tiene su mayor auge desde los años setenta como consecuencia de la magnitud del alza de la renta petrolera. Esta deducción se enmarca dentro de un cuerpo de hipótesis cuyo planteamiento central es que la renta petrolera siempre ha sido apropiada legal o ilegalmente por parte de la burguesía ya sea justificado por la "siembra del petróleo" o ilegítimamente por parte de aquellos sectores que poseen mayor conexión con el Estado. Desde nuestro punto de vista, la corrupción, la ineficiencia del Estado y las empresas públicas es un hecho normal dentro de la anormalidad de nuestra economía. En un país donde se sobrepasa la capacidad de absorción de capital de su actividad productiva (provocada por una fuente de riqueza que no es creada por esa actividad) es completamente "normal" que sus sectores más poderosos y los de mayor contacto con el aparato del Estado se apoderen de ese excedente.
Tal como dijimos anteriormente, la saturación de la capacidad económica del país por la magnitud de la renta petrolera, convierte en procesos "normales" la apropiación de la misma por parte de los grupos más poderosos. A partir de 1977, los capitalistas venezolanos, comienzan a dejar de invertir y prefieren colocar sus capitales fuera, de esta manera hoy día poseen entre 90 mil millones de dólares en el exterior. Mientras esto sucedía el Estado no sólo no frenaba esta fuga sino que expandía sus gastos y asumía la responsabilidad de la inversión (que seguía siendo apropiada, por los mecanismos antes explicados, por los sectores económicamente dominantes). No bastando con esto el país entró en la carrera del endeudamiento, que no es otra cosa que la apropiación de la renta petrolera futura. Tenemos, pues, que en estos últimos períodos gubernamentales (desde 1973 hasta 1983) se han gastado miles de millones de dólares sin que se note un cambio positivo en el grado de riqueza en la mayoría de la población, sino que por el contrario se encuentran en situaciones peores que las anteriores a 1973. Paradójicamente es en los años de mayor recesión económica del país, desde 1983, cuando son destapados los mayores casos de corrupción en el país, recordemos los casos de la CVF, FVI, Bancos Estatales (BND, Comercio) Industrias Básicas y el caso RECADI (otorgante de dólares preferenciales), Bonos de Exportación, Banco Latino, Partida Secreta.
Con la política neoliberal, puesta en marcha a partir del segundo gobierno de CAP y continuada por Caldera, el sistema social marcha hacia su polarización. La conformación de una economía rentista que había permitido al Estado Venezolano sin dejar de privilegiar a la burguesía satisfacer sus necesidades y dar gratificaciones a los demás sectores de la población ha llegado a su fin. Además dentro de este mismo contexto se había formado una clase media de gran magnitud, que ha sido uno de los sustentos principales del sistema. Las nuevas medidas económicas llevan a la desaparición de estos estratos sociales y a la pauperización de los sectores de menores recursos.
Quisiera mencionar la clara modificación de lo que ha sido la relación entre Estado y Burguesía. Los sucesos violentos ocurridos a partir del 27 de febrero de 1989, permiten suponer que a partir de ahí el sistema capitalista venezolano y más específicamente su burguesía, dependerán más de la protección política – militar del Estado para su permanencia que de los beneficios económicos que este Estado (empobrecido) les pueda dar. Todo lo contrario de lo que ocurrió anteriormente, cuando la magnitud de la renta petrolera y la posesión populista del estado permitían mantener la "paz social" con represión "moderada". Estemos de acuerdo o no con los cambios ocurridos a partir de 1989, lo cierto es que hubo un intento de transformación estructural de una economía rentista a una economía productiva, tal como se manifiesta en las medidas económicas asumidas: liberación de precios, liberación cambiaría y de tasa de interés, disminución de aranceles proteccionista, privatizaciones. Sin embargo, el "gran viraje" enunciado en el VIII Plan de la Nación (1989) y que intentaría dejar atrás a la "Venezuela Saudita" muy poco tiempo después fue dejado en el olvido, al no producirse respuesta del aparato productivo, el Estado tuvo que asumir nuevamente las riendas con el proceso de apertura petrolera.
La justificación de la pasividad del empresariado fue que el clima de desconfianza, por el desequilibrio político, no creaba un ambiente sólido para la inversión. En el gobierno de Caldera (1993-98), hasta quienes hicimos crítica, reconocemos que perduró un relativo clima de estabilidad política y pasividad social, no solamente regreso sino profundizó a las políticas de corte liberal, mejoraron las variables macroeconómicas (disminución del déficit fiscal y de la inflación, estabilidad de las tasas de cambio, liberación de precios, etc.).
Pero lo más importante aún, se profundizó la apertura petrolera y se acabó con la retroactividad de las prestaciones sociales de los trabajadores. Sin embargo nada sucedió, durante más de treinta años ininterrumpidos la inversión privada en términos reales en Venezuela no ha crecido, los 90 mil millones de dólares colocados fuera del país no retornan y lo que es peor, con el apoyo del Estado, logran darle vuelco a la legislación laboral comprometiéndose a la reactivación de la mejora de vida del trabajador, negándose luego a cumplir con lo establecido.
Pero lo que sí es cierto es que este tipo de sucesos permite ir desmitificando la realidad nacional, de cuyos males siempre se ha culpado a lo público, es decir al Estado y de esta manera ir limpiando la responsabilidad de lo privado. Hemos sido profundamente críticos del Estado venezolano en la sociedad rentista por populistas, pero esto no nos puede llevar a enmascarar que han sido precisamente estos sectores empresariales, quienes hoy con el mayor cinismo critican el populismo, los mayores beneficiarios por despilfarro.
