Los sectores dominantes, al comienzo de este gobierno, el discurso empresarial percibió en un militar las posibilidades de poner orden social en el país, frente a la anarquía que representó- para ellos- los tumultuosos años 80 (movilizaciones sociales, paralizaciones, revuelta popular de 1989, golpes de estado, salida de C.A.P de la presidencia, entre otros). También los sectores miembros de las cúpulas de la clase obrera, como la C.T.V, simpatizaron al principio con el discurso social, pero no con el discurso político, ya que estas cúpulas representaban los viejos intereses partidistas. Por otro lado, sectores de la oposición han hecho un símil con el manejo clasista del discurso del gobierno con el comunismo y acusarlo de que trata de llevar al país a una dictadura del proletariado.
El gobierno bolivariano ha marcado un claro distanciamiento con los sectores elites, quienes hasta su gobierno intervenían directamente ya sea en forma institucional a través de FEDECÁMARA o en el papel que personajes miembros de esos sectores jugaban en la vida pública. Si bien en la Constitución de 1999 no se menciona el socialismo como proyecto político y por el contrario aparece protegida la propiedad privada, no hay la menor duda de que algunas leyes, como la Ley de Tierra, la Ley Antimonopolio, entre otras han pretendido afectar los latifundios y los monopolios. Esto ha hecho que desde la campaña electoral del actual presidente los sectores dominantes- junto a un sector de la clase media- se hayan constituidos en bloque político y económico para enfrentarse al gobierno de Chávez.
En los últimos 35 años la inversión privada ha venido cayendo continuamente en Venezuela. En tal sentido, para 1977, la inversión se ubicó en 70,6% del PIB (pública 13,1% del PIB, privada 57,5% del PIB). Para el año 2007 se ubicó en el 33,8% como porcentaje del PIB (pública 11,5% del PIB, privada 22,3 % del PIB) y para el año 2008 alcanzó el 31,5% (pública 13,0% del PIB, privada 18,6 % del PIB).
La burguesía nacional, históricamente dependiente de alianza con sectores transnacionales, gracias a la magnitud de la renta petrolera, ha creado lazos mayores de dependencia con respecto al estado. No hay la menor duda que esto comienza a cambiar a partir de la crisis del rentismo en los años 80, pero más aún por la posición política del gobierno de Chávez contra estos sectores, a los que no duda en calificar de apátridas y pro yanquis. El empresariado venezolano se ha convertido en estos años en protagonista político contra el gobierno, al que desde sus inicios no duda en catalogar de pro comunista. Lo cierto es que cerca del 50% de las empresas privadas en el país han desaparecido, y aunque han surgido empresas estatales no lo han hecho al mismo ritmo, acrecentado nuestra dependencia con el exterior.
Tal como lo señala Barrios Graziani (2005):
En el caso de la burguesía venezolana podemos distinguir claramente tres fases o etapas históricas, una comprometida con un modelo que podría denominarse "populista-clientelar", en el que se mantiene una estrecha alianza con el Estado y con el que comparte en gran medida las riquezas y el patrimonio nacional, esta fase se extiende desde la década del 50 hasta fines de los 80. La otra fase "tecnocrático privatista", que se extiende de fines de la década del 80 hasta el 90, se caracteriza por la exclusión del Estado y la fuerte presión para que este transfiera riquezas y patrimonios al sector privado mediante las privatizaciones. Y la fase del 90 hasta hoy, cuyo rasgo predominante es la ruptura con el Estado y una fuerte politización de los sectores empresariales.
En Venezuela se han nacionalizado empresas emblemáticas como las siderúrgica, de aluminio, de comunicaciones, algunas empresas estatizadas han pasado al control de los trabajadores, como centrales azucareros y papeleras, se ha establecido una política firme contra el latifundio expropiándose más de 600 fundos correspondiente a unos 6 millones de hectáreas, lo que representa cerca del 10% de las tierras cultivables del país.
Se ha enfrentado a los especuladores y acaparadores con una legislación que deja claro que el gobierno puede expropiar industrias y servicios en los que considere se perjudique la estabilidad de la nación, en efecto hasta junio del 2010 ya se han expropiado unas 150 empresas de distintos tamaños, tanto petroleras, de manufactura como financieras, de comercio y servicio.
En 2007 el Gobierno estatizó la Electricidad de Caracas, la Faja del Orinoco y la Cantv, pero fue en 2008 cuando arreció su política de expropiaciones. Ese año nacionalizó 5 trasnacionales: la Siderúrgica del Orinoco (el grupo ítaloargentino Techint controlaba 60% de sus acciones), el Banco de Venezuela (propiedad del grupo español Santander) y la cementeras mexicana Cemex, la suiza Holcim y la francesa Lagafe.
Sin embargo, hay que reconocer que, a pesar de intentos por disminuir el poder económico de estos sectores, en realidad es muy poco lo que se ha avanzado en término de crear un mayor equilibrio económico, y los beneficios sociales obtenidos por la clase media y la clase trabajadora han sido más el producto de la distribución de la cuantiosa renta petrolera recibida durante este gobierno, que por la disminución o distribución de los bienes en manos de la burguesía nacional.
